A los estados de Chiapas y a Veracruz los separan 603 kilómetros de distancia, pero los une la pobreza de sus habitantes, al ocupar el primero y sexto lugar entre los estados con mayor marginación en el país. Además de ser, junto con Tlaxcala, las entidades con más casos de trata con fines de explotación sexual.  Más allá de eso, ambos estados entregaron bienes públicos y dinero de sus ciudadanos a los equipos de fútbol de primera división mediante comodatos, donaciones y decretos que beneficiaron a que una cúpula se enriqueciera.

Ambas entidades hicieron esas maniobras en los mismos periodos.

En 2008, cuando  la Gaceta Oficial de Veracruz publicó la autorización del Congreso para otorgar 31 millones de pesos al club Tiburones Rojos, el Periódico Oficial de Chiapas, en su número 134, del 29 de diciembre, difundió el decreto mediante el cual se creó el Fideicomiso para el Impulso y Fomento al Deporte en el Estado (Fideporte), mecanismo para rescatar, con dinero público, al equipo Jaguares, que apareció en primera división en el torneo Apertura 2002, así como financiar la creación e infraestructura de las escuelas de futbol del club.

Con base en ese resolutivo, el gobierno de Chiapas, a cargo del perredista Juan Sabines, adquirió 51 por ciento de las acciones de la empresa SHOWMEX, propietaria de los felinos.

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Dieciséis meses después, el 17 de abril de 2010, en el número 228 del órgano de difusión oficial, el Poder Ejecutivo informó que se había apoderado del 49 por ciento restante, en operaciones financieras que, de acuerdo con los informes de las cuentas públicas del estado, ascendieron a 187 y 50 millones de pesos; sin embargo, sólo diez días después de la última adquisición se vendió la franquicia a Grupo Salinas, propietario de Tv Azteca, y a Interticket.

El semanario Proceso detectó dos contratos diferentes por la venta del equipo, ambos con fecha del 18 de mayo de 2010, uno por 289 millones de pesos y otro por 154 millones 482 mil 567 pesos, pero no identificó en la cuenta pública 2010 que alguna de las dos cantidades estuviera entre los ingresos de Fideporte –extinto en julio de 2013 por el Congreso local–.

Los cambios de gobierno en Veracruz y Chiapas no acabaron con los apoyos para los equipos: el 3 de junio de 2015 el mandatario Manuel Velasco Coello firmó el decreto mediante el cual el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez desincorporaba de su patrimonio una fracción del predio denominado "La Esperanza y sus Anexos", con una superficie de 124 mil 999.40 metros cuadrados, ubicado en la Colonia Infonavit Grijalva, donde se encuentran el estadio Víctor Manuel Reyna, un campo de entrenamiento, un estacionamiento, la Unidad Deportiva y el Campo de Béisbol Panchón Contreras, para enajenarlo vía donación a favor del gobierno de la entidad. El inmueble principal, por un comodato, era utilizado por el equipo.

En tanto, Javier Duarte, mediante el oficio 267 del 5 de noviembre de 2013, solicitó a la sexagésima tercera legislatura autorización para otorgar, también en comodato a favor de Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, de Fidel Kuri Grajales, el estadio Luis Pirata Fuente y las instalaciones que lo integran, al igual que las del Centro de Alto Rendimiento, y el usufructo del nombre, marca comercial y logotipo de los Tiburones Rojos de Veracruz.

Duarte fue el secretario de Finanzas que no sólo autorizó otorgar apoyo económico a los escualos por 31 millones de pesos con cargo al presupuesto de egresos 2007, sino que también donó, por instrucción de Fidel Herrera, 5 millones más tanto a Rojos del Águila de Veracruz como a Petroleros de Minatitlán, 10 millones a Halcones Rojos, un millón a los Albinegros de Orizatlán y 750 mil pesos a Liga invernal, según la Gaceta Oficial.

La remodelación del estadio y los apoyos de Duarte

El 6 de abril de 2017, en el programa Raza Deportiva de ESPN Deportes, conducido por Rafael Ramos, el periodista Eduardo Solís reveló que el gobierno del estado de Chiapas gastó 35 millones de pesos en la remodelación del Estadio Víctor Manuel Reyna, en 2014.

El informador se basó en el contrato SI-OBRA-2014-265 E para trabajos en el inmueble, otorgado por Manuel Velasco.

Sin embargo, no era la primera inversión pública en el inmueble, el exgobernador perredista Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006) reconoció que su administración destinó 50 millones de pesos a la remodelación del coloso.

Pese a la inversión pública en estas franquicias, los equipos no han logrado permanecer en la primera categoría por méritos deportivos.

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El Club Deportivo Tiburones Rojos de la primera división A, ahora denominada Ascenso Mx, que el gobierno de Miguel Alemán Velasco (1998-2004) compró en 2 millones de dólares a Tv Azteca el 22 de enero de 1999 –en una operación que incluía al VeracruzSporting Club de segunda división, cartas de jugadores, marca comercial y derechos de afiliación a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) – regresó al máximo circuito en 2002, pero perdió la categoría en abril de 2008.

