Xalapa, Ver.- (AVC) Organizaciones de defensa a los derechos de los niños exigieron abrogar la actual Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el estado de Veracruz, aprobada en 2008, y construir una nueva ley estatal de protección que garantice realmente sus derechos.

En conferencia de prensa, seis colectivos pidieron al Gobierno del Estado y al Congreso estatal, abrir el debate de la nueva ley a las organizaciones y ciudadanía, pues la actual normatividad (Ley 299) es letra muerta, ya que solo está en papel, pero en la realidad ni siquiera tiene un reglamento ni tampoco presupuesto para su aplicabilidad.

En el marco de la armonización legislativa de la Ley General de los Derechos a Niñas, Niños y Adolescentes, publicada por el gobierno federal en diciembre del año pasado, urgieron a la creación de una nueva normatividad en Veracruz.

En voz de Luis Barqueda, de Odisea, AC; Arturo Narváez, de Matraca; Eduardo Cervantes, de Auge AC, y Alberto Osegueda, de Cesem AC, además de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la Alianza por la Infancia y sus Familias en Veracruz (Aifam), solicitaron un sistema estatal de protección integral que promueva políticas que respondan a las problemáticas reales.

Eduardo Cervantes, de Auge AC, dijo que mucho de lo que está escrito en la Ley no se aplica, pues no tiene presupuesto para su aplicabilidad, “no hay mecanismos que hagan viaje el aterrizaje de estos artículos a nivel estatal o municipal, y aunque es una ley de vanguardia, no se aplica”, agregó.

Por su parte, Luis Barqueda, de Odisea AC, dijo que es necesario tener un instrumento jurídico “con dientes”, que realmente funcione.

En opinión de Arturo Narváez, del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle AC (Matraca), a la actual ley se le quitaron los mecanismos de aplicabilidad y no tiene reglamento que la haga efectiva.

Afirmó que la propuesta es que en la nueva ley es básico no solo abrir el debate a expertos, organizaciones y sociedad civil para discutir la iniciativa, pero también el reglamento: “Como podemos hacer el balance del 2008 de cuál ha sido el cumplimiento, sino tenemos referencias e indicadores definidas de a que instituciones le tocaba la responsabilidad de cumplir”.

Veracruz de los estados con mayor atraso en la protección de derechos a menores

Alberto Osegueda, de Cesem AC, señaló que los números son muy claros: “La infancia en Veracruz, está viviendo un ambiente de falta de protección a sus derechos y de violencia sistemática”

Veracruz está entre los seis primero lugares en atraso al garantizar el derecho de la infancia de acuerdo al semáforo municipal de la organización.

Como ejemplo señaló: “En protección de derechos ocupa el número 26, en salud es el 27, en educación y desarrollo social también es el 26, en acceso a tecnologías de información igual, quiere decir que no hemos tenido un instrumento legal que nos dé la posibilidad de hacer efectivos los derechos, y ahí está la realidad y los número, por eso es urgente comenzar una nueva etapa”.

Necesaria una Procuraduría de Protección a la Infancia con autonomía y dientes

Entre las propuestas que los colectivos proponen para la nueva ley estatal se encuentra la incorporación a la Constitución del estado, los principios de la convención de los derechos de los niños, pues en la norma ni siquiera aparece la palabra niño en ninguno de los artículos.

Exigieron garantizar un presupuesto adecuado para la operación de la ley estatal y el funcionamiento del sistema estatal de protección integral, para lo cual consideraron que el gobierno estatal debe autorizar por lo menos un porcentaje del seis por ciento del presupuesto para este rubro.

También pidieron garantizar una procuraduría de protección integral a nivel estatal con capacidad de restituir derechos, “se requiere una procuraduría autónoma, e independiente del DIF, con capacidad de garantizar una efectiva protección”.

Afirmaron que un gran porcentaje de la infancia veracruzana padece discriminación de género, origen étnico y condición migratoria, además de que muchos no tienen acceso a la educación ni a la salud, son víctimas de explotación laboral o sexual, por lo que es urgente diseñar sistemas de protección especial para estos sectores.