Xalapa, Ver.- La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez denunció que a raíz de que se emitió la recomendación contra el Fiscal General, Jorge Winckler por el delito de tortura, intentaron “hackear” su teléfono.

En conferencia, a la que convocó a pocos medios, denunció que a raíz de la última recomendación del organismo no gubernamental, personas ajenas entraron a sus cuentas de redes sociales y “ocurrieron otras situaciones”.

Atribuyó el ataque a un intento de frenar su función como titular de la CEDH; pero a pesar de la denuncia pública, evitó responsabilizar a alguien de los actos de intimidación.

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El pasado viernes, detalló, se notificó de la resolución de la queja 25/2019 en la que expertos externos a la Comisión Estatal que involucra a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, por someter a tortura a Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales.

En la lectura del posicionamiento de la CEDH aclaró que la comisión no determina responsabilidades individuales de las personas involucradas en una recomendación, corresponde a los órganos internos de control de cada dependencia y al poder Judicial, emitir las sanciones correspondientes.

La postura del organismo defensor de los derechos humanos no incide en el sentido de la sentencia, ni se determina si el inculpado es inocente, solo se comprobó con un método científico, que se violaron los derechos humanos al torturarlo de manera sicológica, ·”no ocurrieron de manera fortuita, y fueron hechos con una finalidad especifica (inculpar a otras personas)”.

“La comisión Estatal de Derechos Humanos espera que las autoridades recomendadas envíen un mensaje correcto, en el sentido que, si bien en las instancias del estado pueden ocurrir irregularidades, no están dispuestos a tolerarlas, y que actúen conforme el Estado de Derecho les exige”.

El pasado viernes el abogado Jorge Reyes publicó en redes sociales una notificación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEHD) en la que se confirma que la Funcionarios de la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública -en el sexenio de Miguel Ángel Yunes- a cargo de Jorge Winckler y Jaime Téllez Marie, torturaron a Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales.

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E-Consulta Veracruz publicó un texto el que se detalla que el modus operandi de la Fiscalía de Veracruz para conseguir imputaciones contra excolaboradores de Javier Duarte era el siguiente: primero, torturaba a exservidores públicos en prisión y luego les ofrecía una negociación: si ellos declaraban contra sus superiores, obtendrían su libertad mediante la simulación de una enfermedad grave que sería validada por médicos y jueces serviles a los intereses de la procuraduría a cargo de Jorge Winckler Ortiz.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 25/2019 donde se determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE), con la tolerancia y aquiescencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), torturó a Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de Servicios Periciales para obtener una declaración incriminatoria contra Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz. Ambos presos por el delito de desaparición forzada de personas.

Estas presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares podrán ser usadas en favor de los exservidores públicos ligados a estos crímenes, al exponer que los cargos en su contra fueron obtenidos bajo la fabricación de pruebas y tortura.

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