La muerte de Florencia, de 12 años, pasó prácticamente inadvertida para el grueso de la población en Veracruz. Ella fue apuñalada y sobrevivió al ataque, pero la mala atención médica que recibió tras los hechos le costó la vida.

Hubo protestas, pero no conmoción como ocurre con otros casos de mujeres asesinadas. El 11 de diciembre de 2018 indígenas caminaron descalzas hasta el Ayuntamiento de Zozocolco para exigir justicia para este crimen.

Desde entonces la Fiscalía veracruzana no ha dado con el responsable y en Zozocolco, como en otros municipios con población indígena, continúan registrándose casos de abusos y negligencia de la autoridad sanitaria.

Lucía Bautista Victorino, directora de la Casa de la Mujer Indígena en Papantla, dijo que en esta región rural año con año se van acumulando casos de menores abusados por padrastros, familiares y vecinos, tanto física como sexualmente.

La funcionaria agrega que, ya sea por el idioma, o por una actitud clasista en los sanatorios de municipios como Papantla, las indígenas agredidas generalmente no reciben atención médica a menos que lleguen apoyadas por una autoridad.

Florencia padeció este tipo de desigualdad después de que un hombre intentó abusar de ella sexualmente. La menor se resistió y su agresor la apuñaló en el vientre, causándole graves heridas internas.

Sus familiares buscaron atención médica para ella en Zozocolco, Papantla, Puebla y en Poza Rica, pero la menor no mejoró. Nadie notó que a Florencia la suturaron sin revisar sus lesiones internas, lo que terminó con su vida posiblemente a causa de una infección.

Por este caso, se presentó una queja y se abrió una investigación a los Servicios de Salud de Veracruz, a cargo de Roberto Ramos Alor y para la Universidad Veracruzana (UV) debido a la mala praxis médica que impidió que la niña pudiera librar la muerte.

ABUSAN DE INDÍGENAS

Han pasado casi tres años desde la muerte de Florencia, otro feminicidio perpetrado durante la administración actual, pero la situación violenta para las mujeres indígenas prevalece.

Tan solo este año se lleva registro de cinco casos de niñas de entre 11 y 13 años a las que se les da el acompañamiento tras padecer una violación sexual; en 2020, fueron al menos 300 casos de agresiones los que se atendieron, de donde salieron 15 abusos sexuales hacia mujeres de este sector de la población.

Pero el abuso se extiende a las instituciones, pues no es sino hasta que las víctimas llegan acompañadas de alguna otra institución, que ellas reciben atención. Si alguna llegase a solicitar por sí sola o con sus familiares el servicio no solo médico o de atención psicológica, es común que no les sea brindado.

“Las atienden siempre y cuando vayan acompañadas de alguna institución. Si van solas ya sea a Fiscalía o a hospitales, no les hacen caso, no las atienden y regresan a sus lugares de origen; deben ir acompañadas por una dependencia”, expone Bautista Victorino.

La negativa a brindar un acceso adecuado a la salud va más allá de los casos de abuso sexual. Cualquier enfermedad o padecimiento puede recibir la misma respuesta.

“Las discriminan a veces por su vestimenta o porque no hablan la lengua o tienen que venir con un familiar o alguien que les hable la lengua. O dicen que no hay médicos o los servicios que requieren”, agrega la directora de la Casa de la Mujer Indígena en entrevista.

Y del caso de Florencia, hace énfasis, no está detenido el aparente único responsable de los hechos, quien al no poder perpetrar el abuso sexual contra la niña optó por apuñalarla.

Lo anterior cuando la menor se dirigía a su casa tras salir de la escuela en la comunidad de Calicón, en Zozocolco: “es una persona que no logró conocer ni identificar. La agarró por la espalda y se la llevó al monte”, detalla.

Florencia, según testimonios de sus familiares, se defendió con todas sus fuerzas: “No abusaron de ella por lo mismo de que se defendió, y también por esto mismo fue donde la agredió, le ensartaron una navaja en su costilla”.

Y luego, el periplo.

“Recibió atención médica ahí en Zozocolco y es donde la atendieron y la cosieron, pero sin ahondar más en la herida. Cuando llegó aquí al hospital -de Papantla- venía ya suturada y ya no la revisaron”, lamenta Bautista Victorino.

A Florencia la dieron de alta asumiendo que había sido herida con un cuchillo y teniendo atención en una clínica de la Universidad Veracruzana era suficiente. Los hechos demostraron que no fue así.

“En el hospital dan un pésimo servicio, ya que no se le atendió de manera inmediata y no se le valoró más la herida y le dan de alta, mandándola a su lugar de origen.

