Xalapa, Ver.-En la primera semana de la administración estatal que encabeza Cuitláhuac García Jiménez, tres exfuncionarios duartistas lograron su libertad.

Mediante amparos federales o por la violación a sus derechos humanos, la Juez Alma Aleida Sosa Jiménez, acusada de ser “servil” a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, ordenó variar las medidas cautelares de personajes como Mauricio Audirac, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Francisco Valencia, extitular de la Comisión de Agua de Veracruz (CAEV) y Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública (SSP).

La salida de los excolaboradores de Javier Duarte, quien permanece en el Reclusorio Norte, ha provocado un debate público entre representantes de los tres poderes del Estado. El Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, se mantiene como el “blanco” de las críticas, lo responsabilizan de irregularidades en la integración de carpetas de investigación de los casos, lo que dio cabida a los cambios en las medidas cautelares; y le deja una “bomba de tiempo” a la nueva administración.

Al recobrar su libertad, los tres exfuncionarios coincidieron en declarar a los medios de comunicación que, a partir del 01 de diciembre, se recobró la justicia en Veracruz, mensaje que, para el PAN y los actores políticos de esa filiación, sugirió un pacto entre el PRI y Morena.

En la pelea política se ha puesto en duda el papel del Poder Judicial, responsable de imponer y variar las medidas cautelares contra todos los duartistas. Primero se ordenó prisión preventiva, ahora, en atención amparos federales, se determinó que pueden dar seguimiento a las denuncias en su contra, en libertad.

Como parte de la entrega de amparos a exfuncionarios estatales, se prevé que en las siguientes horas recobre su libertad del exfiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo, detenido el 17 de junio, acusado de desaparición forzada.

Incluso, se hizo circular un video en el que se observa la violación de derechos humanos durante la detención de la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora González, alias “La Chacala”. Fue detenida el 27 de abril, se le acusó de manipular cuerpos localizados en la barranca la Aurora, en las inmediaciones de la Academia de Policía.

[relativa1]

Los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa

A Mauricio Audirac lo detuvieron el 17 de marzo del 2017, la orden de aprehensión se giró por los delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado y tráfico de influencias, al malversar 220 millones de pesos de programas y obras de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). También se le relacionó con el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular de Veracruz, durante el ejercicio fiscal 2014.

El 16 de abril de ese mismo año se le vinculó a proceso y se determinó como medida cautelar un año de cárcel, al cumplir la fecha, la juez de control Alma Sosa Jiménez, decidió dejarlo 12 meses más. Estuvo en prisión un año 9 meses.

El primero de abril del 2017 se dio la detención de Francisco Valencia, extitular de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), su orden de aprehensión también fue por peculado, coalición, y tráfico de influencias. El daño patrimonial era de 25 millones de pesos del ejercicio 2014.

En su caso la juez de control Alma Aleida Sosa Jiménez le impuso la medida cautelar de año y medio de prisión. La sentencia se emitió en abril del 2018. Permaneció en el penal un año ocho meses.

En el caso del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, fue detenido el 3 de febrero del 2017. Se le vinculó a proceso por abuso de autoridad y tráfico de influencias. La misma juez de control de los otros dos casos, Alma Aleida Sosa Jiménez, determinó como medida cautelar ocho meses en la zona de prisión preventiva del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, Veracruz.

[relativa2]

Para febrero del 2018 se le vinculó a un nuevo proceso, con el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto González Meza, el exdirector de penales, Óscar Sánchez Tirado, y 16 policías más, por el presunto delito de desaparición forzada. Se le sumaron cuatro meses de prisión. Estuvo recluido un año 10 meses.

En los tres casos sus abogados insistieron que los delitos que se les imputaron les permitían llevar el proceso en libertad, por lo que atribuyeron la detención a una medida política de Jorge Winckler, quien acataba órdenes del exgobernador Miguel Ángel Yunes.

Poder Judicial en medio de una disputa política

A lo largo de los procesos judiciales se presentaron varios amparos, y se obligó a la Juez Alma Aleida Sosa a reponer las audiencias para determinar las medidas cautelares. La trabajadora del poder judicial ratificó su sentencia inicial.

A partir del lunes 03 de diciembre, la juez consideró que los tres exfuncionarios estaban en posibilidad de llevar el proceso legal en libertad, por lo que varió las medidas cautelares que ella misma impuso en el pasado.

En conferencia de prensa este 05 de diciembre, el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez anunció que evitaría reunirse con el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, en tanto se aclaraba su participación en un supuesto pacto de impunidad entre priistas y el Fiscal General, Jorge Winckler.

“Me abstendré de asistir al desayuno al que había sido invitado por el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Edel Álvarez Peña, hasta cerciorarme si está involucrado en estos aberrantes hechos”, afirmó en un mensaje desde Palacio de Gobierno al fijar su postura sobre la liberación de tres exfuncionarios de la administración de Javier Duarte.

El mandatario responsabilizó al Fiscal del Estado de integrar mal las carpetas de investigación, para permitir la libertad de los duartistas, como consecuencia de un pacto de impunidad.

[relativa3]

 En respuesta Jorge Winckler Ortiz, Fiscal de Veracruz, acusó que el nuevo gobierno de Cuitláhuac García abrió las puertas de prisión para los excolaboradores de Javier Duarte y adelantó que más exfuncionarios seguirán saliendo del penal de Pacho Viejo, para vivir sus procesos judiciales en libertad.

Al ofrecer una conferencia de prensa, anunció que no va a renunciar al cargo, y dejó entrever un aparente contubernio entre los excolaboradores de Javier Duarte y la actual administración, mismo que ha sido respaldado por el Poder Judicial del Estado.

Congreso, también se suma a la disputa

Un día después de la elección, en el mes de julio, la fracción de Morena anunció que enjuiciaría políticamente al Fiscal General, Jorge Winckler por omisiones y violaciones a sus obligaciones de ley.

A la fecha abogados de los exduartistas, así como integrantes de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), han presentado cuatro solicitudes de juicio político contra Winckler Ortiz, lo acusan de fraude procesal, tortura y desaparición forzada, entre otros delitos. De ese total solo tres han sido turnados a comisiones y a la fecha no se ha emitido un dictamen sobre la procedencia de la solicitud.

Por su parte el diputado Víctor Vargas Barrientos, propuso el pasado 29 de noviembre, una modificación al artículo 33 de la Constitución Política del Estado, para dar atribuciones a los legisladores, no solo de nombrar, sino de remover al titular de la Fiscalía.

La aprobación del dictamen, este jueves 06 de diciembre, reveló la fractura en la fracción de Acción Nacional pues las diputadas Nora Lagunes del distrito de Huatusco, y la plurinominal María Graciela Hernández, hija del alcalde de Misantla, Othón Hernandez Candanedo, respaldaron la propuesta de Morena, PES, PT, a la que también se sumó el PRI y la diputada del Verde Ecologista, Andrea Yunes.

La modificación legal establece, “el Congreso puede designar y remover al Fiscal General del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 fracción I, inciso D”.

Ahora sólo se necesita el respaldo de 107 Ayuntamientos, para que la reforma se declare constitucional, sin que ello implique que se le pueda aplicar a Jorge Winckler, pues ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio.