• Seguridad

Consignan a esposo de "La Zorrita" por asesinarla

  • Juan Eduardo Flores Mateos
La boxeadora María de Jesús Altamirano Pérez fue ultimada en su domicilio de Nuevo Veracruz.

Veracruz, Ver.- Por diversas contradicciones en sus declaraciones fue consignado José Hilario Ibarra Alarcón al Juzgado de Primera Instancia, por presunto delito de feminicidio, al ser el sospechoso número uno del asesinato de su esposa, la boxeadora María de Jesús Altamirano Pérez “La Zorrita”, de 29 años.

Este hombre de 34 años, al ser interrogado, aseguró que fue el robo lo que ocasionó la muerte de su esposa, encontrada sin vida en la cama de su habitación, y además, la herida profunda con arma blanca que él sufrió en el cuello.

Luego de las investigaciones llevadas a cabo por la Agente Sexta del Ministerio Público, por la reconstrucción de los hechos ayer por la mañana y del vencimiento de las 48 horas que marca ley, se pudo determinar la probable responsabilidad en el delito de feminicidio por parte de José Hilario Ibarra Alarcón, hechos ocurridos el pasado día martes  a las nueve de la noche en el fraccionamiento Nuevo Veracruz.

Además los antecedentes de violencia intrafamiliar con su pareja y de problemas de adicciones por parte del hoy detenido, levantaron sospechas en la fiscalía quienes mantuvieron con vigilancia en el hospital a Ibarra Alarcón, hospitalizado por una herida en el cuello presuntamente provocada por los sujetos que habían entrado a robar a su domicilio.

En sus primeras declaraciones el detenido había informado que se trataba de un robo, perpetrado por tres sujetos a quienes él abrió la puerta, sorprendiéndolo para robarles todo y escapar en uno de los automóviles de la pareja.

Agentes investigadores de la AVI y el MP encontraron los elementos probatorios suficientes para determinar la presunta responsabilidad del detenido, quien al vencimiento de las 48 horas, fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia en turno, por el delito de feminicidio.

El delito que fue tipificado en el año 2011, dentro del Código Penal, de Procedimientos Penales, así como la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, puede alcanzar una pena de entre 40 a 70 años de prisión.