Xalapa, Ver.-El modus operandi de la Fiscalía de Veracruz para conseguir imputaciones contra excolaboradores de Javier Duarte era el siguiente: primero, torturaba a exservidores públicos en prisión y luego les ofrecía una negociación: si ellos declaraban contra sus superiores, obtendrían su libertad mediante la simulación de una enfermedad grave que sería validada por médicos y jueces serviles a los intereses de la procuraduría a cargo de Jorge Winckler Ortiz.

Estos hechos fueron comprobados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la recomendación 25/2019 donde se determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE), con la tolerancia y aquiescencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), torturó a Gilberto Aguirre Garza, exdirector general de Servicios Periciales para obtener una declaración incriminatoria contra Luis Ángel Bravo Contreras, exfiscal de Veracruz. Ambos presos por el delito de desaparición forzada de personas.

Estas presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares podrán ser usadas en favor de los exservidores públicos ligados a estos crímenes, al exponer que los cargos en su contra fueron obtenidos bajo la fabricación de pruebas y tortura.

E-Consulta Veracruz obtuvo en exclusiva copia de la recomendación 25/2019, la cual relata cómo fiscales, policías, abogados particulares, médicos y jueces simularon justicia en un caso trascendente de desaparición forzada con un solo propósito, beneficiar al gobierno pasado en las elecciones del 1 de julio de 2018, donde el candidato a gobernador por la alianza PAN-PRD-MC era Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del entonces mandatario estatal, Miguel Ángel Yunes Linares.

La tortura: “Solo recibo órdenes de Yunes y Winckler”

El 3 de abril de 2018, Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales de la FGE fue detenido por el delito de desaparición forzada, bajo la causa penal 80/2018. A él se le acusa de ordenar la desaparición de 19 cadáveres que habrían sido víctimas de las Fuerzas Especiales de la SSP durante el gobierno de Javier Duarte.

En esa misma fecha, Aguirre fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz, (CE.RE.SO Zona 1), en donde, presuntamente fue víctima de actos de tortura con la finalidad de rendir una declaración en contra de su exjefe Luis Ángel Bravo Contreras.

El 6 de noviembre de 2018 Aguirre declaró a visitadores de la CEDH que: “Al ingresar al reclusorio de Pacho Viejo fui internado en la sección “A”, estancia 1, litera 1, después de ser vinculado a proceso. En mi estancia pusieron por órdenes de la Dirección un radio con bocina a todo volumen durante día y noche por varios días lo que se convirtió en una tortura pues cuando llegaba por momentos a conciliar el sueño era por un cansancio extremo (…) Por lo anterior hablé con el director del reclusorio Gabriel Jiménez Ramírez quien me dijo que no podía hacer nada al respecto, que él solo recibía instrucciones de Miguel Ángel Yunes Linares, Jorge Winckler Ortiz, Marcos Even Torres Zamudio (fiscal anticorrupción) y Luis Eduardo Coronel Gamboa (exfiscal especializado en denuncias por personas desaparecidas). Esta tortura me hizo perder 8 kilogramos de peso”.

“El 10 de mayo de 2018, a la 1 de la mañana fui despertado por el director del penal, Gabriel Jiménez Ramírez y un custodio, quien me ordenó vestirme y que lo acompañara. Me condujeron al segundo piso del área de oficinas, hasta final del pasillo, donde se encuentra la oficina del director. Al entrar veo a Luis Eduardo Coronel, quien me preguntó cómo la estaba pasando. Me dijo que sabía perfectamente que no había cometido ningún delito pero que el exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras había roto un acuerdo con el gobernador Miguel Ángel Yunes y que necesitaba que lo incriminara por el mismo delito que fui vinculado a proceso (…)  que tenía una propuesta de Miguel Ángel Yunes y del Fiscal Jorge Winckler, que si declaraba contra Bravo Contreras dejarían de torturarme con la música insoportable, que respetarían a mi familia -dándome perfectamente a entender que la agredirían de no aceptar sus pretensiones-, y que además tendría derecho a tener una televisión en la celda y un celular. Opté por aceptar la propuesta. La entrevista concluyó a las 4:00 a.m. (del 11 de mayo), sin que estuviera presente mi defensor, que en esa fecha era el licenciado Arturo Nicolás Baltazar. Luis Eduardo Coronel contactó por celular a Jorge Winckler informándole sobre mi declaración y Winckler autorizó los beneficios que me ofrecía, avalados por el gobernador Yunes Linares”, declaró Aguirre. 

Sin embargo, estas negociaciones cambiaron su curso con el resultado de las elecciones del 01 de julio, donde Miguel Ángel Yunes Márquez fue derrotado por el candidato morenista, Cuitláhuac García Jiménez, actual gobernador de Veracruz.

