Xalapa, Ver.- Desde el 2 de noviembre del 2017 entró en vigor la reforma a la Constitución local por la que se crea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Veracruz; sin embargo, a cuatro meses de su entrada en operación sólo existe el andamiaje legal, pues el nombramiento de los ciudadanos que le darán vida ha sido parcial y se ha politizado.

El próximo 06 de marzo, en la sesión extraordinaria de la Cámara local, rendirá protesta el Comité Coordinador, que tendrá un mes para nombrar a los ciudadanos que integraran el Comité de Participación Ciudadana, órgano de vigilancia para evitar el desvío de fondos públicos.

Actualmente sólo está en operación el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y se realizaron los nombramientos de los magistrados Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez, Luisa Samaniego Ramírez, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez y Pedro José María García Montañez.

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Previo a su designación como magistrados, en diciembre del 2017, se afirmó que los nombramientos se dieron con base a una cuota de partidos, incluido, el poder Ejecutivo y el Judicial, pues se nombró al secretario particular de Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, y a gente cercana a Edel Álvarez Peña, presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El diputado local, presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementeria Molina, planteó que para el mes de marzo se darían los nombramientos del Fiscal Anticorrupción, los Contralores Internos y el Comité Ciudadano, pero falta consenso al interior del Congreso de Veracruz para votar las propuestas.

El SEA en Veracruz no es funcional y el periodo electoral ha obligado una pausa, incluso, el diputado local del PRI, Carlos Morales Guevara pidió que el nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción se prorrogue, en tanto se realizan los comicios locales.

Los favoritos para Fiscal Anticorrupción

Desde que se dio la emisión de la convocatoria para la designación del Fiscal Anticorrupción –en enero del presente año- se dijo que Marcos Even Torres Zamudio, era el elegido.

Su registró se dio en el plazo legal para presentar su documentación y en la fase de entrevista, con la comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, descartó tener el aval del Ejecutivo o de quien fue su alumno en la facultad de Derecho y actual Fiscal General, Jorge Winckler Ortíz.

Recientemente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández, adelantó que la bancada del PAN apoya al visitador de la Fiscalía General de Veracruz, Marcos Even Torres Zamudio –quien desde antes de la emisión de la convocatoria se dijo sería el elegido- y al funcionario del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Andrés Domínguez Fernández, como candidatos a Fiscal Anticorrupción, pero, reiteró, al no lograr mayoría el tema sigue en análisis.

Javier Duarte vició el sistema

En diciembre del 2015 la LXIII legislatura aprobó, en el primer periodo, la reforma constitucional por la que se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, las modificaciones a la carta magna obligaban a quitar el fuero, a crear la Fiscalía Anticorrupción y el nombramiento del Contralor General pasaría por Congreso, quitando la potestad al Ejecutivo.

Para el mes de mayo del 2016 se validó en un segundo periodo y tras el aval de 107 municipios entró en vigor. La reforma cobró vigencia y se apresuró el nombramiento de los funcionarios.

La conclusión del periodo constitucional de Javier Duarte de Ochoa y la urgencia de blindarse ante el mal manejo de los fondos públicos, generó malestar en el gobierno federal.

En el mes de julio del 2016 la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la promoción de una acción de inconstitucionalidad contra el Sistema Anticorrupción de Veracruz. Salvador Sandoval Silva, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, mencionó que el sistema violaba la ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y la ley general de Responsabilidades Administrativas, además de que se tenían que ajustar al Sistema Nacional.

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El 5 de septiembre de ese mismo año la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo el Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz, al validar la PGR.

Yunes también hace el intento

En mayo del 2017 el gobernador Miguel Ángel Yunes presentó la propuesta para crear un sistema Estatal Anticorrupción, por el que se crearía el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción órgano de coordinación entre autoridades del Estado y los municipios, además propuso nuevas atribuciones para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS).

Después de dos periodos ordinarios y el aval de los municipios el 2 de noviembre de 2017 se promulgó la reforma Constitucional que sentó las bases para la entrada en operación del Sistema Estatal Anticorrupción.

En diciembre del año pasado se emitieron las convocatorias para la elección de comités de participación ciudadana, titulares de Controlarías Internas y el Fiscal Anticorrupción.

Ya para enero de 2018 se contabilizó el registro de 184 aspirantes para Fiscal Anticorrupción y Contralores internos de la Fiscalía, el IVAI, el Tribunal de Justicia de Administrativa, Orfis, Congreso local, Comisión de Derechos Humanos, de Atención y Protección a Periodistas, entre otros.

Comité ciudadano, listo

En la sesión del próximo martes rendirá protesta el comité ciudadano integrado por Juan José Sierra Alvaréz, Carlos Antonio Vázquez Azuara, Víctor Manuel Andrade Guevara, Luis López Constantino, Ruy Rodríguez Gabarrón Hernández, David Quintano Díaz, Clara Haydee Cruz Balbuena, Carlos Rafael Fernández Cabrera, Carlos Arturo Luna Gómez.

Dicho grupo tendrá que emitir una convocatoria con el objeto de realizar una amplia consulta pública en Veracruz, para seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Los ciudadanos serán la instancia que coadyuvara al cumplimiento de los objetivos del comité coordinador del sistema en la lucha contra la corrupción.

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