Xalapa, Ver.-De acuerdo con activistas un juez federal ordenó la suspensión del decreto federal que levantó la veda en las cuencas de los ríos Actopan y La Antigua, en Veracruz; esto mientras continúa el juicio de amparo contra dicha medida, lo que significa un importante avance en su lucha por resguardar el vital líquido de megaproyectos en la entidad.

De acuerdo con un comunicado habitantes y usuarios de los ríos argumentaron que la Conagua y la Semarnat no garantizaron los derechos de acceso a la información pública y a la participación en asuntos públicos en relación con los derechos al agua y a un medio ambiente sano de las personas que pudieran ser afectadas por la medida.

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El amparo fue tramitado por habitantes de la entidad, con asesoría del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), quienes obtuvieron la suspensión de plano por parte de un Juez de Distrito.

Explicaron que el 18 de julio de 2018 fue interpuesta la citada demanda de amparo en contra de dicho Decreto y, en un primer momento, tal demanda fue desechada por el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el estado de Veracruz.

Posteriormente se interpuso un recurso de queja, que fue resuelto el 4 de octubre de 2018 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, ordenando que se admitiera la demanda de amparo.

Por acuerdo del día 16 de octubre, el Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el estado de Veracruz admitió a trámite la demanda de amparo, y ordenó la suspensión de plano del Decreto.

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En la suspensión decretada por el juez se ordena “que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, se suspendan los actos derivados del Decreto desde la fecha en que se presentó la demanda de amparo y no se lleven a cabo actos derivados del Decreto, mientras se resuelve el juicio de amparo”, según el comunicado firmado por distintas organizaciones que se oponen a esa medida.

Hay que recordar que los ambientalistas alertan que en tales cuencas se pretenden desarrollar proyectos que ponen en riesgo la calidad y disponibilidad del agua para satisfacer el derecho humano al vital líquido, como hidroeléctricas, agroindustriales y minería metálica.

El Juez argumentó que “con la implementación del decreto, las comunidades de quejosos corren el riesgo de que se puedan afectar sus derechos a gozar del mínimo vital que requieren y la región donde ellos habitan no sean objeto de manera arbitraria de un uso desmedido del agua, pues la eliminación de las vedas de casi trescientas cuencas hidrológicas en el país (que equivalen al cincuenta por ciento de lagos y ríos del país), significa que no habrá impedimentos para la extracción de aguas en estas cuencas”.

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