Xalapa, Ver. – El 18 de enero de 2016, cuando apenas habían transcurrido ocho días desde la desaparición forzada de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, la Fiscalía de Veracruz intentó sellar el caso con la fabricación de una escena, al presentar a las familias afectadas restos de perro disueltos en ácido y objetos personales de las víctimas, que nunca explicaron cómo fueron obtenidos.

Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal general, preso por desaparición forzada de personas, notificó a las cinco familias en una reunión a puerta cerrada sobre el hallazgo de esos indicios en un predio ubicado entre Medellín y Huixcolotla, comunidades pertenecientes a Tierra Blanca, municipio donde policías estatales detuvieron arbitrariamente a los jóvenes el 11 de enero de ese año.

A las familias les presentaron objetos personales de tres desaparecidos que, según Bravo Contreras, se encontraron sobre la batea de una camioneta Chevrolet color blanco, donde además habían abandonado restos presuntamente humanos disueltos en tambos de metal.

Los indicios fueron: un reloj metálico color blanco marca Guess y unas gafas negras, propiedad de José Benítez de la O, un escapulario de metal de José Alfredo González Díaz y un rosario de oro que perteneció en vida a Bernardo Benítez Arroniz.

Aquella ocasión, revela José Benítez Herrera a E-Consulta Veracruz, las cinco familias contuvieron el llanto y decidieron  -como parte de una estrategia- negar ante medios de comunicación que los objetos eran de sus hijos, y pidieron que los restos disueltos en ácido fueran sometidos a exámenes clínicos. La conclusión terminaría por ser reveladora.

“Nosotros reconocimos que todas esas cosas eran de nuestros hijos, pero la desconfianza a las autoridades ya era mucha y acordamos negar que eso pertenecía a los muchachos. Queríamos saber la verdad”, refiere en entrevista José Benítez Herrera, padre de José Benítez de la O.

Tras la presión mediática de los padres, la Fiscalía de Veracruz reconoció en un comunicado el mismo 18 de enero que los restos abandonados en tambos no pertenecían a los cinco jóvenes veracruzanos, si no a perros. El trabajo pericial de la Fiscalía fue calificado en medios nacionales como una “pifia” y el caso siguió abierto y fue abordado por autoridades federales. 

“¿Cómo madres la Fiscalía obtuvo las prendas de mi hijo y de los otros dos muchachos? es una pregunta que me he hecho tres años y que daría lo que fuera por hacérsela a Luis Ángel Bravo Contreras”, dice José con la respiración disparada.

La aparente fabricación de la muerte de los cinco jóvenes avivó una resistencia desenfrenada de los padres, quienes tomaron las instalaciones del ministerio público de Tierra Blanca y allí acamparon durante 100 días hasta que obtuvieron una verdad que abollaría la ya desgastada administración del gobernador priista, Javier Duarte, hoy sentenciado por lavado dinero y asociación delictuosa.

El 01 de marzo de 2016, cuando las investigaciones ya estaban a cargo de la Federación, Roberto Campa Cifrián, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reveló una versión oficial del caso Tierra Blanca que desacreditó el trabajo de la Fiscalía sobre el hallazgo de restos disueltos en ácido en el predio ubicado entre Medellín y Huixcolotla.

Los cinco jóvenes: Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz, dijo Campa, fueron torturados y asesinados en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, a unos 90 kilómetros del lugar donde la Fiscalía construyó la escena con los huesos de perros y las pertenencias de las víctimas.

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La resistencia de 5 familias que llevó a la verdad del caso Tierra Blanca

El 11 enero de 2016, Susana, José, Bernardo, José Alfredo y Mario Arturo regresaban de pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz cuando fueron detenidos de manera ilegal por policías estatales en Tierra Blanca, en la zona conocida como la Cuenca del Papaloapan.

Las autoridades estatales no daban crédito de lo que se ventilaba como un crimen de lesa humanidad. Ello, aunque el entonces gobernador, Javier Duarte y el fiscal general, Luis Ángel Bravo fueron informados de lo sucedido desde el primer día de los hechos, así como de la gravedad del caso.

Los familiares de Playa Vicente informaron a este medio que a unas horas de la desaparición forzada, Javier Duarte fue enterado por una amistad que ellos tienen en común con el exmandatario. Se trata de Gabriel “N” originario de Tuxtepec, dueño de caballos de carrera que compiten en el Hipódromo de Las Américas.

Asimismo, Bravo Contreras se comprometió a investigar ese caso luego de haber recibido una llamada telefónica de Cristina “N”, familiar del ex fiscal general que radicaba en Playa Vicente y es madrina de Columba Arroniz González, madre de Bernardo Benítez Arroniz.

Sin embargo, la reacción de las autoridades veracruzanas no llegó hasta que la detención arbitraria de los jóvenes se hizo pública en noticieros, mediante videograbaciones que capturaron el momento exacto del ilícito, prueba que fue  conseguida por los padres.

