El gobierno de Veracruz no sólo no ha cubierto los adeudos que arrastra con la casa de estudios desde 2009, sino que durante este 2016 ha acumulado 720.2 millones de pesos de nueva deuda.

Clementina Guerrero García, Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de la UV, informó que al mes de mayo del presente año, la administración de Duarte de Ochoa debe dos mil 482.3 millones de pesos a la casa de estudios.

Durante su intervención en la reunión del Consejo Universitario General (CUG) de la Universidad Veracruzana (UV), informó que de los adeudos acumulados durante este año, 341.1 corresponden a cuotas del IPE e Impuesto sobre la Renta retenidos a los universitarios, pero no enterados a nombre de la UV ante Hacienda y el organismo de pensiones.

Por esta situación, Alberto Islas Reyes, Abogado General de la UV, dio a conocer que fueron tramitados ocho juicios de amparo por diversos académicos y uno más por alumnos universitarios.

Los juicios fueron interpuestos en juzgados de los distritos de  Xalapa, Poza Rica, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos.

Además, se encuentran vigentes dos denuncias de hechos y una demanda de amparo interpuestas por la rectoría ante la instancia federal y estatal, para requerir se cubra el adeudo a la Universidad Veracruzana.

En su intervención, José Luis Cuevas Gayosso, director de la Facultad de Derecho, dio a conocer que ha remitido diversos oficios a la Legislatura del Estado, a fin de solicitar una mesa de diálogo para exponer algunos requerimientos.

La respuesta de los  legisladores veracruzanos fue de plena disposición, y está por determinarse la fecha del encuentro.

Entre los planteamientos que buscan hacer al Congreso de Veracruz, se encuentran: el que no se modifique el Artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado (IPE), que se reforme el cuarto párrafo del artículo X  de la Constitución Política del Estado de Veracruz y que se le otorgue autonomía presupuestaria a la UV a partir del cinco por ciento del total del presupuesto estatal.

Asimismo, la comisión universitaria pretende exponer que la disminución del presupuesto a la UV para el ejercicio 2016 es violatorio en el principio constitucional regulador de la Ley General de Educación.

Sara Ladrón de Guevara, rectora de la UV sostuvo que “firmeza no nos ha faltado para exigir lo que nos deben” y reconoció que en esta lucha se ha contado, de manera inédita, con el apoyo de distintas organizaciones que se suman al reclamo de la UV.

El Consejo Universitario General aprobó un punto de acuerdo para exige al gobierno estatal atender el calendario de pagos establecido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (SEFIPLAN), ministrar a la UV el subsidio estatal ordinario, enterar a nombre y cuenta de la institución los pagos pendientes por concepto de impuesto sobre la renta de 2014 y 2015, efectuar el entero del mismo impuesto de 2016 y pagar a esta casa de estudios los subsidios ordinarios y extraordinarios pendientes de 2008 a 2015.