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Diputada incumple con reparación integral por homicidio

  • Miguel Ángel León Carmona
• Omitió incluir apoyo económico que el hijo ya no dio a los padres

Xalapa, Ver. – María Josefina Gamboa Torales, diputada que promovió la Ley General de Víctimas en Veracruz, se limitó a pagar una reparación del daño -por el delito de homicidio culposo- por 333 mil 800 pesos, cantidad que no incluyó la reparación por daño moral, ni gastos materiales que derivaron del agravio que cometió en 2014.

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De acuerdo con la sección de transparencia de la LXIII legislatura, el monto destinado por la congresista para resarcir el agravio, fue recuperado en menos de dos meses de sueldo y compensaciones que percibe en el Congreso de Veracruz, pues su ingreso mensual oscila en los 230 mil pesos.

El juez primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, resolvió que la legisladora panista debió pagar, a través de la compañía afianzadora Mapfre Fianzas SA, únicamente lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, es decir, lo equivalente a 5 mil días de salario.

Lo anterior, tras ser declarada culpable por el delito de homicidio culposo en agravio de José Luis Burela López, joven de oficio tatuador que perdió la vida en un accidente automovilístico ocasionado por Gamboa Torales el 12 de julio de 2014; presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Por el hecho, la entonces directora del Instituto Municipal de la Mujer en Boca del Río, en la administración de Miguel Ángel Yunes Márquez, estuvo presa en el penal de Tuxpan hasta el 27 de febrero de 2015.

Si bien, con este pago en favor de la madre de la víctima - María de Lourdes López Castro - el juez dio por terminado el juicio en contra de la legisladora, la reparación no fue integral de acuerdo con la Ley General de Víctimas, que en Veracruz se aprobó el 30 de marzo de 2017, por una iniciativa de Gamboa Torales.

E-Consulta se apoyó con el asesor jurídico federal Raúl Cabrera, quien explicó, que la reparación hace referencia al delito de homicidio doloso o culposo, en el cual una persona pierde la vida y una segunda, que es penalmente responsable tiene que reparar el agravio.

Refirió que la Ley comprende, como la satisfacción de las víctimas con la resolución jurisdiccional, el acceso a la verdad y a la justicia; pero a su vez la compensación de un lucro cesante y un daño a futuro

“Se toma en cuenta el salario que percibió la víctima en un año de trabajo y después multiplicarlo por el número de años que le habría restado vivir, en promedio, según los estándares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 71 y 72 años. Lo anterior, avalado por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Raúl Cabrera, agregó que, también se debe tomar en cuenta el esfuerzo de los padres de las víctimas, pues por su parte corrieron gastos de estudios. Además, en algún momento serían retribuidos llegada la vejez “Ese dinero es para compensar lo que el hijo ya no pueda darles. Más cuando la persona que pierde la vida era proveedor de la familia”, abundó.

 

Diputada advierte que denunciará a quien publicó su sentencia

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A raíz de la sentencia publicada en un medio de Veracruz, Gamboa Torales aseguró que procederá penalmente en contra de quien haya publicado dicha resolución. Aseveró que en consecuencia se violó la presunción de inocencia y su intimidad.

Apuntó que también denunciará a los funcionarios del Poder Judicial que habrían filtrado esta versión. “Esta persona además de violencia de género, comete un delito contemplado en el artículo 177 del Código Penal”.

La diputada por el distrito XIV, con sede en Veracruz, actualmente preside las comisiones de Atención y Protección de Periodistas y la Especial para respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a la Sociedad Veracruzana, por la problemática de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios a Periodistas.

La congresista ha acompañado a colectivos de familiares de desaparecidos en búsqueda de sus consanguíneos en penales veracruzanos, además de encabezó una marcha por la misma causa en Orizaba, el 29 de abril de 2017, donde también participó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra.

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