Playa Vicente, Ver.- El nombre de Arturo Bermúdez enmudeció a las autoridades del primer círculo del gobierno de Veracruz. “¿Por qué no lo investigan por la desaparición forzada de nuestros hijos?”, preguntaron cinco familias. Pero el cuestionamiento levantó de la mesa a Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública y a Jorge Winckler Ortiz, Fiscal General. Se marcharon del pueblo perseguidos por el silencio.

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“No vamos a tocar otros temas que no sea una disculpa pública”, refirió Téllez Marié antes de leer el único punto que la actual administración acató sobre la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Los Derechos Humanos (CNDH) tras la desaparición forzada de cinco jóvenes, el 11 de enero de 2016.

Lo anterior se registró el mediodía de este viernes 01 de septiembre, en el municipio de Playa Vicente, donde la tía de Bernardo Benítez Arróniz y José Benítez de la O -dos de los desaparecidos- ofreció su pizzería para recibir al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, quienes en palabras de las víctimas “nos agarraron de pendejos”.

"Con esta son cuatro veces que nos cancelan la reunión. Primero Campa nos dijo que esperáramos pues el gobernador estaba muy interesado en asistir, luego se cambió la fecha por culpa de las condiciones climáticas, pues no podían viajar en helicóptero”, relató Bernardo Benítez Herrera, padre de Bernardo Benítez Arroniz. 

La última propuesta de Campa Cifrián -la cuarta en un mes- llegó el día de ayer jueves 31 de agosto, en esta ocasión sugirió a las familias que se trasladaran al Puerto de Veracruz (a 230 kilómetros de distancia) donde se emitiría una disculpa pública, como parte de un mandato de la recomendación 5VG/2017, de la CNDH.

Tras la negativa de los padres, el funcionario federal canceló minutos antes de la reunión de este viernes, vía mensaje de texto. La misiva también excusaba al ejecutivo estatal quien estaría ocupado en la inauguración del mes patrio, en el Puerto de Veracruz.

La reunión fue dirigida por Jaime Tellez Marié, quien se apoyó del discurso empleado por el ejecutivo estatal en los nueve meses de su periodo. Si bien, reconoció la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución de Bernardo, José, Alfredo, Mario y Susana, enseguida señaló al sexenio de Javier Duarte de Ochoa como responsable de los crímenes de lesa humanidad.

Ante lo dicho, los padres exigieron referencias por el exencargado de la seguridad en seis años del periodo duartista, Arturo Bermúdez Zurita, denunciado por ellos en febrero de 2017 por la desaparición forzada de los cinco de Playa Vicente.

“Solo venimos a ofrecer una disculpa de parte de la Federación y el gobernador", se limitó a contestar Tellez Marié.

"Pues si no traen resultados entonces vámonos, su presencia d nada nos sirve", respondió José Benitez Herrera, padre de José Benítez de la O.

“No sabemos si tiene algo que ver que Bermúdez sea uno de los testigos protegidos del exgobernador Javier Duarte. Pero la administración de Miguel Ángel Yunes Linares está evadiendo su responsabilidad para fincarle responsabilidades por desaparición forzada”, se sumó a los reclamos el abogado de las cinco familias, Celestino Espinoza Rivera.

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La disculpa que supo a insulto público

"Nunca habíamos escuchado una disculpa pública, pero yo creo que todos sentimos lo mismo, nada. El gobierno simplemente vino a lavarse las manos, diciendo que la desaparición forzada de nuestros hijos no fue durante su administración" lamentó Bernardo Benitez.

Acto seguido repartió responsabilidades a la Secretaria de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y Procuraduría General de la República (PGR).

En primer lugar, Benitez Herrera recordó que diez delegados de la SSP que estuvieron bajo las órdenes de Arturo Bermúdez Zurita fueron ratificados por Jaime Téllez Marié, entre ellos el superior de Marcos Conde Hernández, jefe de los ocho policías detenidos por la desaparición de los cinco jóvenes.

"Yo no dudo que el gobernador tenga la intención de componer el estado, pero si abajo tienes a la misma porquería desde que Fidel Herrera llegó no va a pasar nada. Es la misma mierda nada más que con otras cabezas", fustigó.

El entrevistado también reprobó el silencio de Jorge Winckler durante la reunión al hablar sobre la denuncia que ellos interpusieron en contra de Bermúdez Zurita en febrero de 2017. "Es un títere. El Fiscal no habla si el gobernador no le da la orden", agregó.

A los señalamientos se sumó el abogado Espinoza Rivera, quien dijo que para el delito de desaparición forzada la Fiscalía la asignó a Juan Alatriste Gómez, ministerio público con más de 40 años de servicio en el antiguo Sistema Penal.

"No dudo de su capacidad pero no sabemos si tenga los conocimientos necesarios. Por si fuera poco recién sufrió de un infarto y estará algún tiempo incapacitado", agregó.

Sobre las presuntas omisiones de la PGR el litigante recordó que el organismo federal se declaró incompetente para investigar a 22 detenidos -ocho policías entre ellos- por el delito de delincuencia organizada.

Los restos de dos jóvenes -Bernardo Benitez Arroniz y José Alfredo Díaz Gonzalez- fueron hallados en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, donde la Policía Federal encontró al menos 3 mil restos óseos carbonizados, utensilios para el robo de combustible y carros con reporte de robo.

"Personalmente estoy hasta la madre, cada vez que volvemos a reunirnos -con autoridades- me dan ganas de morirme. Estoy enfermo, iban tres meses que ya no escuchaba esta situación, comenzaba a hacer mi vida y hoy nuevamente llegaron a desbaratarnos”, expresó Bernardo Benítez.

"Entiendo el dolor de 3 mil 600 madres de desaparecidos"

Al final de la entrevista, Columba Arroniz Gonzalez tomó el micrófono y se dirigió a otras 3 mil 600 madres de desaparecidos, -que el gobierno de Veracruz reconoció de los periodos 2006 y 2016-.

“Me imagino el dolor de estas madres y la impotencia. Se cumple 1 año ocho meses desde que el gobierno me quitó a mis hijos y lo único que tengo es una disculpa. Es indignante, una burla a mis derechos como madre y a los derechos de mis hijos".

Fue todo en la reunión de este viernes 01 de septiembre. Un día que marcaría un nuevo episodio en el caso emblemático de Tierra Blanca. Una disculpa que llegó de parte del gobierno estatal pero que "supo a insulto público".  

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