Veracruz, Ver.- (AVC) La presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, Minerva Cobos Lucero, consideró que resulta indispensable la construcción de un centro de readaptación social en el distrito judicial de Veracruz para que ahí sean recluidos los responsables de la comisión de un delito.

La entrevistada indicó que el traslado de un imputado a un reclusorio ubicado en otro distrito judicial implica una doble pena, ya que se le priva de su libertad pero además de que se imposibilita que sea visitado por sus familiares, dificultades que no existirían si la ciudad de Veracruz contara con un cereso.

“Insisto que es indispensable, por supuesto, para el imputado, para el reo, porque una cosa es ser privado de su libertad, con lo cual está cumpliendo una pena privatiza de la libertad, pero también es doble pena que lo priven del derecho de ver a su familia que por falta de recursos no pueden ir a verlo a donde se encuentre”, apuntó.

Además, la abogada dijo que la falta de un penal en la ciudad de Veracruz afecta también a la víctima, pues se debe trasladar al cereso a donde el detenido o procesado fue trasladado, lo cual implica desembolsar recursos que en ocasiones carece.

“También afecta a la víctima, porque no tiene las asesorías que se tienen que otorgar por el Centro Estatal de Atención a Víctimas, que no está cumpliendo con su función, no sabe a dónde tiene que ir, no sabe qué tiene que hacer y, en ese sentido, también se afecta a la víctima, que tiene que trasladarse al lugar a donde se lleve al procesado o al detenido”, insistió.

Además, Minerva Cobos Lucero refirió que los testigos de un caso desisten de trasladarse hasta el centro de readaptación social donde se recluyó al responsable de la comisión de un delito, lo cual también influye en el proceso al no desahogarse pruebas necesarias.

La presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz recordó que se han dado casos donde los responsables de un delito han quedado libres al no realizarse las diligencias precisamente porque las víctimas y los testigos no se pueden trasladar hasta el distrito judicial donde se consignó el expediente respectivo.

“Hay un desánimo por parte de la víctima de estar acudiendo a otro lugar que no conoce, gastos con recursos que no tiene y, por supuesto, también se afecta a los abogados porque tanto la víctima como los familiares del procesado no cuentan con los recursos para contratar un abogado de esta ciudad, que tiene que trasladarse y que además de honorarios va a cobrar viáticos”, finalizó.