Xalapa, Ver.-Mediante un comunicado la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler, buscó señalar al Poder Judicial como responsable de la salida de ex funcionarios de Javier Duarte acusados de desapariciones forzadas y de actos de corrupción.

“La Fiscalía General del Estado de Veracruz condena y no comparte los nuevos criterios jurisdiccionales que están permitiendo que los probables responsables del saqueo y desaparición forzada de personas en Veracruz, enfrenten sus procesos en libertad”, señaló el mensaje del organismo.

En ese sentido reiteraron que en contra de Arturo Bermúdez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, existen testimonios de víctimas sobrevivientes, testigos presenciales, dictámenes técnicos y periciales, así como evidencia documental.

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“Que exhibe que la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando de Arturo “N”, documentaba las desapariciones forzadas”.

La Fiscalía insistió en que la SSP a cargo de Bermúdez creó una estructura organizada que cometió de manera sistemática desapariciones forzadas, de ahí que la única medida cautelar posible “es la prisión preventiva”.

“La Fiscalía General del Estado de Veracruz rechaza la resolución emitida el día de hoy (de la juez Alma Aleida Sosa Jiménez), en el sentido de que el delito de desaparición forzada de personas no es grave y por lo tanto no amerita prisión preventiva oficiosa”.

De acuerdo con la Fiscalía la libertad de Arturo Bermúdez pone en riesgo el desarrollo del proceso, así como a las víctimas y testigos.

No obstante la autoridad jurisdiccional solo pidió la presentación periódica semanal, la garantía de un millón de pesos y la prohibición de acercarse a víctimas y testigos.

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Finalmente el comunicado señala que la Fiscalía tampoco comparte la decisión jurisdiccional por la cual los probables responsables de desvío de recursos públicos han sido liberados en los últimos días, en alusión al ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac, así como el ex titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), Francisco Valencia.

“Al modificarle su medida cautelar de prisión por la de una mínima garantía económica —que no se compara ni remotamente con el monto de mil 200 millones de pesos que ha sido acreditado como probable quebranto patrimonial causado al Estado, imputable a Mauricio “N” y Antonio “N”.

“En estas investigaciones se tiene acreditado plenamente por datos de auditoría, la probable participación de éstos en el enorme desfalco financiero”, añadió la Fiscalía.

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