“¿Cómo conseguimos esos videos? Pues hincándonos a los comerciantes de la zona. Nadie quería hablar ni ayudarnos porque todos tenían miedo”, recuerda José Benítez.

Tras meses de investigación a cargo de autoridades federales fueron detenidos ocho expolicías estatales, entre ellos el subdelegado de Tierra Blanca, Marcos Conde Hernández, quienes permanecen recluidos en el penal de Gómez Palacio Durango. También fueron capturados 13 civiles que confesaron pertenecer a una célula de la delincuencia organizada. Ninguno ha sido sentenciado.

De acuerdo con la declaración de Rubén Pérez Hernández –uno de los ocho policías detenidos- a los jóvenes después de detenerlos ellos los entregaron con criminales en el rancho El Limón. Allí, los oficiales atestiguaron como a los cuatro varones los ingresaron a una habitación donde fueron torturados. Posteriormente, declaró el detenido, a las cinco víctimas las obligaron a caminar en dirección recta, hasta llegar a la parte baja de un terreno, junto a un arroyo que desemboca en el río Blanco.

“Mi compañero y yo nos paramos desde un lugar donde se podía ver todo lo que les hacían. Vimos cuando acostaron a los jóvenes boca abajo. Recargaron sus cabezas sobre una piedra. Un sujeto agarró un hacha grande, como de 50 centímetros de largo…”.

Opiniones Técnicas en Materia de Medicina Forense –incluidas en la recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)- especificaron que la causa que provocó el fallecimiento de las víctimas fue traumatismo cervical con lesión de médula espinal y/o traumatismo craneoencefálico.

“Cerca de donde estaban (los cinco jóvenes), allá abajo, había dos tambos metálicos con capacidad de 200 litros. Entonces escuché cuando gritaron: Traigan el diésel, y pues pienso que los quemaron. Yo mejor le dije a mi compañero que nos fuéramos”, abundó el policía.

Según Rubén Pérez Hernández, él y su compañero regresaron por el kilómetro 16 de la carretera La Tinaja-Tierra Blanca hasta su destacamento policial, alrededor de las 22:00 horas del 11 de enero 2016, después de haber presenciado el multihomicidio, decidieron saciar su apetito: “Pasamos por la cena y terminamos en la delegación de Tierra Blanca. Ya después nos pusimos a platicar”.

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Gobierno de Veracruz ofrecerá disculpa pública; padres piden justicia 

Será este 4 de marzo, cuando familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, reciban una disculpa pública de parte del Gobierno de Veracruz, como parte de la reparación del daño recomendada por la CNDH en 2017.

Las autoridades reconocerán la inocencia de las cinco víctimas y la responsabilidad de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Si bien, los padres consideran un avance el evento que tendrá lugar en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, también advierten que “la disculpa debió llegar cuando los responsables de estos hechos ya hubieran recibido una sentencia ejemplar”.

El 01 de septiembre de 2017, autoridades de la administración del expanista Miguel Ángel Yunes Linares, acudieron al municipio de Playa Vicente, donde el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié ofrecería la disculpa. Pero el evento fue cancelado y referido por los deudos como “un insulto público".

La reunión entre las autoridades del gobierno pasado y las familias marchaba conforme se había planeado pero se salió de control cuando los deudos pronunciaron el nombre del exsecretario de Seguridad Arturo Bermúdez. “¿Por qué no lo investigan por la desaparición forzada de nuestros hijos?”, preguntaron. El cuestionamiento solo levantó de la mesa a Jaime Téllez Marié y a Jorge Winckler Ortiz, fiscal general. Ambos se marcharon del pueblo y la disculpa no fue reconocida por la CNDH.

Para Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz, la investigación de la cadena de mando es la prueba de fuego para las actuales autoridades, es decir a los superiores de los ocho policías detenidos, incluidos Arturo Bermúdez Zurita y el exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

"La disculpa pública no debe ser tomada como el último acto que las autoridades realicen en pro de este caso, la disposición del gobierno estatal nos parece muy importante sin embargo los temas principales se encuentran en el campo de la justicia ya que se encuentran pendientes tanto las sentencias de los autores materiales de estos hechos como la investigación de la cadena de mando", agregó Celestino Espinoza Rivera, abogado de las cinco familias.

No obstante, la justicia para las familias de Playa Vicente se mira lejana. Por un lado, el exmandatario priista fue sentenciado por delitos de corrupción mediante un procedimiento abreviado y saldría de prisión en menos de siete años.

En tanto, Arturo Bermúdez, quien fue imputado el 08 de febrero por 15 casos de desaparición forzada en el gobierno de Duarte, el 05 de diciembre de 2019 salió de prisión, luego de que la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez decidiera que el exfuncionario podía seguir su proceso judicial desde su casa.

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