Xalapa, Ver. La presunta lista con los nombres de 20 periodistas ligados al hampa y que serían los próximos a ser ejecutados no está en manos de la Fiscalía General del Estado, confirmó el titular, Luis Ángel Bravo Contreras.

Dicha lista habría sido entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) al gobernador, Javier Duarte de Ochoa, según dijo el periodista Ricardo Ravelo Galo, en su reciente visita a la capital del estado, para presentar su nuevo libro “Ejecuciones de Periodistas: los expedientes”, donde da cuenta del avance en las investigaciones de los homicidios de reporteros.

Además, ante el supuesto desaseo que señaló el comunicador en cuanto a las investigaciones de la FGE en torno a los esos casos, el fiscal general subrayó categórico que no existe tal situación.

“El tema de las averiguaciones hablaban por ahí de algún desaseo en alguna investigación, pero si una investigación es cuidada por organismos nacionales e internacionales son las que tienen que ver con ataques a periodistas, en ese sentido garantizo que todas las investigaciones no han recibido ningún llamado de atención de esos instrumentos”, declaró Bravo Contreras.

En otro tema, deslindó a la FGE de señalar que existan candidatos relacionados con el crimen organizado o con algún delito en el presente proceso electoral.

“La ley dice que si hay sentencia podría constreñirle alguna limitación, pero si alaguna persona se registra sin estar con sentencia lo puede hacer, se privilegia el principio de presunción de la inocencia”, refirió.

De esta manera reconoció que un aspirante a un cargo de elección popular de cualquier fuerza política se puede registrar y competir en el presente proceso electoral, sin problema pese a estar siendo investigado o investigada.

Ante casos como el de la priista Patricia Berlín Mendoza, cuñada de Francisco “Pancho” Colorado, -preso en Texas acusado de lavado de dinero presuntamente a favor del grupo de Los Zetas-, quien busca competir por la diputación local en Poza Rica, el fiscal general dijo que tienen que ser los organismos electorales los que deben de determinar la viabilidad de una candidatura.

“Ahí las autoridades que tienen que calificar la viabilidad de los candidatos es la justicia electoral, no la penal, pues esta es la que busca esclarecer los casos y decir quiénes son los responsables de un delito”, insistió.