Xalapa, Ver.- El Fiscal General del Estado (FGE) Luis Ángel Bravo Contreras; la Fiscal Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, María Aurea Cortés García y los ministerios públicos “simularon” laborar en las investigaciones,  y cometieron “omisiones graves” porque a las familias les negaron datos claves como la “sabana de las ultimas llamadas telefónicas” que hicieron las víctimas, señaló la integrante del Colectivo Familias Desaparecidas de Orizaba –Córdoba, Aracely  Salcedo Jiménez.

El lunes pasado, el Fiscal general del Estado entregó ante la LXIV legislatura local,  su renuncia con carácter de irrevocable a partir del 01 de diciembre del 2016, por lo que ahora las familias de personas desaparecidas piden que el próximo Encargado, de respuesta puntual a los casos denunciados y esclarezca las “omisiones graves” que hicieron los ministerios públicos.

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“No le dieron un seguimiento oportuno a los casos de nuestros hijos, ni siquiera se integraron las sabanas de llamadas, de las videograbaciones que se pedían de las cámaras de vigilancia, tampoco presentaron los testigos, o tampoco presentaron a la gente que estaban involucrados en los casos de nuestros hijos desaparecidos”, informó.

Bravo Contreras debió esperar la llegada de la próxima administración estatal a cargo del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, para que “le entregue cuentas claras de cada uno de los casos de desaparecidos antes de renunciar”, expresó la madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida el 07 de septiembre del año 2012 en Orizaba.

“Queremos justicia para nuestros hijos desaparecidos. Luis Ángel nos queda a deber muchos compromisos. Si se reunía con nosotros en mesas de trabajo, pero solamente era hablar y los ministerios públicos lo único que hacían era volver a hacer oficios y sin investigar”, expuso.

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Acusó que los ministerios públicos integraron carpetas de investigación de personas desaparecidas con “pura paja”, sin información que pudiera servir para dar con los responsables, o conocer porque se los llevaron, para dónde y encontrarlos.

“En las carpetas de investigación, no hay información que nos pudiera servir. La Fiscalía no nos enseñaba las sábanas de llamadas, nos decía que Telmex y otras compañías telefónicas se niegan a entregarlas, cuando de forma particular si hemos conseguido esas sábanas de llamadas, cómo uno si puede y ellos como autoridades no”, acusó.

Salcedo Jiménez informó que el Colectivo Familias Desaparecidas de Orizaba –Córdoba, en el que se incluyen también los municipios, de Nogales, Ciudad Mendoza, Fortín de las Flores y Paso del Macho,  tienen documentados los casos de 55 personas desaparecidas en los últimos seis años, y ninguno ha sido localizado por la FGE.

Otra omisión de la FGE fue que a los familiares de desaparecidos les tomaban una, dos y hasta tres veces las muestras de sangre a fin de obtener el ADN y poder integrar las carpetas de investigaciones a fin de comparar los perfiles con los cuerpos sin vida y sin identificación que fueron a dar a las fosas comunes de la dirección de Servicios Periciales.

“Hay casos de desaparecidos de hace muchos años, que ni siquiera están integradas debidamente. De nada servía que supuestamente tomaban perfiles de ADN, no nos ayudaron a encontrar a ninguno de los casos que tenemos documentados. Lo peor es que hay muchos familiares que ni siquiera han logrado ver las carpetas de investigación”, explicó.

Avc

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