258 días y concluyen los períodos de los gobiernos nacional y estatal, del PRIVERDE y del PANRD, ampliamente criticados por su pobre o nula efectividad, su costoso desorden financiero y sobre endeudamiento público; y además, por sus evidentes resultados negativos, pérdidas y retrocesos, en  torno a problemas o asuntos altamente prioritarios, como pobreza, hambre e inseguridad.

Gobernantes convertidos en centros y polos de atracción de inconformidades y protestas, del hartazgo social creciente; con frecuencia distinguidos también, por el uso y abuso de la fuerza, el autoritarismo y la arbitrariedad. Adictos a la manipulación y el entretenimiento, así como a la autopromoción y egocentrismo mediático.

Quien quiera oír que oiga. No a la represión como solución, Ni al ajusticiamiento voluntarioso y ocurrente. No a la justicia discrecional y a modo, en manos de influyentes, manipuladores y convenencieros.

¿Quiénes de los actuales ya están en el catálogo de conductas graves de corrupción?

Objetivo común: asegurar continuidad de la impunidad

Gobiernos justamente cuestionados, pendientes de su obligada rendición de cuentas y la inevitable evaluación popular.

Ampliamente conocidos, por su lamentable irresponsabilidad y su cuestionada forma de atender y resolver necesidades y problemas sociales. Uno de ellos, ubicado ya como urgente y prioritario: esto es, la presencia creciente y floreciente de las múltiples formas de corrupción, en todos los ámbitos de gobierno, organismos autónomos y poderes supuestamente independientes.

Hecho que ha dado lugar a inagotables declaraciones y discursos oficiales, que prometen enfrentar y resolver el problema, pero terminan en lo mismo: poco o nada efectivo. Incluso, para no variar determinan ampliar y crear instituciones, incrementando la inútil y costosa burocracia.

En demasiados casos, es notorio que la continuidad de la impunidad logra que aumenten casos y tamaño de los daños. Bien se sabe que los escándalos y la fama rebasan las fronteras, y que el desprestigio es ya de alcance mundial.

Sobresalen al respecto, preocupación y expresión en aumento, tanto ciudadana como social, de organizaciones civiles y empresariales; y desde luego, el trabajo informativo, de crítica y denuncia de comunicadores y medios, así como de académicos y profesionales involucrados en estas cuestiones públicas. Unos y otros, simple y sencillamente participan, como titulares, portadores y ejecutantes de libertades y derechos, que debe  garantizar y proteger  Estado y gobierno.

Así, puede asegurarse que, por la complejidad y tamaño de la ineficiencia y delincuencia gubernamental; y concretamente, por la extensión, generalización y alcances de la corrupción, es imprescindible abandonar pasividad y desinterés, individual y colectivo.

Una cosa es segura: si no se enfrenta y atiende, corrige y previene de inmediato (en todos sus frentes y expresiones), el problema no se va a resolver solo, empeorará.

De ahí que en muchos espacios, frentes sociales y, en particular, en ambientes de muchos académicos y profesionales, la posición inicial es de:

No sumisión, ni simulación, ni posposición del efectivo y oportuno combate a la corrupción y la ineficiencia gubernamental.

Distracción y entretenimiento. Complicidad y encubrimiento

No basta reconocer y declarar, sobre el creciente problema de podredumbre gubernamental, ni señalar o prometer que se va a atender.

No es suficiente reconocer y promover al respecto (incluso de buena intención), cursos, talleres, actividades y reuniones, públicas o limitadas.

No es necesario usar y hasta pretender acompañar, el respaldo de Universidades, centros de estudio y organizaciones de profesionales (nacionales y extranjeras), para hacer como que se hace; pero en realidad, seguir en más de lo mismo, y  no atender y enfrentar la corrupción gubernamental, o hacerlo mal y a destiempo.

Se sabe y padece, que lo importante, lo que puede y debe hacer funcionar a las instituciones sigue pendiente o convenencieramente bloqueado o atendido en una lentitud aberrante.

No es suficiente promover la difusión y hasta la capacitación del tema, cuando lo que sobresale y caracteriza la cuestión, es que tanto el sistema nacional anticorrupción, como el estatal están incompletos, desdentados, bloqueados y limitados. ¿Cómo es posible que ante un problema creciente y urgente, no se nombre de inmediato a los responsables? ¿Hasta cuándo la continuidad de la impunidad si se ajusticia, pero no se hace justicia, o ésta es selectiva, encubridora y convenenciera?

Gobernantes sin principios, usan y abusan del poder público para favorecer y favorecerse, dedicándose a enajenar, reprimir o contener a la opinión pública,  la organización y movilización social.

Inocultable efectividad de la impunidad. Oleada de denuncias, pero pocas en proceso legal y menos, mucho menos, con sentencia por comprobada culpabilidad.

Se amplían las fronteras conocidas de la corrupción, ante la abundancia de extorsiones y manipulaciones, tanto en tiempos, como en formas que alargan, complican o inhiben el proceso institucional; o a conveniencia, lo facilitan, concluyen y hasta dictan sentencia o solución favorable, según el grado de influencia y corrupción.

Extorsiones por especialistas en “ordeñar y apretar huesos”, en sacarle a los que saquearon, total “ladrón que roba a ladrón…”. Un mínimo esfuerzo para justificarse y adornarse. Buenos para escandalizar y obtener efímero prestigio popular.

Desde siempre, la clave de la unión de unos y otros, de intocables y reciclables, es la continuidad de la impunidad.

Cinco aspectos, para empezar

Exigencias simultáneas e imprescindibles, contra corrupción, cuando menos, son: permanente transparencia; actualizado acceso a la información; puntual rendición de cuentas; verdadera fiscalización; y obligada evaluación ciudadana y social.

Obligado insistir e insistir que ante condenables opacidad, desinformación y simulación oficial. Hay que preguntar: ¿De qué tamaño es el daño recibido y cuál es ya, el acumulado por el gobierno actual? ¿A cuánto asciende el total-total de deuda pública estatal y municipal? ¿Dónde están los miles de millones de pesos presupuestados y desaparecidos? ¿Y los resultados de la entrega recepción? ¿Cuántos despedidos y nuevos contratados van? ¿Renovar o autorizar más concesiones y privatizaciones, para beneficiar a quienes? ¿Cuál es el costo de la reestructuración de la deuda? ¿Es obligatorio sostener a funcionarios ineptos o mediocres con ofensivos supe sueldos y beneficios especiales?

En los hechos, corrupción e impunidad… crecen y se reproducen.

-Academico.IIESESUV @RafaelAriasH,Facebook:VeracruzHoydeRafaelAriasH