SHARENII GUZMÁN

En los últimos cinco años la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) se ha empeñado en emitir denuncias y recomendaciones por el mal uso y "desaparición" de recursos públicos que bajan desde el gobierno federal hacia universidades, en una especie de triangulación que ha dejado miles de millones de pesos sin comprobar.

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Proyectos de instituciones educativas en zonas de pobreza han ocasionado un daño al erario por más de 6 mil 208 millones 87 mil 600 pesos a través de convenios con dependencias federales realizados de 2011 a 2015, según la ASF.

En sus cuentas púbicas  la auditoría detectó "un modus operandi" en la que la Federación suscribió convenios con universidades para el desarrollo de proyectos, que a su vez subcontrataron empresas que simularon servicios y no comprobaron gastos.

"Estos convenios de coordinación han sido un mecanismo que, en lugar de proveer una reducción de costos y mayor eficiencia en el ejercicio del gasto, ha generado falta de control y desvío en el uso de los recursos públicos", indica el órgano auditor.

Sin comprobar

Bajo este esquema de colaboración, la ASF auditó a 21 universidades. La que más mostró  irregularidades fue la Autónoma del Estado de México, la cual efectúo convenios del 2011 al 2014 y presentó un hoyo presupuestal de mil 606 millones 382 mil 600 pesos.

Le siguió la Autónoma de Morelos que no pudo comprobar 903 millones 572 mil 600 pesos durante el 2013 y 2014.

Las dependencias con las que más hicieron acuerdos las 21 instituciones educativas fueron Petróleos Mexicanos (Pemex) y las secretarias de Desarrollo Social (Sedesol), Educación Pública (SEP) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Uno de los casos que destaca la ASF es de las universidades del Estado de México y Morelos que en 2014 y 2013, mediante convenios con la Sedesol para el programa Cruzada contra el Hambre —en la gestión de Rosario Robles—, subcontrataron a varias empresas, que a su vez transfirieron 739 millones 542 mil 100 pesos a Esger Construcciones, dinero del que se no pudo comprobar su destino.

Se encontró, por ejemplo,  que los proveedores que transfirieron los recursos a Esger no fueron localizables y Esger, a pesar de que aparece en el Registro de la Propiedad constituida en 2011 como empresa especializada en administración y supervisión de construcción de naves, plantas industriales, inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, no tiene otro registro oficial ni siquiera página de internet.

Las denuncias

La ASF ha realizado denuncias y recomendaciones durante cinco años, en los que ha tenido poca o nula respuesta. El órgano auditor pide que las adquisiciones de bienes y servicios se publiquen en el portal CompraNet, demanda que tampoco ha sido atendida. 

Todos los casos son Auditorías Forenses, aquellas investigaciones que realizan a fondo con la presunción de encontrar ilícitos, bajo el rubro de Convenios y Contratos.

En el 2010 sólo se revisó un convenio, y hubo recomendaciones, pero es hasta 2011 que observaron desvíos claros. Desde principios de años, la ASF advirtió que también se detectó el mismo esquema de operación y desfalco en 2016.

Estos convenios tienen sustento legal en el artículo primero, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), con el que pueden adjudicar contratos para la prestación de servicios sin realizar licitación pública

Los convenios se realizaron con la autorización de los rectores en curso. En la mayoría de los casos se detectó que las universidades subcontratan a las empresas en promedio hasta con el 90 por ciento de los recursos que les dieron las dependencias. Por lo que la ASF presume que ese 10 por ciento es una comisión que se queda en las instituciones educativas. 

En todos los casos, La ASF comprobó que las universidades cuentan con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar los servicios sin la necesidad de subcontratar a terceros.

Cuenta Pública 2015

En esta auditoría se detectó un desvío de 921 millones 987 mil 900 pesos del erario a través de convenios y contratos realizados entre las universidades Tecnológica de Nezahualcóyotl, Politécnica de Texcoco, Tecnológica del Sur del Estado de México, y la Autónoma de Zacatecas "Francisco García Salinas" con Sedesol y Sagarpa.

Un total de 611 millones 711 mil 900 fueron otorgados por Sedesol a tres universidadesdel Edomex. Mientras que Sagarpa dio a la Autónoma de Zacatecas 219 millones 430 mil pesos.

