Más de la mitad de los centros de reinserción social del estado de Veracruz sufren sobrepoblación, factor que ha provocado hacinamiento, motines y contagios de covid-19 en esta pandemia.

De acuerdo con el Cuaderno de Información Estadística Penitenciara Nacional, nueve de los 17 centros penitenciarios en el estado de Veracruz se encuentran sobrepoblados.

El documento publicado en agosto de 2020 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indica que el Centro de Reinserción Social (Cereso) Poza Rica es el más saturado.

 

 

Originalmente, el Cereso ubicado en el municipio de Poza Rica está diseñado para albergar a 265 reclusos, sin embargo, los datos federales demuestran que la cárcel pozarricense cuenta con una sobrepoblación del 33.58 por ciento, que equivale a 89 espacios.

En segundo lugar, se encuentra el Cereso Jalacingo, con una sobrepoblación relativa del 24.31 por ciento (35 espacios).

Con base en cifras del reporte federal, el Centro de Reinserción Social de San Andrés Tuxtla es la tercera cárcel más saturada con un porcentaje de 23.33 puntos (77 espacios).

 

 

Las demás cárceles del estado de Veracruz que sufren sobrepoblación son: Cereso Misantla: 18.38 por ciento/43 espacios; Cereso Chicontepec: 17.78 por ciento/ocho espacios; Cereso Tantoyuca: 14.55 por ciento/35 espacios; Cereso Amatlán: 11.82 por ciento/119 espacios; Cereso Pánuco: 5.80 por ciento/cuatro espacios; y Cereso Xalapa Pacho Viejo: 2.06 por ciento/18 espacios.

En total, hay seis mil 456 personas privadas de la libertad en el sistema penitenciario del estado de Veracruz. Actualmente, sólo se encuentran disponibles 490 plazas de seis mil 946, para encarcelar a delincuentes sentenciados en la entidad.

 

Historial de motines en penales de Veracruz

El domingo 1 de abril de 2018 se registró un motín en el Centro de Reinserción Social del municipio de Amatlán. Los hechos sucedieron durante un operativo para trasladar a cuatro reos de alta peligrosidad a un penal federal de máxima seguridad.

Al ingresar al penal, conocido como "La Toma", elementos de Seguridad Pública fueron atacados y encerrados en un espacio sin salida por un grupo de reos.

 

 

Los reclusos prendieron fuego, por lo que siete policías perdieron la vida tras intoxicarse con el humo.

Seis de las víctimas pertenecían a la Policía Estatal y uno más era parte de la Policía Municipal de Orizaba.

De acuerdo con un comunicado del gobierno estatal, 15 policías más y siete reos resultaron heridos, dos de gravedad.

Actualmente, el penal de "La Toma" en Amatlán cuenta con una sobrepoblación del 11.82 por ciento, equivalente 119 espacios por encima de su capacidad.

Otro hecho ocurrió el 13 de abril de 2020, una riña entre reos del Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos movilizó a diversas corporaciones de seguridad pública.

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, Fuerza Civil y la Policía Estatal recibieron una alerta sobre un supuesto motín al interior del penal conocido como Duport Ostión.

Tras la alerta, al menos dos decenas de familiares de reclusos se colocaron la entrada del penal del municipio de Coatzacoalcos.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública, el presunto motín inició debido a una riña entre dos reclusos.

Hasta agosto de 2020, el Cereso de Coatzacoalcos aún tenía disponibles 299 espacios, es decir, el 18.32 por ciento de su capacidad.

 

Contagios de covid-19 en cárceles de Veracruz

Con base en datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han registrado 44 casos positivos de Covid-19 entre la población penitenciaria del estado de Veracruz.

Hasta el corte del 27 de octubre de 2020, la CNDH reportó que han muerto 28 personas recluidas en cárceles veracruzanas a causa de contagios de coronavirus.

 

Actualización del Monitoreo Nacional por #COVID_19 en centros penitenciarios al 27 de octubre de 2020:

2,663 casos confirmados
233 decesos
215 sospechosos pic.twitter.com/aXRTapMS3a

— CNDH en México (@CNDH) October 27, 2020

 

El estado de Veracruz se ubicó en el cuarto lugar nacional con más decesos debido a la dispersión del virus SARS-CoV-2 en centros penitenciarios.

Fue el 8 de junio de este año cuando la CNDH confirmó el primer brote de coronavirus en el Penal Federal de Villa Aldama.

Según la vigilancia hecha por la comisión, al corte de esa fecha había registro de cinco reclusos infectados y uno fallecido como consecuencia de un brote de Covid-19.

Días antes, el Secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, negó la existencia de reclusos infectados dentro del sistema penitenciario veracruzano.

Sin embargo, el gobierno veracruzano ya había sido advertido sobre que debía dar información de la población penitenciaria contagiada por el virus.

El 7 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que 15 reclusos de cárceles veracruzanas habían fallecido por coronavirus durante los últimos tres meses.

La subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, Sarahí Peña Galaviz, declaró entonces que se implementaron medidas preventivas en los Ceresos desde el inicio de la contingencia sanitaria.

Las autoridades instalaron módulos desinfectantes, dispensadores de gel antibacterial y entregaron material de limpieza en los centros penitenciarios.

También se implementó la toma de temperatura tres veces al día, suministro de caretas y cubrebocas, limpieza de dormitorios y aislamiento de casos sospechosos.

La sana distancia fue otra de las medidas que se pusieron en marcha, pese a que nueve cárceles veracruzanas rebasan el número de plazas disponibles para reclusos.

 

Zona conurbada con más de una década sin Cereso

El próximo 31 de diciembre, el décimo séptimo distrito judicial del estado de Veracruz cumplirá 11 años sin un penal.

Casi al término del año 2009, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán ordenó la reubicación de 960 reclusos del Penal Allende a otras cárceles de la entidad.

 

 

"Evitar una masacre" debido a la sobrepoblación de dicha cárcel fue la excusa que Herrera Beltrán utilizó para inhabilitar el penal, ubicado en una zona cuasi céntrica del puerto de Veracruz.

Sin embargo, otras versiones apuntan que la orden fue girada para que Mel Gibson pudiera usar las instalaciones del penal como locación para la película "Atrapen al gringo". El exgobernador lo negó.

 

 

Fue el mismo Fidel Herrera quien a inicios de 2010 anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en el municipio de Medellín de Bravo.

Con una inversión de 500 millones de pesos, el gobierno estatal prometió sustituir al ya entonces inhábil Penal de Allende.

La obra fue adjudicada de manera directa a la constructora Infraestructura Técnica S.A. de C.V., que recibió un adelanto de 179 millones de pesos para iniciar su construcción.

El proyecto que debía culminar en 18 meses terminó como una obra fantasma. En 2012, Javier Duarte de Ochoa anunció que el presupuesto para construir el penal de Medellín se incrementaría.

 

 

La inversión inicial de 500 millones de pesos pasó a 853 millones 899 mil 312 pesos, sin embargo, no se justificó el uso de los recursos.

A la fecha, las personas sentenciadas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo y en los municipios La Antigua, Tlalixcoyan y Alvarado son trasladados a penales de otras demarcaciones.

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que los sentenciados podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio.

Durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez-Marie, declaró que no había dinero para terminar la obra de construcción del penal de Medellín.

Barras y Colegios de Abogados han declarado su rechazo a la falta de voluntad de autoridades estatales para la construcción de un centro penitenciario en el distrito judicial de la conurbación, ya que lo anterior mantiene una sobrepoblación en cárceles de otros municipios, además de violar los derechos de los procesados y sentenciados.