Veracruz.- (Testigo Púrpura/Ana Alicia Osorio) Unas pastillas compradas en una farmacia comercial requirió para interrumpir un embarazo mientras su ginecóloga de confianza estaba al otro lado del teléfono esperando cualquier complicación o duda que pudiera tener, aunque en la consulta ya había buscado aclararlas todas.

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Las leyes de Veracruz le prohibían tomar esa decisión pero tuvo el apoyo de una médica que le permitió llevarla adelante y le advirtió que si algo se complicaba y tenía que ir a un hospital negara en todo momento el uso de las pastillas, pues sería criminalizada

Ella interrumpió su embarazo en la entidad y como ella muchas más, sin embargo no existe un conteo de cuantas mujeres tomaron esta decisión.

Además, según asociaciones civiles 389 veracruzanas han optado por ir a la Ciudad de México donde pueden hacerlo acompañadas de un médico en una clínica, desde que las leyes de aquella entidad lo permiten (abril del 2007 hasta julio del 2017).

A pesar de las interrupciones que se presentan, legisladores y legisladoras locales se negaron a modificar el Código Penal del Estado de Veracruz en materia de aborto para que este no fuera un delito durante los primeros tres meses de embarazo.

“Es importante despenalizar para poder acompañar a las mujeres en las decisiones que de todas maneras están tomando. Se ha comprobado que las mujeres interrumpen el embarazo independientemente de cuál es el contexto legal, entonces el contexto legal es para brindar seguridad y para resguardar la vida de las mujeres”, aseguró Oriana López Uribe, directora de Balance AC, quienes tienen un programa de acompañamiento para las personas de bajos recursos que necesitan acudir a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo denominado Fondo María.

“Ella”- quien no quiere que se brinde su nombre por temor- coincidió con la experta pues aseguró que conoce otras mujeres que hicieron una práctica similar.

“Me molesta que no la permitan (la interrupción del embarazo) por un asunto de ideología religiosa (…) de mis conocidas al menos tres o cuatro también optaron por este procedimiento en embarazos no deseados. Todas ellas una década después actualmente son mujeres exitosas profesionalmente, casadas, con hijos y bebés, más de uno”, narró.

Entre las pastillas y medicamento para el dolor no recuerda exactamente cuánto gastó pero consideró que fue una cantidad elevada.

Del procedimiento solo recuerda que fue en un día de descanso y tuvo un sangrado abundante, un poco más que una menstruación. Su vida ha continuado normal.

Sin embargo, advierte Oriana, hay mujeres que no tienen los recursos para tener un procedimiento acompañado de un médico ni para viajar a México. Ellas podrían optar por métodos peligrosos, o solas para practicarse la interrupción del embarazo.

Por ello, el Colectivo Equifonía considera que las más afectadas al penalizar el aborto son las mujeres con menores recursos económicos.

Las mujeres que no pueden abortar por cuestiones legales y económicas, son forzadas a continuar con un embarazo y tener un hijo con todo lo que ello implica.

Por la imposibilidad de detener los embarazos por decisión y la falta de aplicación de las leyes en la materia, un grupo de asociaciones civiles solicitó a las autoridades federales una Alerta de Violencia de Género para la entidad.

Las leyes en el país contemplan dos tipos de Alertas de Violencia de Género. Una se refiere a las violencias y violencia feminicida- y ya está decretada en el estado- y otra es porque las leyes provocan problemas a las mujeres y son más retrasadas que en otra entidad.

La Conavim (instancia encargada a nivel nacional de las Alertas) determinó que era necesario que los gobernantes de Veracruz hicieran acciones en específico con respecto a las leyes que agravian a las veracruzanas y su aplicación. Les dio un plazo de seis meses que se vencieron el 30 de septiembre.

Al Congreso del Estado le pidió que modificaran los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal que se refiere al aborto y los diputados lo aceptaron; sin embargo después de recibir una propuesta de modificación, en sesión de este 28 de septiembre se negaron a hacerlo.

El gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, también aceptó la recomendación de ser él quien presentara esa iniciativa, pero igual que el congreso lo incumplió.

