Xalapa, Ver.- (AVC) En el año 2013, el gobierno del estado dejo de ejercer el 70 por ciento de los recursos que se destinaron a seguridad pública, por lo que no cumplieron con las metas y objetivos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP).

Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el estado recibió para ese ejercicio fiscal, 365 millones 413 mil 200 pesos y dejo de aplicar 348 millones 613 mil 600 pesos, lo cual considerado daño patrimonial, por lo que tendrán que reintegrar los fondos a la federación.

En el año 2013, después del depósito de la federación, el estado transfirió fondos a una tercera cuenta por 278 millones 780 mil pesos, por lo que para junio del 2014 el monto del Fondo era de 403 mil 200 pesos de saldo en la cuenta bancaria, integrados por 6 mil 700 pesos de rendimientos financieros, y por 396 mil 500 pesos de recursos del FASP, monto del que se desprende el daño patrimonial.

Lo observado

Entre las principales observaciones realizadas por la ASF, destaca que la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno efectuó pagos por 86 millones 236 mil 200 pesos a proveedores de bienes y servicios adquiridos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013, de los cuales sólo se identificaron comprobantes de los pagos por 29 millones 826 mil 300 pesos y de la diferencia de 56 millones ,409 mil pesos no se identificó a qué facturas, detalles de órdenes de pago y solicitud de comprobación de recursos se aplicaron los pagos, por lo que son considerados daño patrimonial.

Adicionalmente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó al 31 de julio de 2013 al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 186 millones 702 mil pesos de recursos ejercidos con el FASP 2013; sin embargo, la documentación comprobatoria del gasto tiene registrados 187 millones 522 mil pesos, por lo que no reportaron 820 mil pesos de superávit.

Se constató que la Procuraduría General de Justicia, pagó un millón 34 mil pesos, de los cuales 849 mil 600 pesos corresponden a recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2013, para impartir el curso denominado “Programa Integral de Capacitación de las Unidades Especializadas en el Combate al Secuestro (UECS)”; sin embargo, no se contó con la validación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Por lo que es considerado daño patrimonial y se tendrá que reintegrar con todo y los intereses generados.

Además la PGJ asignó un contrato por 14 millones 175 mil pesos para la compra de bienes informáticos, el cual, debió adjudicarse por el proceso de Licitación Pública Nacional (LPN); sin embargo, se asignó de manera directa.

Sumado a esa irregularidad, a la fecha de la auditoría no había recibido notificación de bienes por 5 millones 665 mil pesos, a pesar de que la fecha límite de entrega era marzo del 2014, y no se aplicó la fianza por un millón 417 mil pesos,

Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de los bienes fue el 26 de marzo de 2014. Asimismo, no se aplicó la fianza de cumplimiento del contrato por 1,417.6 miles de pesos, por lo anterior, se considera como perjuicio de las arcas federales el mal manejo de más de 7 millones de pesos.

En una inspección física practicada en el almacén de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave a los bienes informáticos adquiridos para el Programa con Prioridad Nacional Nuevo Sistema de Justicia Penal que fueron entregados por el proveedor, por 8 millones 510 mil pesos, se observaron bienes en desuso por cinco millones 470 mil pesos, monto calificado como daño patrimonial y se inició un proceso administrativo sancionador.

Con la auditoria se corroboró que no se han adquirido los inhibidores de señal de penales del estado de Veracruz, pues la Sefiplan no liberó el pago, a pesar de que hay un convenio entre la SSP y un particular, sumado a otras irregularidades.

El dictamen establece que: “La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 365,413.2 miles de pesos, que representó el 100.0%, de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2013, la entidad federativa no había ejercido el 70.8% de los recursos transferidos y al 31 de julio de 2014, aún no se ejercía el 0.1% por un importe de 403.2 miles de pesos, el cual está pendiente de aclarar, monto que incluye 6.7 miles de pesos de rendimientos financieros”.

Por lo que se determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 348 millones 613 mil pesos, que representa el 95.4% de la muestra auditada

Al no aplicarse los recursos, la ASF determinó que sólo se había alcanzado el 22.6% de las metas programadas, y que en 2013 el número de delitos cometidos por cada 1000 habitantes fue de 9.1.

Sumado a lo anterior, los municipios incluidos al Subsemun deberán solventar el manejo de mil 597 millones de pesos que fueron entregados para reforzar las acciones en demarcaciones con mayor índice de la comisión de delitos.