Ciudad de México. A casi un año y medio de que se denunció el desastre ecológico que presuntamente las empresas Maseca y Bachoco ocasionaron al verter sus desechos industriales en el arroyo Ocozuapa, la Procuraduría General de la República sigue sin actuar al respecto.

Mientras tanto, miles de pescadores veracruzanos y sus familias carecen de sustento para vivir, toda vez que con la contaminación de esos afluentes se les arrebató su fuente de empleo.

Así lo denunció el diputado federal del PAN, Enrique Cambranis Torres, quien recordó que tanto la Constitución Política, como la Ley General del Equilibrio y Protección al Ambiente, así como diversos tratados internacionales suscritos por el estado mexicano, reconocen que el equilibrio ecológico y la sustentabilidad ambiental son indispensables para la vida.

Indicó que la contaminación y el deterioro ambiental pueden ocasionar escenarios trágicos para localidades completas, sobre todo si esas localidades dependen del aprovechamiento de recursos naturales para desarrollar sus actividades económicas y subsistir.

“En esta situación se encuentran cooperativas de pobladores que se dedican a la pesca comercial en los municipios de Jaltipan, Texistepec y Cosoleacaque en el estado de Veracruz, ya que desde hace más de un año no pueden desarrollar sus actividades, puesto que la zona donde pescan, que incluye el Arroyo Ocozoapan, Estero Mozopan, Rio Chiquito y el Rio Coatzacoalcos, está seriamente contaminada, al grado de impedir la vida de la flora y fauna del lugar”, advirtió.

Recordó que el 12 de marzo de 2015 los pescadores se percataron de la contaminación de las aguas al detectar a una gran cantidad de peces muertos, por lo que procedieron a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades federales y locales.

Al día siguiente -13 de mayo- los representantes de las cooperativas de pescadores realizaron un recorrido con la participación de agentes y peritos de la PGR para determinar las afectaciones, detectando que “las empresas conocidas comercialmente como Maseca y Bachoco, se encontraban derramando sus desechos en el Arroyo Ocozuapa con descargas de sus alcantarillados”, dijo el legislador panista.

El diputado Cambranis Torres añadió que de comprobarse estos hechos, “estaríamos ante una presumible violación a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, misma que establece que “no podrán descargarse o infiltrarse en cualquier cuerpo o corriente de agua o en el suelo o subsuelo, aguas residuales que contengan contaminantes”.

Destacó que dicha ley advierte que se impondrá pena de hasta nueve años de prisión y hasta tres mil días multa al que ilícitamente cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

“No cabe duda de que los hechos denunciados configurarían actos que han producido, producen y producirán desequilibrio ecológico, daños al ambiente a los recursos naturales y daños a la población, por lo que es obligación de las autoridades determinar las sanciones a quienes resulten culpables y exigir la reparación del daño ambiental”, dijo.

Por ello, el diputado Enrique Cambranis presentará un punto de acuerdo en busca de que el Congreso de la Unión exhorte a la PGR a resolver la demanda presentada por cooperativas de pescadores de los municipios de Jaltipan, Texistepec y Cosoleacaque del Estado de Veracruz, en contra de las empresas Grupo Industrial Maseca (GIMSA) y Bachoco, S.A. de C.V, por la presumible contaminación, daño ambiental y daño a los recursos naturales que ocasionaron en el Arroyo Ocozoapan, Estero Mozopan, Rio Chiquito y Rio Coatzacoalcos, y en su caso, a establecer las sanciones correspondientes y la reparación del daño a las cooperativas afectadas.

También para que se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a implementar medidas de apoyo para los pescadores y cooperativas de los municipios afectados ante la contaminación de dichas aguas, lo que impide el desarrollo de las actividades pesqueras y agrícolas.