Por Estela Casados González

Se ha decretado la segunda Alerta de Violencia de Género en el estado de Veracruz. Con ello nuestra entidad se convierte en la única del país en esta vergonzosa situación.

Recordemos que el 23 de noviembre de 2016 se emitió la primera Alerta por feminicidio. La segunda tuvo lugar el pasado 13 de diciembre y fue por agravio comparado.

Reuniones van, declaraciones vienen. Lo cierto es que la vida y la seguridad de las veracruzanas peligra más conforme avanza 2017. Tan solo de enero a noviembre de este año, en promedio, 22 mujeres han sido asesinadas mensualmente en la entidad. Así las cosas.

Ya no digamos de aquellas que sufren violencia obstétrica, o a las que les ha sido vulnerado el derecho de interrumpir legalmente su embarazo por las causas que establece el código penal, o a las que se les ha negado la pastilla de emergencia porque “no hay” o porque “es pecaminoso utilizarla”. La educación sexual laica, científica y con respeto a los derechos humanos ha estado ausente.

Por otra parte, también es preocupante el número de desapariciones de mujeres y niñas. Aún no ha llegado 2018 y los medios de comunicación reportan casi 300 casos en lo que va del año.

Las agresiones también van en aumento: 740 veracruzanas fueron violentadas de enero a noviembre de este año.

A una semana de que concluya 2017, el balance en torno a los Derechos Humanos de las Mujeres es desolador. La actitud de las autoridades es de antología: sin tener la menor idea de lo que implica la declaratoria de una segunda alerta, la presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura y el presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso local, han hecho gala de sus prejuicios y de su nulo oficio para articular una argumentación sólida respecto al mecanismo federal.

Por su parte, el titular del poder ejecutivo ha tenido a bien dedicar escasa atención al tema de la segunda alerta; no sin antes normalizar la violencia feminicida en la capital del estado al no pronunciarse en torno al caso de Magaly Hernández, la última víctima encontrada en el Santuario de las Garzas, área natural protegida Reserva Ecológica-Molino de San Roque, lugar peligroso para la población en general y que para las mujeres representa muerte e impunidad.

En tanto, no hay especialistas en la temática que coordinen los trabajos en torno a las alertas decretadas en Veracruz.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), esa instancia impulsada y creada por organizaciones de la sociedad civil, hace más de un año que no ha sido capaz siquiera de administrar el desastre.

Esta semana se realizó el proceso para conformar la terna de la cual se elegirá a la próxima directora del IVM. Esto tuvo lugar en medio de las declaraciones de Ana Irene Muro, del Consejo Consultivo, y Mónica Robles, del Consejo Social. “Nos retiramos del proceso de selección de la nueva directora… no existen condiciones adecuadas de respeto hacia todas las consejeras así como la persistencia de anomalías en el proceso de selección, lo que nos impide avalar la terna que pudiera surgir esta semana”.

Esta situación nos deja con una enorme preocupación. Más allá de las saludables diferencias existentes, es grave la falta de oficio para implementar una metodología objetiva y sólida que garantice la elección de la veracruzana capaz de coordinar las acciones que garanticen el cumplimiento de las causales para la interrupción legal del embarazo, palear el incremento de los feminicidios y responder de manera estratégica y efectiva a las dos alertas de violencia de género.

Nunca antes había sido tan cuestionado el papel de los Consejos honorarios del IVM. Como siempre, la sociedad civil permanecerá vigilante para que no dejar caer una instancia cada vez más debilitada, ahora moribunda, que no ha sabido estar a la altura para atender los problemas estructurales y cotidianos de las mujeres que vivimos en Veracruz.