Jorge Escalante/ Reforma

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) son acusados de tejer una red de corrupción que incluye extorsión a familiares de centroamericanos y venta de marihuana en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz.

Testimonios de personal y de migrantes que se encuentran en ese sitio señalan al director comisario Horacio Alcocer y al agente Alberto Bravo como parte de la red.

Rosa, una hondureña que llegó en febrero a solicitar asilo, relató que junto con su familia fue recluida en la estación migratoria de Acayucan.

Ahí, agentes le pidieron información sobre familiares radicados en Honduras y Estados Unidos. Ella proporcionó los datos pensando que era parte de los requisitos para lograr el asilo, pero no ocurrió así.

Con esa información, trataron de extorsionar a sus familiares.

Una cuñada de Rosa señaló, en entrevista telefónica desde EU, que constantemente le hablaban por teléfono para pedirle 40 mil pesos, que supuestamente serían entregados a la mujer centroamericana.

Nunca aportó el dinero, pero comentó que una vez le hablaron asegurando que Rosa estaba por cruzar la frontera con Estados Unidos y requería el dinero; como tampoco accedió, su familiar fue víctima de violencia psicológica en el interior de la estación migratoria.

"Una agente me dijo que a mi hija (de 15 años de edad) la iba a secuestrar, que la iban a matar si no daba el dinero, nos dejaron sin comida y cuando proporcionaban los alimentos estaban echados a perder; dormimos en el piso, hay una plaga de piojos y sarna porque los centroamericanos no son atendidos médicamente", comentó.

Además, el mismo personal denuncia abusos sexuales y venta de marihuana por parte de otros agentes.

Durante cinco meses Rosa ha permanecido en la estación migratoria.

Debido al acoso y a las amenazas de muerte, solicitó ser deportada, pero el trámite también camina lento.

Cansada del trato pidió presentar una denuncia ante la PGR en contra de Alcocer Rangel y Bravo Jiménez, a quienes identificó como los que se encargan de extorsionar a las familias de migrantes que son detenidos y mantenidos por meses en la estación migratoria.

El miércoles 23 le informaron que la trasladarían a presentar su denuncia penal, pero la engañaron.

Agentes la sacaron de la estación migratoria supuestamente para llevarla a la subdelegación de la PGR en Acayucan, pero la condujeron a otro lugar donde la amenazaron de muerte y le advirtieron que si denunciaba el caso su hija de 15 años de edad pagaría las consecuencias.