Xalapa, Ver.- A 730 días de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca quienes fueron entregados a la delincuencia organizada por parte de policías estatales, la cadena de mando policiaco no ha sido castigada.

Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los desaparecidos advierte que tal parece que las autoridades apuestan al olvido, a que no pase nada, a una justicia retardada y señala: “Hemos avanzado poco, así son las leyes en México”.

Recuerda que en febrero interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para castigar a los altos niveles de la jerarquía en la Secretaría de Seguridad Pública por desaparición forzada, y otra para que el caso fuera atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), pero en ninguna obtuvieron respuesta.

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El 11 de enero del 2016, Susana Tapia Garibo de 16 años, José Benítez de la O de 24 años, Mario Orozco Sánchez de 27 años, Alfredo González Díaz de 25 años, y Bernardo Benítez Arróniz, fueron detenidos cuando iban rumbo a Playa Vicente a solo 116 kilómetros de distancia de sus casas. Eran las 11:30 de la mañana de un lunes, entonces los policías declararían más tarde que los jóvenes “ es parecieron sospechosos” y los entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Después, las investigaciones también revelarían que el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde y al menos ochos policías estaban implicados en otros casos de desaparición, que habían reprobado los exámenes de control y confiabilidad y que tenían nexos con el crimen organizado.

Los jóvenes fueron llevados al rancho el Limón en Tlalixcoyan, la policía científica halló ahí un hueso que pertenecía a Bernardo Benítez Arroniz y una camiseta con una mancha de sangre de Alfredo González Díaz, hasta el momento se desconoce el paradero de los otros tres jóvenes, aunque uno de los policías implicados declaró que fueron asesinados en el rancho y quemados con diesel.

Un año después de los hechos, los padres denunciaron ante la Fiscalía General de Estado al ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y cinco mandos policiacos de alto nivel por el delito de desaparición forzada.

En febrero del 2017, los padres aportaron nuevas pruebas que consideraron contundentes para el expediente que se sigue en la Carpeta de Investigación INV. MIN. FGE/FIM/IM/01E/2016.

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Celestino Espinoza Rivera, abogado defensor señaló que hubo omisiones graves de parte de ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como que los policías implicados en la desaparición reprobaron los exámenes de control y confianza, que el entonces delegado en Tierra Blanca Marcos Conde tenía antecedentes penales por portación de arma y estuvo preso en el Penal Federal de Villa Aldama, y que además él, junto a su grupo de policías fueron cambiados de área a pesar de las denuncias e irregularidades en su contra, cambios que fueron aprobados directamente por Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de SSP.

Los ex mandos de la SSP denunciados en la ampliación son: Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública; José Nabor Nava Holguín, Subsecretario de Operaciones de la SSP; José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la SSP; y Andrés Tenorio Quezada, Subdirector Operativo en la Zona Centro.

Avc

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