De manera adicional, Desarrollo Social pagó de sus propios recursos, una cantidad de 89 millones 959 mil pesos a coordinadores técnicos sociales, cuando este dinero debió cubrirse a través de los convenios suscritos con las universidades del Edomex.

La ASF detectó que en 2014, la Sedesol firmó el mismo convenio de coordinación con la Universidad Autónoma del Morelos por un monto de 428 millones 859 mil pesos, en donde se observó hubo incremento de costos y subcontratación de terceros que simularon servicios.

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Cuenta Pública 2014

Las universidades Autónomas del Carmen, Edomex y Morelos no pudieron comprobar 2 mil 048 millones 888 mil 900 pesos, recursos otorgados por las dependencias federales: Sedesol, FOVISSSTE, Pemex, Sagarpa, SúperISSTE, Secretaría de Economía (SE), Diconsa e INEA.

Estas dependencias suscribieron más de 70 convenios con las tres universidades. La UAEM desapareció 449 millones 273 mil 300 pesos, la UAEMOR 441 millones 936 mil  300 pesos, y la UACA mil 157 millones 679 mil 300 pesos. De entre las irregularidades destacan el rebase de lo permitido en la contratación a terceros, pagos y cobros injustificados, servicios no comprobables.

En esta cuenta pública, la ASF resalta el caso de la UAEMOR que suscribió tres convenios con la Sedesol por 425 millones 423 mil 900 pesos y contrató los servicios con cuatro supuestos proveedores por un total de 399 millones 608 mil 300 pesos, de los cuales transfirieron a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., ajena a los servicios solicitados, un total de 350 millones 254 mil 100 pesos, es decir el 82.3% de los recursos que recibió de la dependencia federal.

Los servicios nunca se ejecutaron, las universidad no presentaron comprobantes de pago y no se localizó a la empresa Esger.

Cuenta Pública 2013

Mediante este modus operandi de subcontratación de terceros a través de instituciones públicas de Educación Superior con dinero de la Federación, siete universidadesubicadas en estados de alta marginalidad causaron un daño presupuestal de mil 795 millones 225 mil 800 pesos.

Las universidades son Autónoma del Estado de México, Autónoma del Estado de Morelos, Juárez Autónoma de Tabasco, Tecnológica de Tabasco, y la Politécnica del Golfo de México, Popular de la Chontapala y el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), estas últimas situadas en Tabasco.

Estas instituciones educativas realizaron convenios con la SEP, PEMEX, Registro Agrario Nacional (RAN), BANOBRAS, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SAGARPA y SEDESOL.

La UAEM y UAEMOR, cada una subcontrató, con recursos de la Sedesol, a empresas que por su cuenta transfirieron más de 389 millones 288 mil pesos a Esger, Servicios y Construcciones, S.A de C.V. sin que ésta tuviera que ver con los servicios requeridos.

Este esquema se repite en varios de los contratos, en donde distintos proveedores subcontratados por las universidades transfieren a una empresa ajena a los servicios y que pudieron comprobar lo convenido.

Cuenta Pública 2012

En 2012 se revisaron los convenios que suscribió el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Universidad Autónoma de México con varias dependencias federales en el que se encontró un desfalco de 424 millones 574 mil 600 pesos.

La UAEM recibió de CONACULTA, SEP, DICONSA, INFOTEC, SAGARPA y COFETEL

la cantidad de 844 millones 745 mil 200 pesos para el desarrollo de proyectos, de los cuales no pudo acreditar 350 millones 478 mil 500 pesos.

La Sedesol otorgó mediante tres convenios al INAP, la suma de 591 millones 476 mil 700 pesos, de esos recursos desaparecieron 74 millones 096 mil 100 pesos en supuestos servicios brindados por terceros.

Cuenta Pública 2011

Este es el primer año que la ASF detecta un desvío por más de 5 millones 763 mil 100 pesos resultado de 45 convenios entre seis universidades con 13 dependencias federales, de las que destacan Pemex, Sagarpa, Conacyt y las secretarías de Economía, Seguridad Pública, Salud y Educación, entre otras. 

Las universidades que suscribieron convenios y a su vez subcontrataron los servicios fueron la Autónoma de Campeche, Autónoma de Coahuila, Autónoma del Carmen, Autónoma del Estado de México y la Universidad Veracruzana

En esta cuenta pública destaca el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que fue la única institución educativa en hacer convenios con dependencias federales y cumplir en términos generales con lo establecido.

Con información de La Silla Rota

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