RODRIGO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ

Posibles desvíos de recursos, mal manejo del erario y nula transparencia, son las irregularidades que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en las entidades del país.

Así lo demuestra la tercera y última entrega del "Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016".

En ese año la ASF detectó anomalías en 98 mil 102.9 millones de pesos entregados a las entidades federativas, así como 51 mil 624.7 millones de pesos pendientes de solventar.

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Los estados peor calificados

La auditoría calificó el desempeño de las entidades en la gestión del Gasto Federalizado de dicho año.

De todas las entidades del país, la ASF determinó un promedio de calificación de 79.6 sobre 100.

En cuanto al caso específico de los estados, la entidad que peor manejo del erario registró la ASF es Veracruz, con una calificación de 64.4.

La ASF encontró irregularidades en 19 mil 728.1 millones de pesos en los 88 mil 6.4 millones que le fueron auditados. Además, tiene sin solventar 10 mil 816.9 millones de pesos.

De cada 100 pesos revisados en el erario veracruzano, 22.4 reportaron inconsistencias.

El 2016 fue el último año de Javier Duarte frente a la gubernatura veracruzana, actualmente está preso.

Tras Veracruz, aparece Michoacán como la segunda entidad con peor calificación en el manejo del erario con 64.1.

Además, el estado michoacano encontró irregularidades en el ejercicio de 6 mil 246.9 millones de pesos de los 55 mil 216 millones que le fueron auditados. Sin mencionar, que aún debe solventar 3 mil 845 millones de pesos.

Al menos 11.3 pesos de cada 100 auditados a Michoacán registraron anomalías.

El 2016 fue el primer año de la administración de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán.

Guerrero continúa la lista con 70.8 de calificación. La ASF le detectó anomalías en 3 mil 488.1 millones de pesos de 50 mil 564.1 que le fueron auditados. Además, reporta sin solventar un total de 3 mil 25.8 millones.

La entidad guerrerense tuvo anomalías en 6.9 de cada 100 pesos. 

En dicho año, Héctor Astudillo Flores inició su administración al frente de Guerrero.

Sigue Tamaulipas, con una calificación de 71.4. Registra irregularidades en 5 mil 437.8 millones de pesos de los 38 mil 997.8 millones que le fueron auditados. Asimismo, tiene mil 370.2 millones de pesos sin solventar.

Aquel 2016 fue el último año de gobierno de Egidio Torre Cantú y el primero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La entidad tamaulipeca registró anomalías en 13.9 de cada 100 pesos del erario.

Oaxaca, con una calificación de 71.9, es el quinto estado peor evaluado por la ASF.Reporta irregularidades en 4 mil 369.5 millones de pesos de los 57 mil 290.1 que le fueron auditados. Sin mencionar que tiene pendiente de solventar 3 mil 633.4 millones de pesos.

De cada 100 pesos oaxaqueños 7.6 reportaron inconsistencias.

El 2016 fue el último año de Gabino Cué y el primero de Alejandro Murat Hinojosa frente al estado de Oaxaca.

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Los estados mejor calificados

Por otra parte, el estado que mejor manejo tuvo de las finanzas públicas fue Puebla, con una calificación de 90.3.

A su vez, la entidad poblana mostró irregularidades en 500 millones de pesos de los 67 mil 738 millones que la ASF le auditó. Además, Puebla registra 380 millones de pesos sin solventar.

Al menos 0.7 pesos de cada 100 del erario poblano tuvieron irregularidades.

Durante el 2016, Rafael Moreno Valle gobernaba Puebla.

Seguido de Puebla, aparece Tlaxcala con una calificación de 88.9. En aquel fue el primer año de la administración de Marco Antonio Mena Rodríguez.

En contraste, Tlaxcala tuvo anomalías en 518.8 millones de pesos de los 15 mil 602.7 millones de pesos auditados por la ASF. Asimismo, el estado tlaxcalteco registra 320.1 millones de pesos sin solventar.

De cada 100 pesos, en Tlaxcala 3.3 tuvieron irregularidades.

El tercer estado mejor evaluado por la ASF es Yucatán con 87.9 de calificación. El gobernador de dicha entidad es Rolando Zapata Bello.

Asimismo, Yucatán reportó inconsistencias en mil 294.4 millones de pesos de 24 mil 693.7 que le fueron auditados.  Además, falta de solventar 424.2 millones de pesos.

En tierras yucatecas, 5.2 pesos de cada 100 del erario reportaron irregularidades.

Querétaro, con 87.5 de calificación, continúa en la lista de los mejores evaluados por la ASF.

Gobernado por Francisco Domínguez Servién, reportó anomalías en 259.9 millones de pesos de 20 mil 707.4 millones auditados. También tiene pendiente de solventar 237.6 millones de pesos.

En Querétaro, sólo 1.3 pesos de cada 100 mostraron irregularidades.

Con 87, Campeche es la quinta entidad con mejor calificación en el manejo del erario.

Bajo la gubernatura de Alejandro Moreno Cárdenas, 533.1 millones de pesos de 14 mil 613.4 millones auditados registraron inconsistencias. Más los 287.8 millones de pesos pendiente de solventar.

En la entidad campechana, 3.6 pesos de cada 100 reportaron anomalías.

Las preocupaciones de la ASF

De acuerdo con la ASF, las principales problemáticas detectadas fueron:

Recursos no ejercidos, los cuales corresponden a parte del erario que no fueron utilizados, lo cual refleja, detalla la auditoria, deficiencias en las capacidades de gestión y en el establecimiento de sistemas de control interno por parte de las autoridades.

La falta de documentación comprobatoria del gasto, en algunos casos, dicha problemática puede reflejar potenciales desvíos de recursos.

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, el cual consiste en el traspaso de recursos de las cuentas bancarias específicas de los fondos y programas a otras distintas, lo que significa una nula transparencia en el manejo de recursos públicos.

Retenciones no enteradas a terceros institucionales, que corresponde a impuestos y aportaciones de seguridad social retenidos por los gobiernos locales al personal pagado con recursos federales.

Recursos ejercidos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa.

Recursos no entregados a los ejecutores, así como deficiencias y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores.

Y el pago de remuneraciones indebidas o injustificadas, el cual se refiere al dinero destinado a materia de servicios personales en conceptos que no se consideran en la normativa de los fondos y programas correspondientes.

Con información de La Silla Rota

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