Sheyla Fuertes /

El Distrito Federal fue la primera entidad de nuestro país  en aprobar una Ley de Sociedades de Convivencia en el 2006, estableciendo derechos y obligaciones conjuntas con voluntad de permanencia y de ayuda mutua para parejas del mismo sexo. Actualmente sólo el DF y Quintana Roo reconocen el matrimonio igualitario, modificando sus Códigos Civiles.

Casos similares son Campeche, Coahuila, Colima y Jalisco que aprobaron iniciativas relacionadas con la unión o asociación legal de dos personas sin distinción de sexo.

En este 2014, los estados de Tlaxcala y Veracruz, también presentaron iniciativas al respecto. En Puebla ya lo han hecho en diversas ocasiones, sin respuesta favorable.

No hay que olvidar que las personas que integran la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Trasgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), tienen los mismos derechos que la ciudadanía heterosexual y el Estado tiene la obligación de respetarlos.

El pasado 20 de marzo, el Diputado del partido Movimiento Ciudadano, Cuauhtémoc Pola, presentó ante la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del estado de Veracruz, la iniciativa de Ley de Sociedad de Convivencia.

A partir de ese momento diversas voces se han manifestado a favor y en contra de la propuesta. Entre los primeros está la Logia de los Masones, quienes pidieron no manejar discursos de doble moral. Entre los opositores, las iglesias católica, así como evangélica.

Las preguntas que me surgen son: ¿realmente vivimos en un Estado laico? ¿Por qué el Congreso tendría que tomar en cuenta la opinión de los dirigentes de las iglesias mencionadas? ¿Es que tiene que sujetarse a sus intereses?

Un ejemplo de esto es Guillermo Trujillo, líder de la iglesia evangélica, quien desde hace muchos años solicita apoyos a los gobiernos estatal y municipal, ofreciendo a cambio el voto de su comunidad en los procesos electorales. Asegura que la única familia que debe existir es la tradicional, la de los “papás”, el hijo o hija, y nos preguntamos: ¿y las conformadas por las madres o padres solteros que viven con sus hijos e hijas? ¿Y las familias integradas por abuelitos y/o abuelitas que viven con sus nietos? ¿O la de quienes deciden compartir su vida con quien deseen? ¿Esas no son familias?  

Organismos y asociaciones comprometidas con los derechos humanos, analizaron el proyecto de Ley; y concluyeron que no obedece al mandato constitucional de otorgar los derechos humanos sin distingo.

Esta ley restringe los derechos humanos y civiles de las personas LGBTTTI y no es un instrumento jurídico que permita el ejercicio del derecho a la igualdad, sin discriminación alguna, tal como lo contempla el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el párrafo séptimo del artículo 4º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como los diversos tratados internacionales, suscritos y ratificados por el Estado mexicano.

Las organizaciones señalan que la iniciativa que presentó Cuahtémoc Pola, contiene importantes inconsistencias legales y pareciera que es producto del “corte y pega” que sus asesores hicieron de la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal y del Código Civil en el apartado referente al matrimonio. En todo caso, esto también evidenciaría la falta de conocimiento e interés sobre el tema.

Quienes integran estos organismos y asociaciones también manifestaron que es necesario reformar el artículo 75 del Código Civil de Veracruz y establecer el matrimonio igualitario, porque sería la única manera de garantizar los derechos civiles en esta materia para la población LGBTTTI, constituida por ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos para todas las personas en este país.

El pasado miércoles, en el círculo de diálogo e información sobre el tema, organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres de esta capital, integrantes de la sociedad civil explicaron los errores que presenta la iniciativa del proyecto de la Ley de Sociedad de Convivencia. Destacaron que sólo se contempla para personas del mismo sexo y deja fuera la posibilidad de que personas con otro tipo de vínculo que no sea el de pareja sentimental, puedan ser beneficiadas bajo el marco de esta Ley, (situación que sí sucede bajo la Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal). Además, es restrictiva a la conformación de una familia; se habla de las reglas de sociedad conyugal, pero no se modifica la figura del matrimonio y no les permiten la adopción.

Algunos legisladores aseguraron que no hay interés por aprobarla y mucho menos por realizar cambios al Código Civil. Lo que deben saber es que muchas personas de los distritos que encabezan están a favor de esta Ley, lamentablemente ellos sólo responden a los intereses de sus partidos y no a los de la ciudadanía.

En Xalapa los colectivos que alzaron la voz y proponen el matrimonio igualitario son Ruta Equidad, ECOSEX, FUNSIDA, Salud y Género, Colectivo Amarillo; y en Cotzacolacos, el Colectivo de Diversidad Sexual de Apoyo a la Comunidad Lésbico-gay. Asimismo, en la capital del estado se sumaron algunas académicas.

La mayoría de la población desconoce esta iniciativa, porque al poder Legislativo no le interesa difundirla, “la información es poder” y el contar con los conocimientos necesarios nos hace cuestionar, demandar.

Por eso es necesario que asistamos a partir del próximo 7 de mayo a los foros que se realizarán en el Congreso del Estado, para analizarla y proponer los cambios que se requieran, porque no se trata de aprobar por aprobar.

La sociedad civil debe hacer presencia, es nuestro deber informarnos y exigir los derechos humanos en igualdad para todas y todos.