Xalapa, Ver. – Los padres del caso Tierra Blanca promovieron una demanda de amparo en contra de Jorge Winckler Ortiz y otros cuatro funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a presuntas omisiones en la investigación de Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública denunciado por desaparición forzada. 

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Lo anterior, consta en el juicio de amparo indirecto 1116/2017 del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el estado, perteneciente al Poder Judicial de la Federación; demanda presentada por José Benítez Herrera padre de uno de los cinco jóvenes detenidos arbitrariamente por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el 11 de enero de 2016 y posteriormente entregados a una célula de la delincuencia organizada.

El resto de los funcionarios de la FGE mencionados en el amparo son: Gustavo Vasto Pulido, Fiscal de Investigaciones Ministeriales; Iván Aguilar Alegre, Fiscal Noveno de investigaciones ministeriales; Lucía Lara Carmona Fiscal, Coordinadora de Fiscales Especializados en Delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos; y Juan Alatriste Gómez Fiscal tercero especializado en Delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos.

En entrevista a E-Consulta Veracruz, el abogado Celestino Espinoza Rivera refirió que las inconformidades en la integración de la Investigación Ministerial FGE/FIM/IM/01E/2016 se derivan de una ampliación de denuncia promovida el 09 de febrero de 2017 por las cinco familias afectadas en contra de Arturo Bermúdez y cinco mandos de la SSP señalados como autores intelectuales de la desaparición forzada de sus hijos.

"El acto reclamado es básicamente que la Fiscalía ha sido omisa en pronunciarse en relación a la responsabilidad penal de los ex servidores públicos que eran superiores jerárquicos de Marcos Conde Hernández, exsubdelegado de la SSP en Tierra Blanca”, señaló el entrevistado.

Abundó que, tras la ampliación de denuncia de los padres de Playa Vicente, la FGE dividió la investigación bajo el argumento de que existe la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos; recurso que trae como consecuencia iniciar de cero una investigación que ya contaba con material probatorio para consignar a los mandos de la SSP.

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“Esta decisión de la Fiscalía la veo como un acto que obstaculiza la obtención de justicia en vez de agilizarla, habría que preguntarse si es por negligencia o complicidad", señaló Espinoza Rivera. 

Los exmandos de la SSP denunciados en ampliación son: Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública; José Nabor Nava Holguín, Subsecretario de Operaciones de la SSP; José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la SSP; y Andrés Tenorio Quezada, Subdirector Operativo en la Zona Centro.

De acuerdo con el asesor de las víctimas, las presuntas responsabilidades de estos exfuncionarios, se derivan por conformar la cadena de mando que dictaba las ordenes a los autores materiales de esos hechos, en este caso los ocho expolicías de la SSP: Marcos Conde Hernández, exsubdelegado del distrito de Tierra Blanca, René Pelayo Vidal, Édgar Omar Ruiz Tecalco, Luis Rey Landeche Colorado, Othoniel Cruz Linares, Rubén Pérez Andrade y Édgar Ramón Reyes Hermida.

Espinoza Rivera agregó que “existe la obligación de la Fiscalía de Veracruz de investigar los hechos bajo la lógica de que los policías actúan bajo los principios de obediencia y jerarquía”, más aún, cuando las desapariciones no son un caso aislado en Veracruz.

“Es evidente que se trató de la actuación sistemática de estructuras organizadas de poder. Es una obligación internacional del estado mexicano investigar dicha cadena de mando en todos y cada uno de los casos de Desaparición Forzada de Personas”. 

Poder Judicial admite demanda de amparo a víctimas del delito

La demanda de amparo promovida por las familias de Playa Vicente fue admitida por el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el estado, y, en consecuencia, fue programada una audiencia para el 07 de noviembre de 2017.

Según el acuerdo emitido por ese órgano jurisdiccional, antes de la audiencia los servidores de la FGE deberán presentar un Informe Justificado de sus actuaciones en la investigación contra Arturo Bermúdez Zurita y los cinco mandos por el delito de desaparición forzada de personas.

La respuesta de la FGE deberá emitirla en un plazo no mayor a los 15 días, a partir de la fecha en que les sea notificada dicha demanda, de no hacerlo, indica el acuerdo del Poder Judicial de la Federación, los argumentos de las víctimas serán considerados como ciertos y además serán acreedores a una sanción estimada en los 8 mil pesos.

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