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Ex secretario de Finanzas de Duarte es vinculado a proceso

  • Miguel Ángel León Carmona
Fiscalía lo acusa de haber instruido el desvío de 2 mil 300 millones de pesos.

Xalapa, Ver. - Mauricio Martín Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación en el sexenio de Javier Duarte, fue vinculado a proceso por el probable delito de coalición en agravio del servicio público, al haber instruido el desvío de 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados a los programas Aportación Solidaria, Seguro Popular y Oportunidades.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, acusó que en las fechas 28 de noviembre, 10 y 16 de diciembre de 2014 se realizaron 23 transferencias bancarias a cuentas del Gobierno de Veracruz, en concreto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEFIPLAN).

Lo anterior, sostuvo la parte acusadora, se conoció mediante un peritaje a cargo del bufete de contadores Price Water House Cooper que involucra a Leonel Bustos Solís, ex director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y a Tarek Abdalá Abad, entonces tesorero de la SEFIPLAN, ambos como autores materiales.

Cabe mencionar que el bufete contable (Price Water House Cooper) que prestó sus servicios como perito valuador a la Fiscalía de Veracruz es la misma a la que pertenece Mauricio Audirac Murillo hasta el día de hoy como socio.

Con base en la carpeta de investigación FGE/FMI/17/2017/IX/03, Audirac Murillo giró tres oficios al titular de la REPSS (512 - 2014, 1562 - 2014 y 1573 - 2014) en los que instruyó se depositara a cuentas de la SEFIPLAN un total de 2 mil 300 millones de pesos con la excusa de invertirlos en beneficio de las finanzas del estado.

Asimismo, la FGE dio a conocer que si bien el tres de diciembre de 2015 se efectuaron 10 transferencias por un monto de mil millones de pesos de una cuenta de la Sefiplan a la del REPSS, fueron a cuentas de particulares, al día de hoy desconocidas, y se desconoce el uso que se le dio a los 1 300 millones de pesos restantes.

A continuación se detallan los depósitos recibidos en las arcas de la SEFIPLAN entre el 28 de noviembre y el 16 de diciembre de 2014:

28 de noviembre de 2014, 1200 millones de pesos: 

1.- 153 millones de pesos a la cuenta 212490855 

2.- 62 millones de pesos a la cuenta 0359075651

3.- 89 millones de pesos a la cuenta 0809225233

4.- 120 millones de pesos a la cuenta 0859511249 

5.- 20 millones de pesos a la cuenta 021248576 

6.- 19 millones de pesos a la cuenta 0570048942 

7.- 192 millones de pesos a la cuenta 0631577397

8.- 111 millones de pesos a la cuenta 0659075660 

9.- 83 millones de pesos a la cuenta 0809224898

10.- 156 millones de pesos a la cuenta 0859514455

11.- 195 millones de pesos a la cuenta 0212489484 

12.- 58 millones de pesos a la cuenta 0659075651

13.- 69 millones de pesos a la cuenta 0809225233 

14.- 116 millones de pesos a la cuenta 0859511249 

15.- 15 millones de pesos a la cuenta 0212985767 

16.- 14 millones de pesos a la cuenta 0570048442 

17.- 187 millones de pesos a la cuenta 0631879397

18.- 106 millones de pesos a la cuenta 0659075660

19.- 79 millones de pesos a la cuenta 0809224898

20.- 151 millones de pesos a la cuenta 0859514455

10 de diciembre de 2014: 

21.- 55 millones de pesos a la cuenta 0212489484 

16 de diciembre de 2014: 

22.- 55 millones de pesos a la cuenta 0212490855

23.- 195 millones de pesos a la cuenta 0212489484

En la parte final de la audiencia, la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez, determinó como válidas las pruebas de la Fiscalía, entre ellas el nombramiento como secretario de Finanzas entregado a Mauricio Audirac por el exmandatario Javier Duarte, con fecha el 28 de noviembre de 2014, lo cual dijo, avala su responsabilidad como servidor público.

Sosa Jiménez, rechazó el plazo solicitado por la Fiscalía para completar las investigaciones (seis meses), pues dijo que la investigación no puede ser equivalente a la pena mínima del delito de coalición, que de acuerdo con el Código Penal Vigente de Veracruz va de seis meses a seis años de cárcel. Por lo anterior, la Fiscalía contará con 90 días para desahogar las pruebas contra el vinculado.

En ese periodo, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, solicitará pruebas grafoscópicas y de auditoría para comprobar que el destino de las partidas federales no tuvieron el uso señalado por los lineamientos estatales y federales.

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