La propuesta fue presentada en julio por diputadas y diputados de diversos partidos políticos, algunos de los cuales al final votaron en su contra, como María Josefina Gamboa Torales y Cinthya Amaranta Lobato Calderón.

Los integrantes del Congreso dijeron que no se podía discutir la iniciativa ya que la Constitución local protege la vida desde la concepción, aunque las mismas recomendaciones de la Conavim señalan los Tratados Internacionales – que tienen el mismo rango que la Constitución Federal- por lo que debían hacer los cambios.

Entre las modificaciones que tenían que hacer los diputados era que no fuera considerado un delito interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas.

Además, les pedían colocar la causal salud para que las mujeres con alguna enfermedad pudieran decidir si continuar su embarazo y quitar el plazo a las interrupciones por violación ya que actualmente únicamente se puede realizar en los primeros 90 días.

Los retrasos para hacerlo y las mujeres que no se percatan del embarazo hasta pasado el plazo no fueron discutidos en el Congreso Local, donde rechazaron siquiera abordar a fondo ampliar las causales.

La directora de Balance AC informó que el Fondo María acompañó a dos veracruzanas que detectaron que en el estado de Veracruz les daban largas para poder interrumpir su embarazo aun cuando era por violación, esperando que finalmente no lo hicieran.

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“Se dieron cuenta que en los Ministerios Públicos no les dijeron que no, pero estaban esperando que se les pasara el tiempo para que no pudieran viajar a la Ciudad de México”, señaló al explicar que en la capital del país no existe plazo por aborto por violación, pero las interrupciones por esa causal debe ser realizada en el estado donde se lleva el caso.

Actualmente la Norma Oficial Mexicana 046 señala que no es necesario la autorización del Ministerio Público pues únicamente con que las mujeres se presenten en un hospital con una carta firmada por ellas mismas, los médicos deben practicarles el procedimiento.

Entre las recomendaciones de la Conavim para el estado también se encontraba que los médicos conocieran esa norma y la aplicaran.

Con eso se pretende evitar casos como el de una menor acompañada por Fondo María.

Ella es de la sierra veracruzana, fue violada y puso la denuncia, pero le negaron interrumpir el embarazo aun cuando estaba contemplado por la ley, por lo que tuvo que buscar una asociación civil que la ayudara con los gastos.

Después del procedimiento en Ciudad de México fue necesario que esperara cuando menos dos días allá, pues para regresar a su casa necesitaba hacer una caminata de dos horas desde el punto donde la dejaba el camión.

La directora de Balance AC indicó que han acompañado dos casos de menores de edad en situaciones similares y en uno las autoridades le dijeron a la joven sobre la asociación civil que representa, en lugar de cumplir con la obligación de practicar la interrupción.

Otras recomendaciones que se encuentran plasmadas en el documento de la Conavim son hacer los programas sobre la forma en que se interrumpe el embarazo en el estado y difundirlo.

Así como garantizar que las mujeres que quieren realizarse un aborto puedan hacerlo y llevar las estadísticas de los que se hacen por violación de las que se carece actualmente, además de revisar los casos de las mujeres que estén detenidas por aborto u homicidio en razón de parentesco – cargo del que en ocasiones se les acusa cuando es un aborto-.

Aún será necesario que un grupo de expertas revise los trabajos que hizo el Estado estos seis meses que tuvo para cumplir con las recomendaciones y el Gobierno de Veracruz podría pedir seis meses más para ahora sí cumplir con lo que ya aceptó hacer.

Ante la negativa de los diputados de modificar las leyes las asociaciones civiles de Veracruz consideran que es inminente que se decretará la Alerta de Género por Agravio Comparado. Esta sería la primera vez que se haría una de ese tipo en el país.

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Mientras, las mujeres que tengan un aborto involuntario no deben ser perseguidas, aquellas que hayan sido violadas tienen la opción de interrumpir su embarazo (en los primeros 90 días de embarazo), al igual que quienes fueron inseminadas artificialmente sin su consentimiento.

Las que tengan su vida en riesgo o que el producto tenga malformaciones deben esperar que dos médicos les permitan interrumpirlo.

El resto, debe someterse a las leyes que impiden a las mujeres decidir.