“Mi declaración del 10 de mayo fue alterada. No reconozco el contenido ni las firmas plasmadas. Yo solo proporcioné por una sola vez mi declaración, y ahora tengo conocimiento que existe una supuesta declaración de ampliación de fecha 11 de mayo de 2018. La firma en esa ampliación es falsa, apócrifa. La primera hoja no tiene firmas, ni la mía, ni la de D. G. G.  (Fiscal especializado para la atención de denuncias por personas desaparecidas en la zona centro Xalapa) ni la de un supuesto abogado, P. J. S. L., a quien nunca designé como mi defensor en la declaración del 10 de mayo, ni en la ampliación del 11 de mayo, y quien tampoco estuvo presente en ninguna de las fechas”, señaló Aguirre.

El quejoso dijo que de acuerdo con Coronel Gamboa, la negociación con la Fiscalía esta vez solo surtiría efectos siempre y cuando se legalizara su declaración ante la juez de Control, Alma Aleida Sosa Jiménez -ligada al exgobernador Yunes- a través de una prueba anticipada.

A cambio, Aguirre sería diagnosticado por un médico particular con alguna afectación de salud grave que sería confirmada por un perito de la Dirección General de los Servicios Periciales (DGSP) de la FGE. Con ello se solicitaría el cambio de medida cautelar a la jueza Sosa Jiménez, junto con el desahogo de la prueba anticipada.

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Convictos y custodio confirman tortura a Aguirre y negociaciones con duartistas

En la recomendación 25/2019, se exponen los testimonios de dos convictos del penal Pacho Viejo, identificados como T1 y T2, quienes confirmaron que personas ajenas al penal ingresaron una bocina grande -de 50 centímetros- a la celda de Gilberto Aguirre.

“Todo era muy tranquilo -en Pacho Viejo- hasta que agarraron la sección 1 para meter a puro servidor público” (…) “Yo incluso llegué a ver que Gilberto Aguirre mejor se dormía durante el día en una banquita que está por una cancha de basquet; todos agarrábamos la onda de que lo hacía porque no lo dejaban dormir en su celda”.

A ello se suma lo referido por T1, quien declaró: Arturo "N" (exsecretario de Seguridad), a Mauricio "N" (exsecretario de Finanzas), a Nemi "N" (exsecretario de Salud) y a otro que es policía que lo metieron por desaparición forzada”.

Los nombres referidos por el preso T1 son de tres exservidores públicos, uno imputado por desaparición forzada (Arturo “N”) y dos por delitos relacionados con hechos de corrupción que consiguieron vivir su proceso en libertad por medio de amparos federales y supuestas enfermedades graves, validadas por médicos de la FGE y por la juez Alma Aleida Sosa.

A las declaraciones de los reos, se agrega la de un custodio -identificado como T3- quien relató a la CEDH que “En mayo de 2018, el director me dijo que debía dejar pasar a dos personas de sexo masculino, no se identificaron ni se registraron; yo los reconocí porque días antes había ido a una audiencia a los juzgados que están junto al Cereso y vi que eran fiscales. El director bajó por ellos y los llevó a su oficina y dio instrucciones para sacar a Aguirre”.

La secretaría de Seguridad, entonces encabezada por Jaime Téllez Marié -exfuncionario que recientemente se reunió con el exgobernador Yunes en un café popular del puerto de Veracruz- descartó la versión de Aguirre y de los presos de que en el penal se infiltró una bocina para torturarlo con música de banda y reguetón al exdirector, toda vez que eso está prohibido por el reglamento del penal.

Este argumento fue echado abajo con una requisa realizada en Pacho Viejo el 6 de diciembre de 2018, cuando se encontraron varios objetos punzocortantes, aparatos electrónicos, televisores, pantallas, grabadoras, equipos de sonido, reproductores de video, aparatos de video juegos, que les fueron retirados a los reos y puestos a disposición del Cereso.

La CEDH concluyó negligencia en personal de la SSP debido a que: El ingreso del radio y la bocina tuvo que haber sido tolerado por personal de la Aduana del Cereso; La existencia de esos equipos tuvo que haber sido detectado por personal de supervisión y custodia del Cereso durante los pases de lista diarios o durante las revisiones aleatorias a las estancias; La reproducción constante de música tuvo que ser detectada por el personal de supervisión del Cereso, máxime tomando en consideración que, de acuerdo con el reglamento que los rige, las estancias debían permanecer en silencio después de las 21:00 horas; y por último debido a que Aguirre Garza y los internos de la sección A hicieron del conocimiento de la bocina al entonces director del Cereso, así como al personal de supervisión y custodia.

