Xalapa, Ver.- La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Cristina Ledezma, reconoció que se puede fincar responsabilidad tanto al alcalde de Calcahualco y a la titular de la Secretaría de Protección Civil, ante el más reciente deslave de un cerro que cobró la vida de seis  personas,  si es que no alertaron a la población del riesgo que corrían ante las lluvias.

Recordó que la ex titular de SPC, ahora diputada federal Noemí Guzmán, implementó una estrategia para vincular a las autoridades municipales con el estado, para poder determinar con tiempo, en base al plan municipal de PC, las zonas susceptibles de deslaves, pero al renunciar al cargo, desconoce si se consolidó el proyecto.

“Desconozco si se hizo, tendríamos que checar si se notificó a los ayuntamientos, cómo lo hicieron –vía telefónica, escritos o alertas-“, insistió.

Y es que dijo que la dependencia estatal tendría que haber emitido un alertamiento a los municipios de los riesgos que implicaba el frente frio número 1, especialmente en zonas susceptibles de deslaves.

Cuestionada sobre qué se hace cuando se presume de la integración de los atlas de riesgo  municipal y estatal, que tienen identificados los puntos vulnerables en cada demarcación, y siguen ocurriendo accidentes fatales que cobra las vida de las personas, mencionó que se tiene que revisar si se están cumpliendo con los planes municipales de PC.

-          ¿Se podría investigar a la Secretaria de Protección Civil (por omisión)?

- “Si claro, y ella tendría que demostrar que se ha estado haciendo el trabajo y determinar si el municipio hizo lo que le corresponde”-, dijo.

Son dos responsabilidades distintas, explicó,  pues la Secretaría de Protección Civil tiene la facultad de supervisar en cualquier momento el avance que tiene en el Altas de Riesgo y si ha supervisado que los municipios cumplan con sus obligaciones.

Además se tendría que revisar si Calcahualco tiene un plan de protección civil, tendrían que ver si alertó de las zonas de deslaves a la población, si se instaló el consejo de protección civil, pues esas son obligaciones contenidas en la ley.

Reconoció que se puede sancionar hasta cárcel a quien incumpla sus funciones, además de que  se tendría que ver si los ciudadanos se resistieron a abandonar su vivienda. 

Avc