Xalapa, Ver.- La Auditoría Superior de la Federación requirió al gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, la devolución de 217 millones de pesos destinados al Seguro Popular.

Así, el desempeño de la dependencia se puso nuevamente en el ojo de la ASF, que emitió ocho observaciones derivadas de la revisión de la cuenta pública 2017 (primer año de Yunes Linares), por el manejo financiero de los recursos públicos, entre otras cosas, por no aplicarlos.

Estas observaciones, incluyen la no localización de 578 trabajadores, de estos, poco más de la mitad estaban duplicados en la nómina y el resto no fue localizado en sus centros de trabajo al momento de la supervisión.

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¿Qué revisó la ASF?

El Gobierno Federal entregó 3 mil 951 millones 400 mil pesos al Gobierno de Veracruz, y de los cuales, revisó una muestra de 3 mil 137 millones 415 pesos.

Se verificó el gasto de

- Pago a personal, por mil 577 millones 194 mil pesos

- Acciones de Promoción y Prevención de Salud, por 101 millones 628 mil pesos

- Medicamentos y material de curación, por mil 250 millones 692 pesos

- Gastos de operación del personal del Régimen Estatal de Salud, por 146 millones 350 mil pesos

Además, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) pagó 45 millones 396 pesos en apoyo administrativo, 104 millones 4 mil pesos por servicios subrogados, 340 millones de pesos en la operación de unidades médicas y 170 millones 80 mil pesos para mantenimiento de hospitales.

Por su parte, la Tesorería de la Federación (TESOFE) dio a Sefiplan mediante transferencias líquidas por dos mil 34 millones de pesos, que fueron complementados con 221 millones 339 mil pesos recursos en especie; mil 695 millones 517 mil pesos para compra de medicamento, y 163 mil pesos para pago por compensación a Hospitales Federales, que hace un total de 3 mil 951 millones 400 mil pesos.

Sin embargo, para el 28 de febrero del año en curso, el saldo de la cuenta bancaria reflejó 85 millones 165 mil pesos, y no coincidió con los montos reportados en el informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2017 a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), así como con los registros contables y presupuestales, por 130 millones 441 mil pesos.

La ASF observó que la información que se publicó en el Sistema de Protección Social de Salud 2017 no era clara ni congruente, debido a que se determinó una diferencia por 202 millones 911 mil pesos respecto a lo reportado en el informe del ejercicio de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2017 a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Además, la Contraloría General atendió siete de las observaciones, pero quedó pendiente el reintegro de los recursos.

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Los trabajadores que no aparecen

También se detectó que Servicios de Salud integró una plataforma denominada "Validación Electrónica del Personal" que incorporó a cinco mil 823 trabajadores a los cuales se les realizaron pagos con recursos del Seguro Popular 2017, y no se localizó a 266 empleados adscritos a 110 Establecimientos de Salud, y se les realizaron pagos por 79 millones 899 mil pesos.

La Controlaría General justificó los casos inició los procedimientos administrativos, solo quedó pendiente que la Secretaría de Salud justifique por qué dejó de aplicar 217 millones al 30 de abril, cuando se realizó la revisión financiera, por lo que se pidió aclarar el manejo o reintegrar los fondos públicos.

Seguro Popular dio el primero en la lista de perseguidos por Yunes Linares

El ex director del Régimen Estatal de Protección Social, Leonel Bustos Solís, estuvo recluido once días en el Penal de Pacho Viejo, Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

Bustos fue el primer detenido por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares; de acuerdo con las imputaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), en 2014 fue partícipe de un desvío de 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados para los programas del Seguro Popular y Oportunidades. Sin embargo, el exfuncionario consiguió su libertad mediante el amparo de un juez federal.

El 31 de enero de 2017 logró salir del Penal de Pacho Viejo, donde estuvo recluido once días por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

Con información de Avc Noticias

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