Xalapa, Ver. – Asociaciones civiles, abogados, diputados y presuntos delincuentes, han usado la figura del Juicio Político como mecanismo mediático y de defensa contra presuntas violaciones a sus derechos. En los últimos dos meses han oficializado 16 solicitudes ante el Congreso local, sin embargo, cuatro no fueron ratificadas, por lo que se desecharon.

El Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz concentra el mayor número de denuncias en su contra. Acumula ocho; de esos uno fue improcedente, en otro más se desistieron, y tres no fueron ratificados por lo que se desecharon.

Otras ocho solicitudes involucran a funcionarios estatales y municipales, y una más se presentó en contra del titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña.

Al igual que ocurrió en el periodo de Javier Duarte, cuando el fiscal en turno Luis Ángel Bravo Contreras -detenido en el penal de Pacho Viejo desde el 17 de julio-, presentó varias solicitudes, en este momento la figura legal se ha utilizado para cobrar facturas políticas.

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Personajes que llevan un proceso legal -por delitos como desaparición forzada, incumplimiento de un deber legal y cohecho-, han planteado enjuiciar a las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia en Veracruz.

A raíz de la presentación de las solicitudes contra Winckler Ortiz, el partido Acción Nacional ha pedido aplicar el mismo procedimiento legislativo contra cuatro funcionarios del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, entre ellos Eric Cisneros, Roberto Zenyazen Escobar, Guadalupe Osorno y Rocío Pérez.

El juicio político es un proceso de orden constitucional, cuya finalidad es hacer efectivo el principio de responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos.

La condena o declaración de culpabilidad del acusado puede ocasionar su destitución e incluso su inhabilitación para funciones similares, autorizar que sea juzgado por los tribunales ordinarios de justicia, o tener efectos meramente políticos.

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A partir del seis de noviembre en el Congreso local han desfilado una serie de personajes, abogados y actores políticos que han solicitado enjuiciar políticamente a quienes forman parte de las instituciones y de la vida pública en Veracruz.

De los 16 juicios que se han presentado cuatro no han sido ratificados, todos relacionados con Jorge Winckler Ortiz, por lo que han sido desechados. Y de tres dictámenes emitidos por las comisiones unidas de Gobernación y Justicia y Puntos Constitucionales ninguno ha sido sometido a votación en el Pleno.

El tema de Winckler Ortiz debe llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), pero la ausencia de magistrados que integran el Pleno dificultaría a la comisión Instructora argumentar legalmente la inhabilitación del abogado de los veracruzanos.

La cronología de las solicitudes

El pasado 06 de noviembre la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), representado por Iván Gidi Blanchet, presentó la solicitud a la que se le dio entrada el 13 de noviembre.

La presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, confirmó en declaración a los medios de comunicación, que del paquete que se dictaminó la petición que formuló la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) no tenía pruebas para sustentarse.

El 07 de noviembre el abogado Jorge Reyes Peralta anunció, ante los medios de comunicación, la presentación de la solicitud de Juicio Político contra el Fiscal General, a nombre del exdirector General de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, quien acusó ser víctima de tortura. Sin embargo, desistió en su intento de enjuiciarlo.

Fue hasta el 27 de noviembre cuando se dio entrada a una segunda solicitud, Reyes Peralta insistió en que su defendido fue obligado a firmar una declaración en la que inculpaba a Luis Ángel Bravo del delito de desaparición forzada. La petición ya fue dictaminada y trascendió que es procedente.

El siete de noviembre se turnó a comisiones la solicitud de juicio contra el alcalde de Orizaba, Igor Roji López, quien fue acusado de solapar al ex director de Gobernación, Juan Ramón Herebia, responsable de la muerte de los hermanos Ernesto y Román Pérez Martínez.

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El 29 de noviembre se dio entrada a la solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Rafael Delgado, Isadora Antonia Ramos. En su caso la documentación la remitieron Julián Cotlame Cocotle y Adrián Hernández Sánchez, Síndico y regidor del Ayuntamiento. Se turnó a comisiones para ser dictaminada el 06 de diciembre.

Ese mismo día, integrantes del Comité de Obra Pública de Zongolica entregaron un escrito en el que planteaban enjuiciar al perredista Juan Carlos Mezhua Campos, por irregularidades cometidas en sus primeros meses de gobierno.

El 03 de diciembre, el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien permanecía preso por desaparición forzada de personas y por corrupción, interpuso -a través de su abogado- una solicitud de juicio político en contra del fiscal general, Jorge Winckler Ortiz.

La denuncia no fue ratificada y se desechó; sin embargo, el 14 de diciembre Arturo Bermúdez se presentó en las instalaciones de la Cámara local, en la Secretaría General, para formalizar una segunda petición.

El 05 de diciembre Francisco Zarate Aviña, ex colaborador del Fiscal General Luis Ángel Bravo, quien denunció desaparición forzada de parte de elementos ministeriales para obligarlo a dar con el paradero del ex titular de la FGE, presentó una nueva solicitud contra Winckler Ortiz. Su oficio se turnó a comisiones y fue dictaminado de manera positiva.

El 12 de diciembre el abogado Arturo Nicolás Baltazar se presentó -por segunda ocasión-, a nombre de Carlota Zamudio, ex delegada de la Policía Ministerial de la región Córdoba-Orizaba, quien permanece internada en el penal de Pacho Viejo desde el pasado 5 de abril. La ex funcionaria pidió proceder contra Winckler pero al no presentarse a ratificar las dos peticiones se desecharon.

Este jueves 20 de diciembre se le dio entrada a un total de seis juicios, el primero lo firmó la diputada local María Josefina Gamboa Torales contra el Secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos. El oficio lo presentó el 13 de este mes, acusó amenazas de parte del funcionario estatal.

También se le dio trámite a la petición de Arturo Bermúdez que visitó el Congreso local para presentar y ratificar su segunda solicitud el 14 de diciembre pasado.

En el caso del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Edel Álvarez Peña, fue el presidente de la Asociación Civil Observatorio y Contraloría Ciudadana, Hilario Arenas Cerdán, quien pidió el juicio político, también se presentó el 14 de diciembre ante la Secretaría General.

Por su parte el panista Sergio Hernández Hernández, Coordinador de la fracción de Acción Nacional, entregó tres solicitudes de Juicio Político este miércoles 19 de diciembre. En su caso pidió enjuiciar a Roberto Zenyazen Escobar, secretario de Educación de Veracruz; Guadalupe Osorno Martínez de Protección Civil, y Roció Pérez titular de la Secretaría de Medio Ambiente.

En todos los casos, los acusó de interferir en la vida pública del Poder Legislativo, ya que en el mes de octubre tomaron las instalaciones del Congreso para impedir que se reunieran a sesionar.