Un discreto sacudimiento en la segunda semana de agosto pasado buscó atenuar una crisis en la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), a cargo de Carlos Romero Aranda, que removió a uno de sus cercanos acusado de extorsionar a una empresaria cuyas cuentas bancarias fueron congeladas.  

Se trata de Mauricio Joel Peña Pierre, quien se desempeñaba como subprocurador de Asuntos Financieros, relevado por Carlos Hernández Cordero en esa institución clave de la Secretaría de Hacienda, la cual había estrenado nuevo titular poco antes -el 16 de julio- en la persona de Rodolfo Ramírez de la O.

Hasta donde pudo conocer este espacio, la remoción de Peña Pierre no apagó este escándalo en ciernes en el que están implicados reconocidos despachos de abogados fiscalistas a los que se atribuye cercanía directa con el propio procurador Romero Aranda.

Hace más de siete meses, el 16 de febrero, María Rosa Llaca Colchado, empresaria de Hidalgo, denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México a Peña Pierre y a un grupo de abogados que lograron obtener de ella una extorsión inicial de dos millones de pesos, de un total de 28 millones que le reclamaron para desbloquear sus cuentas en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, y hacer que se diluyeran en la PFF acusaciones en su contra.

Además de Peña Pierre, en la denuncia figura Jesús Patiño Soto, quien había estado a cargo de los estados financieros de la señora Llaca por 30 años. Las indagatorias correspondientes han arrojado que Patiño y Peña son socios en el despacho Patiño Soto y Compañía, S.C. Patiño y otros dos litigantes mencionados, Sergio Bartolini Esparza y Óscar Cervantes Bolaños, se desempeñaron en este caso también como representantes del despacho internacional Legal & Global Economic Advisors (MXLEGA), del que Peña Pierre aparece como socio y vicepresidente para México y América Latina.

El ex funcionario de la PFF es igualmente socio del exprocurador fiscal de la Federación Juan José Paullada Figueroa (1999-2000), ratificado por el Senado en octubre de 2019, ya en el actual gobierno, como consejero independiente de Pemex por cinco años. Ambos aparecen como propietarios en el despacho Paullada, Guevara & Asociados.  Este despacho, se aseguró a este espacio, sostiene nexos con otro: Del Rey, Romero, Guevara, Nava y Asociados, en el que ha participado el actual titular de la Procuraduría.

Siempre de acuerdo con la denuncia, los imputados aseguraron a la empresaria extorsionada que los dos millones de pesos iniciales serían para reabrir las cuentas desde la UIF, y los pagos restantes evitarían órdenes de aprehensión en su contra y de su hijo, Fernando de la Peña Llaca, también empresario. La UIF denunció a ambos, entre otras personas físicas y morales, por ventas irregulares de inmuebles a la Universidad Autónoma de Hidalgo y al presidente de su patronato, Gerardo Sosa Castelán.

Tras entrar en sospechas, la familia Peña Llaca cambió de abogados. Los nuevos lograron confirmar ante autoridades financieras que las cuentas bloqueadas por la UIF conservan esa condición, y que unas copias del expediente del caso mostradas a la denunciante como muestra de la “influencia” por los anteriores abogados habrían sido obtenidas -según las marcas de archivo- en las instalaciones de la Procuraduría.

El procurador Romero Aranda ha cobrado notoriedad en los meses recientes por su justificado embate contra empresas factureras y de subcontratación u outsourcing. También se le mencionó por intentar el bloqueo de una sentencia de la Corte para regresar mil millones de pesos por impuestos cobrados indebidamente a una empresaria de las telecomunicaciones. Pero ahora deberá atender esta bomba legal y política que amenaza con dinamitar su trayectoria.

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