De acuerdo con un dictamen médico-psicológico“… A saber de la entrevista a profundidad a Gilberto Aguirre y la descripción detallada de su alegación de tortura el resultado de las evaluaciones clínicas y psicométricas y la evolución documentada en las secuelas físicas y sicológicas, la consistencia entre la descripción de los hechos y la reacción emocional de la persona durante la entrevista, así como la consistencia entre su comunicación verbal y no verbal, concluimos que todas las fuentes de información son firmemente consistentes y congruentes con la descripción de los hechos de presunta tortura”.

“Gilberto Aguirre, presenta un trastorno de ansiedad generalizada debido a diversas fuentes de estrés coexistentes, síntomas y reacciones sicológicas en personas sobrevivientes de actos de tortura, en particular síntomas asociados a la depresión y estrés postraumático: insomnio moderado, malestares somáticos (agudización de la dermatitis atópica y bruxismo) problemas de sueño, pérdida de peso y falta de apetito, nerviosismo, hormigueo, dolores musculares, dificultad de concentración, problemas de memoria evitar actividades que le recuerden el suceso (la exposición a sobreestimulación sensorial)”.  

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Las contradicciones de la FGE

En su defensa, la Fiscalía General, a través de D. G. G., refirió mediante informes pormenores sobre las entrevistas en el interior del penal de Pacho Viejo, los días 10 y 11 de mayo de 2018.

“Mencionar que referente a la entrevista del 10 de mayo se remitió un oficio de fecha 7 de mayo de 2018, dirigido al licenciado Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad, solicitando autorización para ingresar al Cereso para realizar una entrevista a Gilberto Aguirre Garza, dando autorización al suscrito.

“Mediante un oficio signado por el licenciado Raúl Platón del Cueto Morales, director general de Prevención y Readaptación Social, se autorizó a D. G. G. reingresar a las instalaciones del Cereso el día 11 de mayo en punto de las 17:00 horas, con la finalidad de recabarle entrevista al ahora quejoso”.

Acerca del abogado Jesús Sánchez López -a quien Gilberto Aguirre negó haber concedido el permiso para representarlo- la Fiscalía aseguró que sí se encontraba asesorando a Aguirre Garza al momento de ser entrevistado por D. G. G.

Pero la CEDH comprobó, mediante el acceso a la carpeta de investigación FGSP/786/2018 remitida por la propia FGE, la existencia de dos declaraciones presuntamente realizadas por Gilberto Aguirre, los días 10 y 11 de mayo de 2018. El encargado de realizar las entrevistas -se expuso- fue el Fiscal D. G. G.. 

Del análisis de la declaración presuntamente rendida por Aguirre del 11 de mayo de 2018 se hallaron dos irregularidades: 1.- se asentó que la declaración fue recabada en la ciudad de Xalapa, por comparecencia voluntaria de Aguirre y no en el Cereso de  Pacho Viejo, en Coatepec. 2.- Dicha declaración solo contiene las firmas de Aguirre Garza, de D. G. G. y el abogado P. J. S. L. -a quien el quejoso desconoce-, en la última hoja, sin que en las demás aparezca rúbrica alguna. En cambio, en la declaración del 10 de mayo todas las hojas van rubricadas.

El abogado P. J. S. L., el 15 de noviembre de 2018 señaló que en el mes de mayo, en compañía de la esposa de Aguirre, K. E. G. B., acudió al penal de Pacho Viejo donde acordaron -en la zona de locutorios- que él asumiría su representación legal. Fue mediante esa autorización, dijo el abogado, que el 10 y 11 de mayo representó a Aguirre durante las declaraciones.

La CEDH solicitó a las autoridades del penal de Pacho Viejo copia certificada de los libros de ambas guardias del mes de mayo 2018. Y menciona: “Se advierte que el 10 y 11 de mayo no existe registro de D. G. G. Sobre el abogado en el libro de registro denominado “Abogados” de la guardia interna del Cereso se encontraron dos registros de esa persona, una del 10 de mayo a las 11:20 horas y otra del 11 de mayo a las 15:30 horas. Sin embargo ninguno de esos ingresos aparece en los libros de la guardia externa. Esta situación coincide con Aguirre relativo a que los libros de registro de la guardia interna del Cereso fueron alterados para simular el ingreso de su supuesto abogado”, se lee en la recomendación. 

Al verificar los ingresos asentados en el libro de registro denominado “Locutorios” correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y 10 de mayo de 2018, se advierte que en fecha 2 de mayo la C. K. E. G. B., ingresó al Cereso. Y no así  del abogado P. J. S. L.

A estas inconsistencias, se agrega que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, mediante un informe rendido el 30 de noviembre de 2018 señaló que las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del penal de Pacho Viejo se encontraban desactivadas, justo el 10 de mayo de 2018.

El clan de funcionarios en la simulación de justicia por desapariciones

Gilberto Aguirre señaló que después de haber rendido su declaración bajo coacción, Coronel Gamboa le dijo que podría obtener su libertad siempre y cuando se legalizara su declaración ante un juez de Control a través de una prueba anticipada. 

