Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo y Oaxaca son las entidades peor evaluadas sobre la eficiencia en la administración de justicia y ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en caso de incumplimiento, informaron Moody’s y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

En un estudio sobre ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas correspondiente a 2013, el cual contó también con la participación del despacho Gaxiola Calvo y fue apoyado por la Asociación de Bancos de México (ABM), destaca que estas entidades tienen deficiencias en la ejecución de sentencias legales, calidad de sus instituciones, duración de sus procedimientos mercantiles, suficiencia y aplicación eficiente de recursos humanos y materiales en el ámbito legal, entre otros.

En contraste, los estados mejor calificados fueron Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Nuevo León.

Según Moody’s, con esta evaluación se busca proporcionar información tanto a las autoridades estatales como a abogados, acreedores e inversionistas sobre la capacidad de cada entidad para resolver disputas legales y hacer cumplir sentencias en contratos hipotecarios y mercantiles.

En opinión del presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, el aumento de costos que tiene la ejecución de sentencias y procesos legales puede reflejarse en los próximos dos años en el valor del crédito que se otorgue en las entidades con mayores problemas para ejecutar las sentencias en juicios mercantiles y de hipotecas.

“Lo que hacemos es que no prestamos en la misma intensidad en algunos estados que en otros. Eso también ya es un castigo contundente en esos estados”, dijo.

En el documento destaca el caso del Distrito Federal, que ocupa el lugar 26 dentro del listado de entidades federativas, ya que la eficiencia de la ejecución de las resoluciones judiciales se percibe como la más débil del país al no contar con apoyo de la fuerza pública.

“Hay cierta influencia del Ejecutivo local en el desempeño de la función judicial y una baja eficiencia del ministerio público”, dice Moody’s.

En ese sentido, la baja calificación del Distrito Federal contrasta con el elevado presupuesto con que cuenta el Poder Judicial en su administración y los sueldos de los jueces. En ambos rubros la ciudad de México se encuentra en los rangos más altos comparados con otras entidades.

En el caso de Veracruz, el estado peor evaluado en la materia, destaca la baja puntuación en la calidad de sus instituciones, así como en la ejecución de sentencias.

La ABM recordó que aún no han sido creados los tribunales especializados para el cobro de garantías que se especificó en la reforma financiera, con lo cual tanto las instituciones financieras como la Secretaría de Hacienda esperan que en breve se avance en este tema.

El estudio se realizó a partir de 80 mil registros de juicios hipotecarios efectuados entre 2006 y 2012 por los siete bancos de mayor presencia en el país y por 325 cuestionarios entre litigantes en materia mercantil.

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