Xalapa, Ver.- A casi ocho meses del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, junto a Nadia Vera, Alejadra, Mile, y Yessica, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no solo no ha resuelto los casos, se ha negado a desarrollar diligencias para avanzar en la investigación, afirmó Leopoldo Maldonado, abogado de la familia de Rubén y oficial del Programa Legal de Artículo 19.

En el informe MIEDO 2015, revela que los encargados de las investigaciones, han incurrido en violaciones de los derechos de las víctimas de diversas maneras: a través de filtraciones a la prensa sobre información sensible, por la falta de una investigación diligente y el tratamiento denigrante a los familiares de las personas asesinadas.

“La PGJDF se ha negado a desarrollar una serie de diligencias solicitadas por los familiares del fotoperiodista que podrían resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos”, dijo.

Entre las diligencias solicitadas por los familiares de Rubén, se encuentran, que la autoridad se ha negado a realizar se encuentran: Determinar con mayor exactitud la posible secuencia de cómo ocurrieron los hechos dentro del departamento y ampliar la mecánica de los hechos; establecer el número de participantes en la ejecución y facilitación del crimen (las pruebas de ADN obtenidas arrojan la presencia de un sujeto más de sexo masculino).

La autoridad también se ha negado a profundizar en la línea de investigación relacionada con los antecedentes de amenazas en contra de Nadia y Rubén, haciendo énfasis en su activismo y periodismo crítico, respectivamente, y en la existencia de actos de hostigamiento y acoso previo (que hasta el momento han sido relegadas de las investigaciones).

En la investigación tampoco se ha podido geolocalizar los teléfonos celulares de las víctimas para establecer las comunicaciones que hicieron ese día.

El abogado señaló que otra violación en la que han incurrido las autoridades de la PGJDF, es la filtración de datos sensibles de las víctimas, que han servido como gancho para estigmatizarlos, criminalizarlos y no investigar el entorno profesional y el acoso del que eran objeto Nadia y Rubén.

Una de las inconsistencias más graves, son las incongruencias en las declaraciones de dos de las tres personas detenidas por estos crímenes.

“Mientras uno de los detenidos alega que fueron al departamento a buscar los servicios sexuales de una de las víctimas, el otro ha dicho que acudieron a robar una bolsa de droga. El tercer procesado ha negado todos los hechos”.

Maldonado señala que además se ha negado a familiares de las víctimas los accesos a los expedientes de las investigaciones y, en el caso de Rubén, han filtrado información a la prensa sobre los resultados del examen toxicológico practicado como parte de su necropsia.

Avc