Una veracruzana víctima de agresiones físicas, pornografía y acoso por parte del sobrino del exalcalde de Tihuatlán, Francisco Ortiz Yorio, presentó una queja por presuntos actos de corrupción y omisión contra la jueza Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, adscrita al Séptimo Distrito Judicial en Poza Rica, y misma que lleva su caso.

De acuerdo con un documento enviado a Sergio Vázquez Jiménez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción la jueza habría pasado por alto múltiples agresiones en contra de la agraviada al momento de valorar el caso, mismas que están registradas en la carpeta de investigación UIPJ/DVII/F3/452/2017.

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La queja, de acuerdo con la mujer, se presenta a raíz de que su agresor, Juan Carlos Córdoba Ortiz, aumentó el acoso y conductas violentas; y es que si bien la jueza dictó prisión preventiva como medida cautelar tras la detención del sujeto, fue liberado 20 días después sin razones claras.

Además, detalló que su denuncia la interpuso desde el mes de junio de 2017, y la imputación se dio hasta marzo del año en curso; tras estos hechos, la veracruzana de profesión educadora, dejó Poza Rica (lugar donde residía), y pedir su cambio.

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En la queja, también se incluye a Brenda Lizbeth Gutiérrez Suárez, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia, la Mujer, Niñas y Niños, Brenda Lizbeth Gutiérrez Suárez, a quien se le señala por no aportar en tiempo y forma, las pruebas de las agresiones en su contra, y de actuar de manera negligente, toda vez que Córdoba Ortiz ya solicitó dar por concluido el caso.

"Cansada de tanta corrupción e ineptitud de las autoridades, presento esta queja (...) Además de ser víctima de violencia, he sido víctima de agentes del ministerio público y jueces corruptos que sistemáticamente han violado mi acceso a la justicia", explicó.

La víctima externó su preocupación por el caso, y exigió al Comité vigilar y dar seguimiento a las audiencias del caso –incluida la que se celebrará este jueves, y si es necesario, dar conocimiento ante el Consejo de la Judicatura y los órganos de control interno del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado.

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