La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo alrededor de 12 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de Veracruz por el delito de peculado, como parte de las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desvío de recursos federales en la entidad.

De acuerdo con Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, se trata de 12 exfuncionarios con facultades para el manejo de partidas federales que según las investigaciones de la ASF, fueron desviados y nunca pudo acreditarse su destino ni devolución.

[relativa1]

Además añadió que sobre el caso Duarte, la PGR (desde el periodo de Arely Gómez) abrió 70 carpetas de averiguación y 80 averiguaciones previas derivadas de denuncias de los auditores federales, pero durante años –justificó- se estancaron, no se presentaron avances, o fueron mal integradas de manera premeditada.

Los nombres de estos 12 funcionarios no fueron revelados –argumentó- con la finalidad de no violar el principio de presunción de inocencia y/o entorpecer las investigaciones.

Por el delito de peculado, estos exfuncionarios –de determinarse su culpabilidad- podrían alcanzar penas que van de los 3 meses a los 14 años de prisión, pero el proceso se sigue en libertad.

Excusas sobre irregularidades del caso Duarte

"Incluso a mí me sorprendió que haya librado las órdenes de aprehensión, pero la perfeccionamos", declaró el subprocurador respecto a las supuestas irregularidades que, aseguró, fueron halladas en las carpetas de investigación a su llegada al cargo.

[relativa2]

“Había carpetas de investigación que cuando llegamos, ni siquiera estaban integrándose, y que cuando estaban integradas pareciera que la intención era que no salieran bien. Y lo digo así tal cual. Había carpetas de investigación a las que no se les había hecho nada”.

La PGR intentó justificar -previo a la audiencia intermedia de Javier Duarte-, la reclasificación del delito de delincuencia organizada por el de actividad delictuosa contra el exmandatario por falta de pruebas, alegando que el Ministerio Público puede modificar o retirar imputaciones que se hayan hecho de forma inicial en el proceso, según las nuevas reglas del sistema penal acusatorio, y es que los delitos señalados en las primeras audiencias, se establecieron a partir de datos preliminares.

Ahora, los argumentos de la dependencia señalan como “hipergarantista” la retroactividad de los criterios bajo los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determina como prueba lícita la que hasta entonces era la información en la que se basaron las investigaciones: datos bancarios obtenidos sin prueba judicial.

Con información de Animal Político

[relativa3]