Xalapa, Ver.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría atraer el caso de una periodista veracruzana que se amparó para que la Policía Federal entregue una versión pública sobre los datos, cifras y/o estadísticas sobre los indicios hallados en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe.

El caso corresponde a la periodista Eirinet Gómez, quien se amparó para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordene a la Policía Federal hacer pública la información.

[relativa1]

Un tribunal colegiado de la Ciudad de México, hizo la solicitud a la SCJN atraer el caso de la corresponsal del periódico La Jornada, para que determine las facultades del INAI en este proceso.

De acuerdo con un comunicado, el órgano colegiado consideró el caso como un asunto de relevancia debido a la ponderación de derechos fundamentales que implica.

“En el presente caso, este órgano jurisdiccional estima que se actualizan los requisitos necesarios para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su facultad de atracción, pues la cuestión que involucra el tema en este amparo de revisión se considera trascendente, ya que involucra el tema relativo a la facultad con que cuenta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para pronunciarse prima facie en materia de acceso a la información respecto a si los hechos que consta en las averiguaciones previas con constitutivos de violaciones graves a derechos humanos o delitos contra la humanidad”.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro concedió el amparo a Eirinet Gómez, para que el INAI proporcionara y divulgara los datos solicitados respecto a las fosas clandestinas en el predio del puerto de Veracruz.

[relativa2]

Esto luego de que el juez estimó que el hecho de que la información forme parte de una investigación ministerial no demuestra que la difusión de la misma impida u obstruya las funciones que ejerce el ministerio público durante la investigación, o en ejercicio de la acción penal ante tribunales judiciales.

Además, se consideró necesario ponderar los intereses en conflicto, pues aunque existe un interés público en la protección de la actividad precursora de delitos, debe prevalecer la trascendencia social del fenómeno del descubrimiento de fosas clandestinas.

Foto: Proceso

[relativa3]