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Solicitan amparo 6 policías implicados en caso Tierra Blanca

En el caso del promovido por el exdelegado de SSP, Marco Conde no tiene sustento dado que no hay una confesión de por medio.

Xalapa, Ver. De los ocho elementos detenidos por el caso Tierra Blanca, seis solicitaron un amparo; en el caso del promovido por el exdelegado de SSP, Marcos Conde Hernández no tiene sustento dado que no hay una confesión de por medio.

El fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras afirmó en entrevista que cuatro son impulsados contra la formal prisión, aduciendo tortura y malos tratos, es decir, para que enfrenten en libertad el proceso que se les sigue.

“El número de amparos que yo tenía hasta hace unos días eran 6; habían dos iniciales cuando fueron detenidos, pero ya hay 4 que impulsan contra autos de formal prisión. No tengo idea de si en este lapso se han presentado otros, ya que nos esteramos hasta que nos emplazan como autoridad responsable”, expuso.

Agregó que los amparos son una estrategia de todo abogado, sin embargo insistió que el caso del delegado está de más.

“No tiene absolutamente ningún sentido porque él habla de que supuestamente lo presionan y lo torturan, cuando él niega haber participado. Entonces qué objeto hubiera tenido que los elementos que participaron en su detención lo hubieran presionado si no admite nada”, expuso el fiscal general.

Sin embargo, subrayó que toda la acusación que le hace el Ministerio Público en vías de consignación parte de pruebas distintas a su confesión, ya que en este caso la confesión es la prueba que tiene menor valía en la investigación.

“Uno, qué objeto tendría la tortura si no confesó; dos, está en su legítimo derecho de impulsar todas las acciones legales que tiendan a su defensa; y tres, es estrategia de muchos abogados que utilizan, pues ellos se van a hablar nada más de tortura , de malos tratos y ni siquiera defienden el fondo de un caso”, argumentó Bravo Contreras.

Sostuvo que en estos casos corresponde a los jueces de distrito calificar si hubo o no hubo un maltrato y a la FGE indagar, desde su competencia, si existió o si no existió el maltrato.

No obstante, el fiscal afirmó que el proceso confluye con transparencia al intervenir en la investigación la Gendarmería Nacional y en el tema pericial la policía científica de la Policía Federal.

“Es quien de hecho se hizo cargo de toda la experticia pericial que ha dado a las conclusiones y estamos a la espera de lo que resuelvan los peritos argentinos en sus dictámenes y evaluaciones”, observó el fiscal general.

Recordó que los amparos que se han tramitado a partir de febrero de 2014 se han concedido a algunos acusados, no obstante se han litigado por la FGE.

“Nosotros hemos interpuesto revisiones y hemos tenido victorias importantísimas como el amparo del caso de “Goyo” (Gregorio Jiménez de la Cruz); la banda de criminales que ya había obtenido uno, nosotros interpusimos un recurso de revisión y los tres magistrados de Coatzacoalcos por unanimidad nos dieron la rezón”, justificó el fiscal general.