Xalapa, Ver.- Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Xalapa, libró al exsecretrio de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, de una acusación por el supuesto nombramiento de policías que no aprobaron los exámenes de control de confianza, según publicó el diario Reforma.

La Procuraduría General de la República (PGR) acusó al exduartista por expedir los nombramientos de los policías Édgar Omar Ruiz Tecalco, Omar Cruz Santos, y Luis Rey Landache Colorado, presos en el penal de Gómez Palacio, Durango; el estatus de los elementos, hasta enero de 2016, era de No Certificados.

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Además, el juez Roberto Paredes Gorostieta, también resolvió no procesar a José Luis Navarrete Ortega y Aurelio Lazcano Guerrero, jefes del de Departamento de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Bermúdez Zurita, entre el 2011 y 2016.

Entre las pruebas ofrecidas por la Subprocuraduría de Delitos Federales, se encuentran 12 datos contra estos funcionarios, entre los que destacan, credenciales de los agentes firmadas por el propio Arturo Bermúdez, además de avisos de personal suscritos por los dos coacusados.

Pero la misma PGR presentó entre la documentación, algunos que terminaron por deslindar a los exfuncionarios -según el diario capitalino- sin precisar más información sobre los mismos.

A pesar de ello, el juez también decidió dejar abierta la posibilidad para que la PGR continúe indagando el caso, y presentar una nueva acusación, pero Arturo Bermúdez presentó un amparo para demandar que se dicte el archivo definitivo del expediente.

Los antecedentes

En octubre de 2016, José Benítez, uno de los padres de los cinco jóvenes de Playa Vicente desaparecidos en Tierra Blanca, responsabilizó a seis exfuncionarios de la SSP por haber expedido dichos nombramientos, entre ellos Bermúdez Zurita.

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Benítez argumentó que Arturo Bermúdez había violado el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al dar de alta a cinco elementos que no contaban con los estándares de acreditación.

Los acusados, fueron contratados desde el 2013 por Bermúdez Zurita, y permanecieron en estatus de No Acreditados hasta 2016 –año de la desaparición de los jóvenes-, según consta en el oficio SSPO/055/2016.

Por si fuera poco, Benítez y los otros padres y madres evidenciaron que los hoy detenidos presentaban órdenes de captura desde el año 1999, pero continuaron laborando dentro de la SSP cuando debieron ser dados de baja.

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