Ya en su casa se les vuelve a poner más mal y la llevaron a clínicas de la sierra y fueron por Puebla para que la atendieran, pero por su gravedad no la pudieron recibir y otra vez regresan, se la llevaron a Poza Rica y es donde lamentablemente ya falleció”.

DOBLE INVISIBILIZACIÓN

Estela Casados González, investigadora de la Universidad Veracruzana, señaló que las mujeres que habitan las zonas indígenas de la entidad sufren una doble invisibilización y desatención no solo de la sociedad en su conjunto, sino particularmente de las autoridades.

Sostuvo que el impedimento al acceso al derecho a la salud que viven las nativas de estas regiones es un problema estructural, pues no solo se trata de casos de discriminación por su propia naturaleza o por la lengua, sino que intervienen diversos factores.

Indicó que, si bien se ha acreditado en el caso de Florencia la mala praxis de la Secretaría de Salud y de la propia Universidad Veracruzana, habrá otros casos donde se vean involucradas otras dependencias o instancias distintas a estas.

“Entonces el asunto es que el sistema de salud en México está colapsado; entonces si por ejemplo aquí en la capital del Estado o las ciudades principales de Veracruz la gente recibe un gran maltrato del servicio de salud, pues no es de extrañarse y sí de lamentarse que observemos este tipo de casos en las comunidades indígenas.

“Hay un racismo brutal, un desprecio a la vida de los pueblos originarios y concretamente de las mujeres, no importa las condiciones en las que lleguen, si fueron víctimas de violencia sexual, de agresión física”, acotó.

Agregó que a esto se suma que muchos hospitales no cuentan con los instrumentos para atender a las víctimas, lo que también es parte de la violencia estructural que termina con la vida de las mujeres.

Recordó que la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por feminicidios, indica claramente que 11 municipios con población de pueblos originarios deben ser atendidos de manera especial, garantizando el respeto pleno a sus derechos.

“Porque si para efectos de la población en general las declaratorias -de Alerta de Violencia de Género- no están teniendo el impacto que el gobierno federal mandata para bajar los índices de violencia contra las mujeres, en concreto para las mujeres indígenas es doblemente peligroso para sus vidas.

“Regularmente viven en localidades alejadas en donde no hay un andamiaje de seguridad del gobierno del estado que les permita sobrevivir; estos casos son los que nos evidencian este tipo de situaciones”, dijo.

La antropóloga, titular del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la UV, dijo que tan solo en los primeros cinco meses del año van cinco feminicidios, cuatro homicidios de mujeres y 14 indígenas desaparecidas, así como 26 más que han sufrido todo tipo de violencias.

Casados González dijo que al no darse la atención que se necesita ni indagar acerca de las causas que originan la violencia contra las féminas en las comunidades: “no sabemos qué está aconteciendo en las entrañas de los municipios; es terrible porque de repente se improvisa la atención y no debe ser así”, dijo.

Recordó que las propias declaratorias de violencia de género señalan claramente los ejes sobre los que el gobierno del estado debe trabajar no solo para atender casos como el de Florencia, sino actuar en el marco de la prevención, lo que no se está realizando.

Por ello, criticó que entonces se seguirá estancado en problemas que no valen la pena, como mantener una encargada de despacho en el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y con ello no tener una claridad sobre la atención a las mismas o, por otro lado, con una Fiscalía General que solo atiende a medias los casos de feminicidios, pues mientras estos van en incremento, los agresores que están pagando una condena son mínimos.

“Entonces solo es una serpiente que se muerde la cola y un caso sumamente lamentable”, acotó Estela Casados.

Cabe recordar que a la fecha Papantla es uno de los cien municipios donde se cometen más feminicidios por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con las estadísticas del Gobierno Federal.

“Veracruz llega hasta Poza Rica, ya de ahí te olvidas; de Papantla y toda la zona del Totonacapan se acordaban cuando había festival de Cumbre Tajín y ahora ya ni eso. Es un claro ejemplo del abandono tan grave que tienen los municipios indígenas”, agregó la académica.

El caso que indignó a las mujeres de Zozocolco está lejos de obtener justicia; este medio buscó en dos ocasiones a la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, pues en apariencia la dependencia a su cargo lleva la coadyuvancia como asesor jurídico de la víctima. No respondió a ninguna de las peticiones.

Además, se informó por parte de familiares que la investigación sobre la muerte de Florencia fue clasificada por la fiscalía general del Estado (FGE) como homicidio, por lo que los abogados de su padre exigen que se reclasifique a feminicidio.