Xalapa, Ver.- El gobernador Javier Duarte de Ochoa propuso incrementar las sanciones económicas y penales a funcionarios públicos que acepten “mordidas”, y envió la iniciativa al Congreso Local.

La iniciativa del mandatario estatal busca modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y del Código Penal, y establece diez años de prisión y multas de hasta 700 días de salario mínimo a los funcionarios que lucren con el cargo que ostenta.

En su exposición de motivos expone que es imperativo erradicar las malas prácticas de aquellos individuos que se benefician abusando de sus cargos o comisiones, para allegarse de recursos a través de ingresos distintos a aquellos que les corresponden por su salario, lesionando el patrimonio de los veracruzanos, a quienes debemos servir.

“Se debe erradicar de manera profesional, valiente y contundente los delitos de cohecho, coacción y amenazas, así como la extorsión de algunos servidores públicos, en los espacios en que se presenta”.

Afirmó que el Gobierno del Estado condena la comúnmente conocida “mordida”, toda vez que Veracruz debe ser muestra de civismo, y nuestros servidores públicos en todos sus ámbitos tienen que estar a la altura de la demanda ciudadana, a la que nos debemos.

Por lo anterior, propuso establecer las siguientes sanciones: si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial, fuere inferior a cien veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde preste sus servicios el servidor público, la sanción por inhabilitación será de seis meses a tres años.

Si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial, fuere superior a cien veces el salario mínimo diario general vigente en la zona económica donde preste sus servicios el servidor público, pero inferior a mil veces el salario mínimo diario general vigente; la sanción por inhabilitación será de cuatro años a seis años.

Si el monto del lucro indebido o afectación patrimonial, excediere los salarios mínimos referidos en la presente fracción, la sanción será la inhabilitación hasta por diez años en el servicio público.

Las penas se duplicarán si la extorsión se comete por un servidor público, a quien se le sancionará además, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan, con destitución e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el dinero, dádiva o servicios de que se trate, sea inferior al equivalente de mil días de salario, se aplicará prisión de tres a siete años y multa hasta de cuatrocientos días de salario. Cuando el equivalente rebase los mil días de salario, la sanción será de cinco a diez años de prisión y multa hasta de setecientos días de salario.

También establece como una medida precautoria la separación temporal del cargo en lo que se hace la investigación en contra del funcionario señalado de corrupto y se resguardará la identidad de quien haya presentado la querella.

A tres meses de las denuncias públicas en contra del director del Instituto de Espacios Educativos, Pedro Montalvo quien presuntamente cobraba moches a constructores.

Avc