Xalapa, Ver.- En la antesala del proceso de selección para la renovación del titular del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis) se confrontaron mediáticamente el ex gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares y el propio Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, tras presentar cuatro denuncias penales por presuntas irregularidades administrativas en el primer año del panista.

La posibilidad de que Portilla Vásquez se reelija y el hecho de reconocer públicamente sus aspiraciones vició el proceso de selección que se tendrá que iniciar en el mes de agosto, y le valió el calificativo de “corrupto” de parte del ex mandatario, quien se limitó a enviar un audio como respuesta al anuncio de las denuncias de hechos.

Este martes 4 de mayo el Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez  acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer cuatro denuncias penales, contra quien resulte responsable, por el presunto daño patrimonial de mil millones de pesos por el Sistema Estatal de Videovigilancia que implementó el gobierno de Yunes Linares.

El Congreso local ordenó una auditoría especial por la que se verificó que el Gobierno del Estado pagó mil 44 millones de pesos de los mil 100 que se había convenido en el Contrato SSP-UA-111/17.

Además, se detectó que las cámaras no son funcionales y no permiten identificar las placas de los automóviles, en caso de un accidente; algunas de las 6 mil 440 cámaras que se instalaron no corresponden al modelo que se pactó, además de que la calidad de la imagen es deficiente. Por ese hecho se presentó una denuncia por presunto daño patrimonial a las arcas del Estado.

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Los recursos que se aplicaron al programa estelar de Yunes Linares corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017 y 2018 y del Fondo de Bienes Recuperados, que presumió el propio Yunes Linares a lo largo de su mandato bienal.

Las otras tres querellas se integraron por el delito de fraude, pues el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares validó las cuentas por cobrar y deudores sujetos a resolución judicial que entregó la administración de Javier Duarte. Al no presentar denuncias por las irregularidades administrativas, validaron las cuentas y tendrá que responder por la simulación de los registros contables.

En el caso de la reestructuración de la deuda pública, se detectó que el Gobierno del Estado simuló el registro de 8 mil 869 millones de pesos de los fideicomisos de los créditos liquidados tras renegociar con los bancos. Hecho que también implica una irregularidad administrativa.

Horas después de que se hicieron públicas estas denuncias, el exgobernador Miguel Ángel Yunes difundió un audio en el que minimizó la posibilidad de que actúen legalmente en su contra.

El actuar del Auditor General del Estado lo calificó como una “caja china” para poder consolidar su aspiración de repetir por un segundo periodo de siete años. Lo acusó de “corrupto” al validar las cuentas públicas del periodo de Javier Duarte.

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Se calienta la reelección

Luego de que el Auditor General hizo pública sus aspiraciones, diputados locales opinaron sobre la posibilidad de validar su reelección, la mayoría coincidió que era prematuro hablar de la sucesión, dado que el periodo de elección de Portilla Vásquez vence en el mes de septiembre.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Eric Domínguez, consideró que Portilla estaba en su derecho de hacer públicas sus aspiraciones, pero el mantenerlo en un segundo periodo como titular del Orfis es una decisión que debe tomar el pleno.

“Es muy prematuro hablar de los cambios, en especial porque no hay una convocatoria al respecto, eso será hasta septiembre. Hoy estamos concentrados en analizar la cuenta pública (2018) que nos ha llegado”.

El legislador rechazó que se pueda dar una imposición en el cargo, o que exista algún recomendado desde la federación, pues aún no se inicia el proceso de renovación.

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¿Qué dice la ley?

El artículo 89 de la Ley de Fiscalización Superior determina que para nombrar al Auditor General la Comisión formulará la convocatoria correspondiente, a efecto de recibir, durante un período de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación, las solicitudes para ocupar el cargo de Auditor General.

Concluido el plazo anterior, dentro de los tres días hábiles siguientes, la Comisión procederá a la revisión y análisis de las solicitudes, para determinar cuáles cumplen con los requisitos que señale la convocatoria.

Dentro de los diez días hábiles siguientes, la Comisión entrevistará por separado a los aspirantes que cumplan con los requisitos; y con base en la evaluación de la documentación y del resultado de las entrevistas, la Comisión procederá a emitir, en el plazo de tres días hábiles, el dictamen sobre la terna que deberá presentarse al Pleno del Congreso. El proceso llevaría al menos un mes.

Las denuncias contra los panistas por más de mil mdp

A la denuncia del Sistema de Videovigilancia se le suman otras siete querellas que se han presentado en los meses de marzo y abril. El monto total del daño patrimonial es de mil 171 millones de pesos.

El 29 de marzo se presentaron denuncias contra quien resulte responsable por el mal manejo de 30 millones 358 mil pesos en la Universidad Politécnica de Huatusco, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz, el Instituto Tecnológico Superior de la Choapas, y el Fideicomiso Fondo Ambiental Veracruzano, ese último caso involucra al ex candidato a la dirigencia estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés.

El 23 de abril se presentó una denuncia contra quien resulte responsable del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), y de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por el mal manejo de 15 millones 94 mil pesos.

En esa querella se involucra a la hoy Senadora de la República del partido Acción Nacional, Indira Rosales San Román.

El pasado 29 de mayo se pidió la integración de una carpeta de investigación por 80 contratos asignados desde la Dirección de Espacios Educativos. En ese paquete se incluye una denuncia que involucra al actual líder del partido Acción Nacional, José de Jesús Mancha Alarcón y a la diputada local Montserrat Ortega Ruiz.

En ese caso se asignaron 2.5 millones de pesos para la rehabilitación de la escuela Ponciano Arriaga, en el municipio de Tuxpan. Se violó la ley pues dos de las empresas que participaron en la licitación tenían como socia común a la hoy diputada

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Foto: Yerania Rolón