Las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado realizaron en Tabasco el primer foro regional para la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas por parte de Particulares, con el fin de escuchar a colectivos que exigen la localización de familiares e incluir sus propuestas.

Hasta el estado vecino viajaron integrantes de diversos colectivos de familias con personas desaparecidas en Veracruz –entre ellos el Colectivo por la Paz Xalapa, el Colectivo Solecito Veracruz y Solecito Orizaba-.

Desde ahí, las familias con desaparecidos “hicieron los argumentos y propuestas necesarias para incidir en la ley de Desaparición Forzada y Desaparición de Personas por  parte de Particulares”.

Entre otros planteamientos pidieron  a los Senadores de la República que la ley en la materia considere la creación de una base de datos de víctimas de este delito y una fiscalía especializada autónoma que concentre los casos.

A través de un informe emitido por el Senado de la República, se dio a conocer que el viernes en Tabasco, los Senadores de la República, activistas y familiares de desaparecidos inauguraron las “Audiencias públicas regionales sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas”.

En el comunicado, se recordó que durante su intervención, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, recordó que no fue fácil reformar la Constitución Política para facultar al Congreso de la Unión a legislar en esta materia; se trató de un primer paso y ahora sigue elaborar una única ley que aplique en todo el país, mencionó.

En el encuentro,  dijo que es fundamental que el Estado “le cumpla a cada una de las familias” que han dado la lucha durante años en busca de sus seres queridos y crear una ley nacional que cambie la forma de actuar de las policías cuando se denuncia la desaparición de una persona.

“No podemos olvidar este pendiente que está como una marca en la piel de nuestro país; no podemos olvidar nunca que estamos frente a una situación que nunca debió haber pasado”, dijo la senadora.

En su intervención en el foro, el senador Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, mencionó que se trata de un problema mayor en el que cada una de las más de 27 mil personas desaparecidas en todo el país tienen la misma importancia, y en donde la gran mayoría de estos casos continúan en la impunidad.

Ante esta realidad, el Senado no puede ni debe ser omiso, por lo que se debe crear una legislación que establezca la distribución de competencias, la coordinación entre los tres niveles de gobierno, tipos penales bien definidos, así como un sistema nacional para la búsqueda de personas desparecidas, entre otras medidas.

Del mismo modo, el legislador del Grupo Parlamentario del PAN dijo que se necesita de una ley general que garantice los derechos de las personas desaparecidas y de sus familiares, como el de la verdad, la memoria y la continuación de la personalidad jurídica de los individuos en esta condición.

En tanto, la senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que este tipo de foros son trascendentales para escuchar a las víctimas, por lo que deben desarrollarse en un ambiente de apertura, diálogo y sin censura.

Lo anterior, precisó, para que los familiares de las víctimas, en las diversas regiones del país, puedan fortalecer el proyecto de ley con sus propuestas antes de que se presente ante el Pleno para su discusión.

Destacó la necesidad de crear un consejo nacional ciudadano, con el objetivo de que funcione como un foro de consulta en materia de búsqueda de personas desaparecidas, así como generar unidades especializadas que tengan contacto directo con la Procuraduría General de la República (PGR).

En su turno, Heidy Orozco, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, pidió a las autoridades mexicanas que los familiares de centroamericanos desparecidos en México sean escuchados y tomados en cuenta en la elaboración de la nueva ley, pues muchos migrantes se encuentran en esta condición en nuestro país.

Por último, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, dijo que en el caso de esta entidad se han registrado, de 2006 a 2016, 639 desapariciones, de las cuales se han podido “identificar” 574. Reconoció que en el país las investigaciones en esta materia son deficientes e inician tarde.

Por ello, destacó que su gobierno apoya decididamente la adopción de una ley general que establezca a nivel nacional los tipos penales únicos de desaparición forzada, por parte de particulares y por autoridades, estableciendo las sanciones y medidas que permitan proteger y garantizar los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.