El acuerdo consistía en que Aguirre sería diagnosticado por un médico particular con alguna afectación a la salud y que un perito de la Dirección General de los Servicios Periciales (DGSP) confirmaría tal diagnóstico y entonces se solicitaría el cambio de medida cautelar, junto con el desahogo de una prueba anticipada.

El 6 de agosto de 2018 el abogado P. J. S. L., solicitó por escrito al director general de Prevención Social y Readaptación Social del Estado y al Director del Cereso la autorización para el ingreso de una médico particular al penal con la finalidad de que le fuera practicada una valoración médica a Aguirre Garza.

Esta misma solicitud fue realizada a la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez, el 8 de agosto, sin embargo ella determinó no acordar la solicitud realizada por el abogado P. J. S. L. toda vez que no tenía personalidad reconocida dentro de la causa penal. Es decir, la juez confirmó que el misterioso abogado no era representante legal de Gilberto Aguirre.

No obstante, el 7 de agosto de 2018, Aguirre fue valorado clínicamente. El médico emitió una receta médica en la que se asentó como impresión diagnóstica “cuadro de neumonía a obstrucción enfisema pulmonar” (sic).

El 14 de agosto se autorizó un traslado al médico especialista de urgencia en favor de Aguirre. Este fue canalizado a un consultorio médico, cuyo titular emitió como diagnóstico “enfermedad pulmonar obstructiva crónica” (sic).

Aunque el formato de traslado de Gilberto Aguirre, del 14 de agosto, señala que fue con carácter de urgencia advierte que la valoración de Aguirre se realizó misteriosamente con previa cita y que fue agendada por una mujer.

El 17 de agosto el abogado P. J. S. L. solicitó a la FGE la designación de un perito a fin de que llevara a cabo otra revisión médica a Aguirre Garza. Un médico forense refirió el 21 de agosto de 2018 que a la hora de su declaración no había emitido el peritaje correspondiente toda vez que necesitaba realizar dos estudios para confirmar o descartar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padecía Aguirre.

El 31 de agosto derivado de la solicitud promovida por el Fiscal D. G. G., la jueza de control acordó procedente que el 4 de septiembre de 2018 a las 14 horas se celebrara audiencia para el desahogo de una prueba anticipada considerada en la declaración de Aguirre.

El 3 de septiembre se informó a la juez de control a cargo del proceso penal 80/2018 que el Fiscal D. G. G. había solicitado la cancelación de la audiencia de desahogo en virtud de que Aguirre presentaba problemas de salud. Ello tuvo una razón simple: Aguirre Garza había roto el compromiso con la Fiscalía.

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Misma negociación fue propuesta a Arturo Bermúdez y grabada

La CEDH recalcó en su recomendación que estos hechos de simulación ya habían sido evidenciados en diciembre de 2018 mediante un audio a través del cual se da constancia de una plática sostenida entre Luis Eduardo Coronel Gamboa y el abogado defensor de Arturo “N”, vinculado a proceso por desaparición forzada de personas.

–“Nos interesa, porque él (Arturo “N”) es una de las dos personas que señalan de manera directa tanto al exgobernador Javier Duarte como al exfiscal Luis Ángel Bravo. Aquí, salvo la plática que en unos momentos tendré con el Fiscal General, yo veo complejo que desahoguemos la prueba anticipada una vez que él esté en libertad. Yo creo que sí hay forma de justificarla a través de la hipótesis médica”.

Coronel, se lee en la recomendación, acordó con el abogado en cuestión que su representado debía rendir una declaración incriminatoria en contra de Luis Ángel Bravo y que dicha declaración debía ser ratificada ante el juez de control, a través del desahogo de una prueba anticipada.

“Nosotros afortunadamente todavía tenemos unos meses más en los que vamos a tener el control de los CERESOS, entonces ahí lo que podemos hacer es que él manifieste alguna sintomatología médica, que se solicite la entrada de un médico particular o que se le lleve con algún especialista, que ese especialista dé un determinado diagnóstico, ese diagnóstico nosotros a través de Servicios Periciales mandemos un perito que ratifique que el diagnóstico que está dando el médico particular es correcto, y con esa hipótesis médica nosotros pedir el desahogo de la prueba anticipada en los reclusos”.

“Esto puede ser tan inmediato como el tema de la gestión del médico. Teniendo al médico, nosotros hablamos con la Secretaría de Seguridad Pública de que no tenga ningún tipo de inconveniente en salir rápido a ser checado, si es una necesidad médica tampoco es que podamos dejar pasar demasiado tiempo, y nosotros nos podemos comprometer ante el dictamen de Periciales ratificando el diagnóstico del médico pues a la mayor brevedad, también hacer una revisión, ver el diagnóstico y cotejar”, se exhibió en aquel audio de diciembre de 2018.