Xalapa, Ver. - Tres excolaboradores de Javier Duarte estarían relacionados con un presunto desvío de 316 millones de pesos del programa Prospera. Lo anterior fue observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la Cuenta Pública 2016. Estos personajes han sido intocables por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Uno de ellos es Antonio Gómez Pelegrín, extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); dependencia que, en 2016, únicamente ministró al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), 11 de 327 millones de pesos etiquetados al ramo de salud, para los sectores más vulnerables de Veracruz.

El segundo, involucrado por una aparente complicidad, es Fernando Benítez Obeso, exsecretario de Salud, que no informó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) los resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud.

De igual manera, en la observación de la ASF, se hace mención al extinto Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), por abrir una cuenta bancaria que no fue específica, para la recepción de los recursos federales, en la cual únicamente recibieron el 3.5 de los fondos asignados por Prospera, y no obstante tampoco se inconformaron.

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En el caso del REPSS, ahora Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud (REVEPSS), en ese momento el encargado era Leonel Bustos Solís, quien a la fecha está prófugo de la justicia, acusado de participar en un desvío en 2014, por 2 mil 300 millones de pesos.

En consecuencia, la Contraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició los procedimientos 025/2017, 016/2017 y 024/2017 para determinar las responsabilidades administrativas de los exfuncionarios de cada Secretaría.

La operación “licuadora” paso a paso explicada por la ASF 

La operación “licuadora”, fue un método ilegal que Antonio Gómez Pelegrín, reconoció en su calidad de secretario de Finanzas, en 2016, y consistió en desviar recursos federales a otras dependencias, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El mismo modus operandi fue señalado en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1662

De acuerdo con la observación de la ASF, Sefiplan abrió una cuenta bancaria para la recepción de recursos del programa federal Prospera: componente de Salud 2016. A la par, el REPSS abrió una cuenta bancaria que no especificó, para la recepción y administración de los recursos de Prospera.

La Sefiplan recibió un depósito en 2016, por un monto de 327 mil millones 546 pesos, de los cuales solo transfirió al REPSS 11 millones 460 mil 800 pesos. Por lo anterior, la ASF presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 316 millones de pesos, dinero que Sefiplan no justificó su gasto y cuyo paradero es incierto.

En la observación número 14 del informe, se agrega que la Secretaría de Salud informó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) los resultados de la medición bimestral de las familias beneficiarias con el Paquete Básico Garantizado de Salud, que dependía del depósito del gobierno federal por los 327 millones 546 pesos.

La Secretaría de Salud, tampoco acreditó los informes trimestrales del REPSS a la Dirección General del Programa Oportunidades de la CNPSS, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio de los recursos de PROSPERA 2016 ni del informe anual del ejercicio del gasto. Lo anterior, derivó en la apertura de un procedimiento administrativo contra los presuntos responsables.

Pelegrín, Benítez y Bustos, los exfuncionarios intocables por gobierno de Yunes 

Entre los excolaboradores de Duarte que estarían involucrados en este nuevo presunto desvío de recursos, se encuentra Antonio Gómez Pelegrín, quien pese a tener denuncias en su contra ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría de la República (PGR), hasta la fecha no ha sido requerido por la autoridad.

En 2016, Pelegrín ofreció una entrevista a un medio de comunicación nacional donde confesó que desde 2010 el gobierno de Veracruz comenzó a gastar más de lo que recibía en aportaciones y gestó una deuda pública estimada en los 87 mil millones de pesos.

En la relatoría reconoció que, como sus antecesores, él también usó “la famosa licuadora”, es decir, desvió recursos federales destinados a programas sociales. Según el exfuncionario dichas aportaciones se usaron para el pago de salarios y otras transacciones que aseguró desconocer.

“Se iba moviendo (el dinero) y finalmente se perdía el origen del recurso. Se metía todo en una gran bolsa y se pagaban muchas cosas sin saber el destino”. Ante estas aseveraciones, se le cuestionó por qué no renunció. Él respondió que, si no lo hizo, fue porque la encomienda al frente de Sefiplan significaba un “gran reto” para él.

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Gómez Pelegrín fue denunciado en dos ocasiones, primero en octubre de 2016, ante la PGR; presidentes municipales de extracción panista y perredista lo responsabilizaron de un desvío de 200 millones de pesos, dinero que no recibieron en sus Ayuntamientos y que, según ellos, interrumpieron obras.

De igual manera, el 01 de septiembre de 2016, la Coalición de Pensionistas Independientes (Copipev) denunció a 13 integrantes del consejo directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), incluido Pelegrín, a quienes culpan de saquear al menos 11 mil millones de pesos de la Reserva Técnica.

En el caso de Fernando Benítez Obeso, la FGE determinó no ejercitar acción penal en su contra, por el delito de abuso de autoridad, relacionado con un presunto daño patrimonial de 55 millones de pesos del erario público. La FGE archivó la carpeta de investigación al concluir que no tuvo elementos suficientes para acreditar el delito de corrupción.

Benítez Obeso, fue denunciado el 24 de febrero de 2017, por la empresa GB PLUS INTERMERCADO, S.A. de C.V., quienes lo responsabilizaron de suspender al interior de la Secretaría de Salud un descuento vía nómina a 3 mil empleados que solicitaron créditos con la empresa crediticia.

Finalmente, Leonel Bustos Solís, el 31 de enero de 2017 salió del Penal de Pacho Viejo, donde estuvo recluido once días por los delitos de abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.

De acuerdo con las imputaciones de la FGE, en 2014 fue partícipe de un desvío de 2 mil 300 millones de pesos destinados a los programas del Seguro Popular y Oportunidades. Sin embargo, el exfuncionario consiguió su libertad mediante el amparo de un juez federal. El 02 de marzo de 2017, Bustos debió presentarse a la audiencia intermedia sin embargo no lo hizo y desde entonces no ha sido vuelto a ver en Xalapa, ciudad donde radica.

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