Coatzacoalcos, Ver.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a una queja en contra del gobierno mexicano por presuntas violaciones a los derechos de una persona por parte del ayuntamiento de Minatitlán, en la parte sur del estado de Veracruz.

El pasado 22 de febrero, la CIDH confirmó que la denuncia interpuesta el 15 de septiembre del 2015 quedó registrada y actualmente se encuentra en estudio, luego de que un ciudadano al que se le diagnosticó VIH en febrero del 2014 fue despedido de su empleo en un antro de vicio ubicado en el municipio de Minatitlán.

Lo anterior, debido a que el gobierno municipal ventiló su condición y divulgó sus datos personales en un permiso suscrito por la regidora Dulce Mariel Ruiz Sánchez, en el cual también se le obligaba acudir periódicamente a un Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) aún sin dedicarse al sexoservicio, según el artículo 87 del entonces reglamento de profilaxis.

Tal artículo indicaba que “las personas que se dediquen a la prostitución así como todo el personal que labore en bares, cantinas y similares deberán asistir puntualmente a las revisiones médicas municipales que les practicará el médico municipal”. Mientras que el permiso firmado por la regidora Dulce Mariel Ruiz manifestaba “permiso con carácter indefinido al ciudadano (nombre) para poder laborar en sus actividades laborales, excluyendo el sexoservicio, asimismo deberá cumplir con el tratamiento y control en Capasits puntualmente”.

El agraviado interpuso el 22 de diciembre del 2014 una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), cuya instancia resolvió que “se le estaba coartando y prohibiendo realizar actividades que tuvieran que ver con el sexo servicio, emitido de manera abierta y pública, difundiendo y revelando datos personales e información confidencial y reservada del citado quejoso, entre los cuales, su nombre y condición de salud, propiciándose con ello que se enteraran varias personas de su padecimiento, entre los cuales se encuentran quienes fungían en ese momento como sus patrones, y por lo que finalmente fuera despedido”.

Casi un año después de tramitar la queja, la CEDH emitió la recomendación 36/2015 al ayuntamiento de Minatitlán toda vez que la regidora de salud Dulce Mariel Ruiz Sánchez y el responsable del área de Profilaxis de la Clínica de la Mujer, Adrián Ficachi Rosario, habrían incurrido en hechos violatorios de derechos humanos, al atentar contra la protección, privacidad y confidencialidad de datos personales así como a la igualdad, trato digno, respeto y no discriminación.

El organismo estableció que gobierno minatitleco tenía que modificar su reglamento de profilaxis y aplicar una sanción a la regidora Dulce Mariel Ruiz Sánchez, lo cual no fue acatado, pues el cabildo aprobó los cambios al artículo 87 del documento en octubre del 2015 –condicionando a las revisiones únicamente a las personas que se dedicaran al sexoservicio- pero la normativa no se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

A consecuencia de lo anterior, el 14 de enero del 2016, la parte agraviada interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) un recurso de impugnación en contra de la recomendación 36/2015 emitida por la CEDH dentro del expediente Q-DAM-1264-2014.

El 26 de enero del presente, la CNDH envió a la CEDH un requerimiento para que remita un informe sobre la recomendación impugnada, lo cual podría dar como resultado en un plazo no mayor a 60 días hábiles la declaración de insuficiencia en el cumplimiento de la recomendación del organismo estatal por parte de la autoridad local a la cual se dirigió, supuesto en el que la Comisión Nacional, formulará una Recomendación dirigida a dicha autoridad, la que deberá informar sobre su aceptación y cumplimiento, según establece la ley de la CNDH.

“Que otra persona no viva el infierno que me ha tocado vivir”.

Durante los últimos dos años, la persona agraviada ha sostenido una lucha en contra del ayuntamiento de Minatitlán, con la cual ha logrado un cambio al reglamento de profilaxis.

“Yo lo único que quería era trabajar”, refiere la víctima, quien se las ha ingeniado para salir adelante debido a que las medidas que tomó el gobierno de aquella ciudad lo dejaron sin empleo, pues le negaron la oportunidad de trabajar luego de que se divulgó que tenía VIH, pese a que logró obtener el permiso de las autoridades siempre y cuando no se dedicara al sexoservicio, pues su labor consistía en vender tíckets.

Desde el 7 de febrero que fue diagnosticado con el virus, su vida ha sido un infierno no sólo por la falta de trabajo, la discriminación de la que ha sido objeto y su estado de salud, sino por la forma en que ha sido ignorado por organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El 26 de junio del 2015, el Conapred resolvió que el quejoso no fue víctima de discriminación pues estableció que en el antro de vicio donde fue despedido se actuó conforme al reglamento de profilaxis vigente en Minatitlán.

Ante el panorama adverso, el ciudadano buscó el apoyo de la diputada local Mónica Robles Barajas, pero hasta la fecha su equipo de trabajo no ha podido conseguirle una entrevista con la legisladora del distrito de Coatzacoalcos.

También acudió con la diputada federal Rocío Nahle García, pero la ingeniero de profesión únicamente comentó el tema con el ex – alcalde y ahora diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Minatitlán, José Luis Sáenz Soto, quien le refirió que el problema era de la regidora de salud.

A su vez, el asunto llegó al gobierno minatitleco, el cual habría ofrecido un cargo en el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a cambio de retirar la queja ante la CEDH y guardar silencio tras la exhibida que le dio a las autoridades. “El ayuntamiento se ensañó porque los exhibí”, dice.

No hubo tal acuerdo y ahora el ayuntamiento sureño será demandado por la vía contenciosa administrativa para exigir la reparación del daño, pues han sido meses sin ingresos y las autoridades se negaron a indemnizarlo cuando lo solicitó.

Incluso, ha sido víctima de robo de documentación oficial relacionada con su caso ante las instancias de derechos humanos así como del hackeo de su correo electrónico.

Por su situación, ha sufrido depresión y desarrolló enfermedades como hipertensión, diabetes y hepatitis.

Afortunadamente, se encuentra en una condición de VIH indetectable y ha salido adelante mediante un tratamiento antiretroviral.

Durante los últimos meses, el responsable del área de Profilaxis de la Clínica de la Mujer, Adrián Ficachi Rosario, renunció a su cargo.

En tanto, la regidora Dulce Mariel Ruiz Sánchez ha argumentado en entrevistas con los medios de comunicación que no se puede ponderar el derecho laboral de una persona por encima del derecho colectivo a la salud.

La víctima, por su parte, busca recuperar su trabajo, la reparación del daño, pero sobre todo que los cambios al reglamento de profilaxis se concreten.

“Que otra persona no viva el infierno que me ha tocado vivir”, manifestó a este reportero a reserva de dar a conocer su identidad.