Xalapa, Ver.- Por el presunto desvío de 453.5 millones de pesos, un juez de control giró una orden de aprehensión en contra del ex tesorero del Gobierno de Javier Duarte, Tarek Abdala Saad.

 Medios nacionales reportan que la orden derivó de la causa penal 255/2018, por irregularidades detectadas en la retención y transferencia de las cuotas de afiliados al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV).

 Fue la Fiscalía General del Estado la que inició la investigación contra el ex diputado federal priista. En el año 2017, Jorge Winckler Ortiz solicitó su desafuero, pero respaldado por el PRI, se desechó la petición.

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 En su momento, el Presidente de la Sección Instructora del Congreso federal, Ricardo Ramírez Nieto, consideró que la petición no tenía fundamento, “resultó procedente la solicitud del desafuero en atención, fundamentalmente, a que las carpetas de investigación se encuentran aún en trámites, no están concluidas”, dijo en declaraciones a la prensa.

 El priista es testigo de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso por presunto desvío de recursos en contra de los ex secretarios de finanzas de Veracruz.

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 Al igual que Tarek Abdala, podrían estar vinculados al presunto desvío de recursos Antonio Gómez Pelegrín, ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Arnulfo Octavio García Fragoso, tesorero de Sefiplan; el ex subdirector de operación financiera de la misma secretaría José Francisco Díaz; y Carolina Estrada Acosta, ex subdirectora de la Tesorería de Veracruz.

 El exdiputado federal Tarek Abdalá fue la pieza clave en la audiencia intermedia contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aportando en su calidad de testigo protegido (que solicitó en 2017), 10 mil documentos contra el acusado.

En la audiencia intermedia, de septiembre del 2018, entregó información de su paso por la administración pública como director en el DIF Veracruz –donde iniciaron los desvíos a empresas fantasma- y posteriormente como Tesorero en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

Estos documentos, habrían ayudado a la PGR la ubicación de 41 bienes inmuebles con un valor estimado en los mil millones de pesos, y que son los datos de prueba principales que logró recabar para el caso.

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