En el primer trimestre de este 2022, la Fiscalía General del Estado abrió 11 investigaciones por el delito de aborto en Veracruz; cuando el año pasado feministas y autoridades de Salud, señalaban como un logro la aprobación de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.

Activistas advierten que las autoridades no están informando bajo qué circunstancias se siguen iniciando procesos por dicho tipo penal y si involucran a terceros o a mujeres que tuvieron un aborto luego de los tres meses en que la Ley lo permite.

Arussi Unda, voz de la colectiva feminista Brujas del Mar, señaló que las autoridades en Veracruz se están quedando cortas en el acceso al derecho de elegir.

Por su parte, el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) afirmó que el delito ni siquiera existe ya en la entidad, aunque sin brindar más información sobre el tema y las estadísticas avaladas por organismos oficiales.

Al solicitar una postura a la Fiscalía General del Estado, se desestimó aclarar los datos aportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

MÁS PERSECUCIÓN

Aunque parezca una cifra baja, la realidad es que el número de carpetas de investigación abiertas por aborto en la Fiscalía General es alta en comparación con años anteriores, cuando estaba penalizado. Estas 11 investigaciones se han iniciado en apenas dos meses, pues en enero no hubo una sola indagatoria.

De acuerdo con el SESNSP, se iniciaron 7 investigaciones en febrero, mientras que para marzo se registraron 4.

Cabe recordar que la despenalización del aborto tuvo lugar en julio de 2021, cuando el Congreso del Estado realizó modificaciones al Código Penal de Veracruz.

Concretamente, se trata de la reforma de los artículos 149, 150, 151, 153 y 154; así como la derogación del 152 que castigaba con penas de seis meses a cuatro años de cárcel y multa de hasta 50 días de salario a quien interrumpiera su embarazo o participara en este acto.

Las modificaciones a la ley modernizan las causales del delito de aborto a partir de los tres meses (12 semanas) y los vuelven más específicos. Por ejemplo, se establece que el aborto será delito si se realiza en contra de la voluntad de la mujer embarazada.

De manera específica, el artículo 151 indica que el aborto forzado, es decir, quien interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de ella, en cualquier momento de la gestación, sí será un delito.

“En este caso, el delito de aborto forzado podrá ser sancionado en grado de tentativa, en los términos dispuestos por el presente Código. A quien hiciera abortar a una mujer sin su consentimiento se le impondrán prisión de tres a diez años y multa de hasta cien días de Unidad de Medida de Actualización. Si se empleare la violencia física o moral, las sanciones serán de seis a quince años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de Unidad de Medida de Actualización”, señala la modificación al Código.

A la fecha no se sabe si es esta última causal la que ha dado pie a la apertura de las carpetas de investigación, pues desde la despenalización del tipo, la Fiscalía ha continuado persiguiendo el delito ya derogado, abriendo 22 carpetas desde esa fecha.

De esta manera, en septiembre de 2021, dos meses después de la despenalización, se abrieron dos carpetas de investigación; para octubre fueron cinco investigaciones; en noviembre y diciembre se iniciaron cuatro indagatorias más, dos cada mes que, junto a 14 carpetas de enero a julio, acumularon 25 ese año.

Si las cifras se comparan a 2020, incluso había menos persecución, pues ese año el número de investigaciones fue de 22, tomando en cuenta que en enero y octubre no se registró un solo caso.

Este medio buscó a la FGE para que expusiera la razón del por qué se continúan abriendo carpetas de investigación.

También si estas tienen que ver con mujeres que excedieron el límite permitido, si se trata de personas que obligaron a las mujeres a proceder de esta manera, si fueron profesionales de la salud o parteras las que incurrieron en el tipo de aborto forzado o qué ocurre en estos casos. La petición no tuvo respuesta oficial.

De igual forma se buscó a María del Rocío Villafuerte encargada de despacho del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), quien afirmó no poder atender el tema. “Desde el planteamiento debemos ser puntuales porque si se maneja equívoco, imagínate las repercusiones”, señaló a manera de justificación.

Cabe recordar que el delito sigue vigente, aunque cambiaron los supuestos con la reciente reforma al Código.

EXIGEN TRANSPARENCIA

Arussi Unda, vocera de las Brujas del Mar, señala en entrevista que la posición de la autoridad es grave, puesto que se cruza con las carencias de los hospitales públicos de Veracruz para brindar el servicio de interrupción legal del embarazo.

Recordó que en su momento fue enfática al señalar lo serio que podría resultar que la despenalización del tipo penal fuera “atole con el dedo”, pues desde ese momento era notable que no se había aterrizado el papel de otras autoridades frente a la interrupción, como el caso de la Secretaría de Salud.

“No venía con un plan detrás de lo que va a pasar con los servicios de salud, cómo se van a implementar campañas educativas, que van de la mano también con un programa de acceso global de anticonceptivos, de educación sexual integral, es un todo no es como despenalizar el aborto y ya.

“Ahora estamos viendo que lamentablemente las preocupaciones se están materializando desde que haya mujeres presas por el delito de aborto en un estado que se supone que está despenalizado hasta que el IMSS o centro de salud ni siquiera estén informadas de las prácticas que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud”, criticó.

La activista insistió que, desde los cambios en el Código Penal, han observado que no hay personal capacitado en Veracruz no solo para interrumpir el embarazo, sino que tampoco hay acompañamiento psicológico o el otorgamiento de información sobre cómo prevenir embarazos futuros.

Criticó la pasividad del sector salud pues desde julio de 2021 no hay, en los medios tradicionales o en las redes sociales, información o campañas que denoten el alcance de la medida adoptada por el Congreso.

Recordó que a la fecha solo una clínica del servicio privado es la que está brindando el servicio en el puerto de Veracruz; sin embargo, ello “limita el acceso al derecho que se supone que fue alcanzado”, pues gran parte de las mujeres no tienen el dinero suficiente para pagar por una interrupción.

Esto se agrava, indicó, en las zonas o municipios donde no hay clínicas u hospitales de este tipo y la seguridad social pública tampoco se ha aplicado a dar a conocer el servicio que por ley tienen que brindar a las mujeres.

“Si mujeres como nosotras que estamos atentas a saber dónde se está brindando ese servicio no tenemos una información completa pues una mujer que no se dedica a esto o no está encima de esto es más difícil tener acceso a esa información que necesita”, lamentó.

Arussi Unda advirtió que buscarán que la autoridad investigadora transparente, sin que esto implique violentar el proceso, de qué van estas indagatorias en la Fiscalía General.

FP