Guadalupe Fuentes López

Ciudad de México (SinEmbargo).– El próximo año 12 estados renovarán gubernaturas, el priista Javier Duarte de Ochoa es uno de los que se va. Su administración en Veracruz estuvo marcada por la ola de violencia, pobreza y deuda, además de convertir al estado en el más riesgoso para el ejercicio periodístico, de acuerdo con estadísticas oficiales  y de organizaciones.

El pasado 23 de octubre, Araceli Salcedo Jiménez, madre de la joven Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, quien fue secuestrada el día 7 de septiembre de 2012, increpó a  Javier Duarte cuando realizaba una visita a Orizaba acompañado de su familia para filmar unos comerciales sobre la reciente declaración de Pueblo Mágico a ese municipio.

El hecho causó indignación entre la sociedad y organizaciones civiles porque el mandatario estatal continuó su camino cuando la mujer le pedía que la atendiera. En un video difundido por El Mundo de Orizaba, se observa el momento justo del suceso.

–No, señor Gobernador. No se escuda, sus fiscalías no sirven de nada, nos ayudan en nada, señor. Aquí está su pueblo mágico donde nos desaparecen a nuestros hijos y usted como si nada–, dijo la mujer.

El Gobernador se abrazó con uno de sus acompañantes y se adelantó a la enojada madre, mientras Duarte dibujaba una sonrisa en sus labios.

La mujer le vuelve a exigir que no se ría y le desea al mandatario que nunca pase por la desaparición de algún familiar.

Horas más tarde, la madre de la joven desaparecida dijo que Javier Duarte no se burló de ella, sino de su hija y de los miles de jóvenes desaparecidos. En una conferencia, la también activista narró que uno de los escoltas del Gobernador de Veracruz le jaló la fotografía de su hija y Duarte de Ochoa se escabulló por otro lado.

Por ello lo persiguió y le reclamó, “porque no me estaba ignorando a mí, estaba ignorando a mi hija que está desaparecida desde hace tres años con dos meses y días, estaba ignorando a los miles de desaparecidos, a los miles de jóvenes que nos están quitando, secuestrando y desapareciendo en nuestro país”, expuso la señora Araceli Salcedo.

Por la noche, el Gobernador Javier Duarte, a través de su cuenta de Twitter [@Javier_Duarte], ofreció una disculpa a Araceli Salcedo y anunció una reunión con ella.

Otro hecho ocurrió el pasado 2 de noviembre. Rodolfo Zapata Carrilla, litigante y empresario restaurantero fue asesinado, en unos meses se convirtió en activista para exigir seguridad en Coatzacoalcos, demandaba la cabeza de Arturo Bermúdez, Secretario de Seguridad Pública de la entidad, y murió convencido de que sería el único remedio a la violencia e injusticias.

ASESINATOS DE PERIODISTAS

De la larga lista de acusaciones contra la administración de Duarte de Ochoa destacan las agresiones contra periodistas, los encargados de informar la realidad que acontece en el estado han sido censurados por parte del gobierno estatal y por parte de la delincuencia han sido golpeados, amenazados y asesinados.

En un intento por aminorar este problema en la entidad veracruzana, el pasado 3 de noviembre, el Gobernador priista y representantes del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo para garantizar la seguridad de los periodistas en la entidad que ocupa el primer lugar en agresiones contra la prensa en el país.

Paradójicamente, en dicho evento agredieron a algunos de los periodistas que asistieron a la conferencia. De acuerdo con medios locales y con un video publicado por e-consulta en su canal de YouTube, un grupo de periodistas fue reprimido por trabajadores de Javier Duarte cuando pretendían realizar una protestas durante la firma del convenio.

En el video se aprecia el momento en el que los periodistas son empujados por varias personas para evitar que muestren sus pancartas con mensajes como: “¡es alerta!” y “¡alerta por crímenes en Veracruz!”.

Uno de los casos que provocó indignación social a nivel nacional fue el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, el pasado 31 de julio en la Ciudad de México. El reportero gráfico salió huyendo de Veracruz el 9 de junio por las amenazas de las que fue víctima.

A la lista de periodistas asesinados en la gestión de Javier Duarte se suma el caso de Moisés Sánchez Cerezo, quien el 2 de enero pasado fue sacado por un grupo armado de su casa y apareció muerto 23 días después en el municipio de Medellín de Bravo. Testigos y evidencias que señalan al ahora Alcalde desaforado y prófugo Omar Cruz Reyes, como el autor intelectual del homicidio.

Armando Saldaña Morales, de 53 años, periodista y locutor en las estaciones radiofónicas La Ke Buena y Radio Max, y colaborador en medios veracruzanos como El Mundo de Córdoba, El Sol de Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca, fue encontrado muerto el 4 de mayo en una zona limítrofe de Veracruz con Oaxaca.

De acuerdo con la organización Artículo 19, en 2014 Veracruz se ubicó, con 41 casos, entre las cinco entidades federativas con el mayor número de agresiones a periodistas. En el cuarto año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 14 reporteros han sido asesinados (la mayoría de estos casos están irresueltos), tres reporteros están desaparecidos en la entidad, una decena exiliados por amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados, golpeados u hostigados de forma anónima por ejercer el oficio.

FEMINICIDIOS Y DEUDA

En el recuento de daños que va dejando Duarte en su administración se le suman los feminicidios. Diversas organizaciones revelaron que en los primeros seis meses del año 50 mujeres fueron asesinadas en Veracruz.

Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, dijo que “el gobierno estatal ha politizado la alerta de género en exceso, hay una tendencia a mirarlo como un golpeteo al estado, como un reproche, como lo peor que le puede pasar políticamente”.

En tanto, Araceli González Saavedra, de la organización Equifonía que trabaja por el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las Mujeres, mencionó que la mayor parte de los 50 homicidios, fueron contabilizados a través de recuentos periodísticos, sin embargo la Fiscalía del estado no ha realizado ningún conteo pues sería evidenciar a la administración de Duarte de Ochoa por no poder garantizar en lo mínimo la seguridad de sus ciudadanas.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2012 y 2013 más de 9 mil 15 mujeres ingresaron a un hospital por heridas y golpes relacionados con violencia de género, de las cuales mil 71 fallecieron, sin embargo, la Fiscalía de Veracruz sólo registró 175 casos, de estos sólo 87 fueron investigados.

Para despedir a Javier Duarte, el Congreso local aprobó la contratación de deuda por más de 21 mil millones de pesos. La aprobación de los recursos tiene como fin pagar la deuda del estado para lo que se destinaron 15 mil millones de pesos, otros 5 mil millones pesos para el mismo fin y para “inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto rezago social” se permitió un endeudamiento de hasta mil 700 millones de pesos.

La administración del Gobernador Javier Duarte de Ochoa es investigada por el probable daño o perjuicio a la Federación, luego que se hallaran irregularidades multimillonarias en la cuenta pública de Veracruz. Se habla de miles de millones de pesos que pudieron haber sido desviados; no obstante, pueden pasar años para que este caso sea resuelto y se sepa de cuánto fue el desfalco, debido a los procedimientos administrativos.

Con información de Sin Embargo http://ow.ly/UnZwk