El "Tiburón" que lo sustituyó fue la franquicia de Albinegros de Orizaba, que obtuvo el ascenso en el primer semestre de 2013 como Los Reboceros de la Piedad, a la cual Javier Duarte otorgó, mediante un contrato de usufructo, todos los bienes del club: nombre del equipo, marca comercial, logotipo y el estadio Luis Pirata Fuente.

Antes de ello, al Tiburón real, Duarte los subsidió en la división de ascenso con 128 millones de pesos entre 2011 y 2012.

Jaguares de Chiapas, en tanto, fue desafiliado el 8 de junio de 2017 por la Liga MX, la cual hizo efectiva una fianza de 5 millones de dólares para saldar una deuda que el club tenía con su equipo y su cuerpo técnico. Con este resolutivo, aunque los sureños habían descendido en la última jornada, no pudo jugar en el Ascenso MX.

El capital y bienes públicos para equipos de futbol fue entregado en Chiapas por los últimos dos gobernadores, mientras que en Veracruz por tres priístas: Miguel Alemán Velasco –de cuya administración dos funcionarios, además del expresidente de Tiburones Rafael Herrerías y dos personas más fueron encontrados culpables por la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de un desfalco a Fideporte y sancionados con mil 372 millones de pesos, en 2006–,  Fidel Herrera –quien cedió la franquicia al empresario Mohamed Morales, proveedor de su gobierno– y Javier Duarte.

En los territorios de Chiapas y Veracruz, de acuerdo con la medición 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), habitan 3.96 y 4.6 millones de pobres. En segundo estado, además, fue el octavo más violento en México en 2017, con 9.9 homicidios dolosos, 1.1 secuestros y 3.1 delitos de extorsión por cada mil habitantes, según la asociación Semáforo Delictivo, la cual se basó en el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Estadios, la herencia de la afición gubernamental

El Víctor Manuel Reyna de Chiapas no es el único estadio cuya remodelación se financió con dinero público. El 17 de octubre de 2014 la Secretaría de Infraestructura y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla adjudicó a la empresa Acapro de Hidalgo SA de CV el contrato OP/LPN049/SI20141098, por 488 millones 427 mil 600 pesos, para remodelar y ampliar el estadio Cuauhtémoc.

Santos Laguna, con sede en Torreón Coahuila y cuyo socio mayoritario es Alejandro Irarragorri, también obtuvo una condonación de impuestos del priista Miguel Riquelme, más 80 millones de pesos a cambio de que los partidos como local se transmitieran hasta 2017 por televisión abierta, reveló el diario Reforma en su edición del 21 de octubre de 2014.

Al igual que ellos, León obtuvo del gobierno municipal un acuerdo para no cubrir en su totalidad con sus obligaciones financieras.

Los verdiblancos, propiedad de Grupo Pachuca, firmaron el 16 de agosto de 2012 un contrato de arrendamiento con el municipio de León para utilizar el estadio Nou Camp (Querétaro y Morelia también utilizan inmuebles prestados por gobiernos).

La novena cláusula de este convenio, consultado por La Silla Rota mediante folios de respuestas a solicitudes de información, especifica que la empresa Fuerza Deportiva del Club León SA de CV, representada por Jesús Martínez Patiño, pagaría al municipio 108 mil pesos mensuales, con Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, por utilizar el inmueble, y que la cantidad sería actualizada de forma anual, de conformidad con la inflación arrojada por el Banco de México.

Sin embargo, el municipio comprometía, de esa cantidad, aportar mensualmente 95 mil pesos, cada mes, durante 20 torneos cortos a partir del Apertura de 2012; no obstante, el 18 de enero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió la propiedad del coloso a los empresarios Roberto Zermeño y Héctor González.

Los otrora Panzas Verdes, pese a ello, tendrá nueva casa, y su construcción, entrevieron, tendrá el respaldo del erario.

"El gobernador siempre se ha preocupado por el estado y siempre ha apoyado a la Fiera. Nosotros siempre vamos a apoyar el bien del deporte. Van a tener muy buenas noticias, ya se las dará el gobernador más adelante", dijo Martínez Patiño, en conferencia de prensa, el pasado 31 de enero, tras una reunión con Miguel Márquez, mandatario guanajuatense.

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Desde diciembre de 2017, la Secretaría de Finanzas de esa entidad compró un terreno ubicado en Francisco Villa, con extensión de 12.44 hectáreas, que, indicó, costó 280 millones de pesos, misma cantidad que, según el secretario de Educación Eusebio Vega, equivalió a construir 12 planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, que atendían a 30 mil alumnos.

La corrupción detrás del balón, una serie de La Silla Rota, documenta cómo equipos de primera división y de la segunda categoría, denominada Ascenso Mx, obtienen dinero público para beneficio privado.

Esta propuesta fue semifinalista de la convocatoria de investigación periodística de Quinto Elemento Laboratorio.

Con información de La Silla Rota