Xalapa, Ver.-El Sistema Anticorrupción del Estado (SEA) sigue atascado y ahora se suman señalamientos de despidos injustificados. Esto apenas una semana después de que el órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, integrado por los titulares del ORFIS, IVAI, Contraloría General, Poder Judicial, el TEJAV y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), aprobaron trabajar con la mitad del presupuesto que esperaban para este 2019.

Hay que recordar que este año se tenía proyectado un presupuesto de 40 millones de pesos para la Secretaría Ejecutiva del SEA.

Sin embargo, tras asumir el cargo como gobernador, Cuitláhuac García Jiménez pidió una prorroga al Congreso para hacer ajustes al presupuesto de egresos y dejó a la Secretaría con la mitad de los recursos, es decir 20 millones de pesos.

Posteriormente ante la insistencia de Leslie Mónica Garibo Puga, titular de la Contraloría General del Estado(CGE); de Yolli García Álvarez, titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos (IVAI), así como de Pedro José María García Montañez, magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, titular del órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y de Carla Rodríguez González, representante del Poder Judicial del Estado (PJE), todos integrantes del órgano de gobierno, se aprobó trabajar con el presupuesto de 20 millones de pesos y hacer ajustes.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, presidido por Sergio Vázquez Jiménez, advirtieron que con un presupuesto de 20 millones de pesos era necesario solicitar una ampliación presupuestaria a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), a cargo de José Luis Lima Franco, pues además de recortes a salarios se tendría que despedir a algunos de sus casi 80 trabajadores en caso de no recibir más recursos.

Así, mientras se define si el gobierno estatal, con autorización del Congreso del Estado, aprueba más recursos para la Secretaría Ejecutiva del SEA, 28 empleados ya fueron despedidos. Los afectados se manifestaron acusando que no hay ninguna razón para que les den las gracias.

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José Leonardo Hernández Montiel acusó que se les exigió una renuncia al margen de la ley, por lo que peleará por sus derechos junto con algunos de sus compañeros.

En entrevista explicó que este martes, posterior a la jornada de trabajo, se les requirió uno a uno para obligarlos a dar por finalizado su contrato laboral.

Hernández Montiel agregó que aunque laboraron con normalidad toda la quincena ni siquiera se les realizó el pago de la misma de forma puntual.

Acusó que detrás de los despidos están intereses particulares e intenciones de puestos públicos ajenos al sistema Anticorrupción.

Por lo anterior demandó la inmediata intervención del Congreso, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como de la Junta de Gobierno para dirimir este conflicto.

Cabe recordar que hace una semana se dio a conocer que el CPC tiene a los empleados trabajando sin seguridad social, además de no pagar el impuesto a la renta, lo que ya está siendo investigado por la Contraloría General del Estado.

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Posteriormente mediante un comunicado, Marisol de la Merced Jiménez, Secretaria Técnica interina del CPC, justificó que dichos despidos se dieron por un “severo ajuste presupuestal” aprobado por el Congreso del Estado.

Los recortes, recordó, fueron avalados por el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, lo que obligó a la reducción de personal.

En ese sentido dijo que se realiza la gestión correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), con el fin de cubrir los compromisos económicos que permitan mantener la operatividad del organismo.

 “La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, atendió a una comisión de los extrabajadores, externando la disposición de establecer un convenio con ellos.

“Respetando sus derechos generados; acordando reunirse la próxima semana para dar el seguimiento respectivo. Cabe señalar que el pago de nómina correspondiente al 30 de abril ya ha sido dispersado”, informó de la Merced Jiménez.

Hay que recordar que la actual LXV Legislatura, a propuesta de García Jiménez, realizó un recorte del 50 por ciento al proyecto de presupuesto del Sistema Estatal Anticorrupción, dejándolo en 20 millones de pesos.

Posteriormente el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Sergio Vázquez, determinó convocar desde principios del mes de marzo a los titulares de los entes públicos que conforman el Sistema Estatal, quienes no han hecho más que inconformarse con el CPC.

Incluso mediante un comunicado Vázquez Jiménez acusó que desde el inicio de sus funciones “ha sido evidente la resistencia que han mostrado los titulares de los órganos y entes públicos que conforman el Comité Coordinador y el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema”.

Lo anterior señalando directamente a Portilla Vásquez, Garibo Puga, García Álvarez, García Montañez y Rodríguez González, los integrantes del órgano de gobierno.

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